Hace pocos meses, el diputado tampiqueño Pepe Schekaibán presentó una iniciativa enfocada en atender una necesidad de un grupo de la población que más limitaciones tiene para adquirir una vivienda.
La propuesta busca que los jóvenes tamaulipecos tengan la certeza de que las autoridades les garanticen el acceso a vivienda digna y a precios asequibles.
Pero en el Congreso, en donde las posiciones partidistas dominan la agenda y no siempre se separa la ideología de lo que es realmente favorable para los ciudadanos, la propuesta fue desechada por la mayoría morenista.
Por eso es que ayer, Pepe Schekaibán volvió a presentar la iniciativa para garantizar el acceso a la vivienda a jóvenes y personas con discapacidad.
Pepe es diputado por el distrito sur de Tampico, que ganó en las elecciones del año pasado. Tras de sí trae la experiencia de haber sido el artífice de mantener limpia e iluminada la ciudad con el programa «Tampico Brilla», que le dio reconocimientos internacionales al gobierno encabezado por Chucho Nader.
Ahora, como legislador, Schekaibán da seguimiento a este tema en distintas etapas de la actual Legislatura.
Su propuesta plantea actualizar las leyes de vivienda y de derechos de las personas con discapacidad, con el fin de facilitar el acceso a créditos y lotes con servicios básicos para quienes buscan construir un patrimonio.
Como lo dijo en la nueva presentación de la iniciativa, aunque se habla mucho de los jóvenes como el futuro, pero pocas veces se les dan herramientas para construirlo y precisamente , tener la garantía del acceso a viviendas dignas es una forma de hablar con hechos.
El proyecto del diputado panista busca que se reconozca en la ley el derecho de los jóvenes a una vivienda adecuada y que se generen mecanismos para hacer viable ese acceso.
El planteamiento incluye además adecuaciones para que más de 216 mil personas con discapacidad en Tamaulipas puedan acceder a créditos y subsidios de vivienda con las adaptaciones necesarias para su movilidad y seguridad.
La iniciativa de Pepe integra una visión de política pública que atiende a sectores con necesidades específicas.
Por donde se vea, es un intento de llevar al terreno legislativo una demanda social concreta.
Hacer los cambios legislativos necesarios para que los jóvenes y las personas con discapacidad tengan acceso a viviendas dignas y a precios justos, es un acto de justicia social.
Si los diputados de todas las fracciones deciden actuar con visión de largo plazo y responsabilidad, podrían aprobar la propuesta que beneficiará a miles de jóvenes de Tamaulipas. Si no, la iniciativa se irá de nuevo al cajón del olvido, tan solo por una cuestión de interés partidista.
Este activismo legislativo de Pepe Schekaibán confirma la presencia del PAN en el Congreso a través de propuestas que buscan resultados.
En el actual contexto de competencia política, su insistencia en temas de vivienda e inclusión muestra una forma de trabajo que privilegia el seguimiento y la gestión legislativa sobre la confrontación.
EL IETAM SANCIONA A MUÑOZ CANO
El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM ) resolvió por unanimidad que el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Manuel Muñoz Cano, incurrió en violencia política en contra de la diputada local Katalyna Méndez Cepeda.
El fallo lo obliga a pagar una multa, tomar cursos de reeducación y ser inscrito en los registros estatal y nacional de personas sancionadas por ejercer este tipo de conductas.
El caso se originó a principios de septiembre, durante un evento en Reynosa, donde Muñoz Cano se refirió a la legisladora como la “niña del Congreso”.
La expresión no gustó a la diputada de Morena, quien consideró esto como un acto que menoscaba su labor legislativa. Ella respondió públicamente en una sesión de la Diputación Permanente del Congreso y anunció que presentaría una denuncia ante el órgano electoral.
El IETAM validó la denuncia, acreditó la existencia de violencia política y dictó sanciones conforme a la normatividad vigente.
Además de la multa equivalente a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización, ordenó la inscripción de Muñoz Cano en el Registro Nacional y en el estatal de personas sancionadas, así como en el catálogo del propio Instituto Electoral.
Este tipo de resoluciones tienen efectos directos sobre los derechos político-electorales. De mantenerse firme el fallo en los tribunales, el dirigente del Partido Verde podría quedar inhabilitado para ser candidato en la elección de 2027, en cumplimiento del artículo 38, fracción VII, de la Constitución mexicana, que establece la suspensión del derecho a votar y ser votado para quienes hayan ejercido violencia política.
El caso adquiere relevancia por las sanciones y por la posición que ocupa Muñoz Cano dentro del partido Verde.
Se trata del dirigente estatal de una fuerza política aliada del oficialismo y que en su plataforma promueve el respeto y la no discriminación en la vida pública.
La resolución del IETAM representa, por tanto, un golpe a la congruencia interna del Verde Ecologista en Tamaulipas.
Hasta ahora, la dirigencia del partido no ha emitido una postura oficial sobre el asunto, pero el silencio también se extendió a su representación ante el propio Instituto Electoral, lo que deja sin defensa visible a quien encabeza la estructura estatal del PVEM.
En términos políticos, esa ausencia de respaldo refleja una estrategia de contención, en la que el partido prefiere dejar que el procedimiento siga su curso antes de involucrarse institucionalmente.
La resolución del IETAM puede convertirse en un precedente importante dentro del sistema electoral local.
Los órganos electorales han comenzado a aplicar con mayor rigor las disposiciones relacionadas con la violencia política y sus consecuencias, lo que implica un cambio en la manera de atender las conductas de quienes ejercen cargos partidistas o de representación popular.
Para el Partido Verde en Tamaulipas, el caso representa una prueba de coherencia interna y de control político.
La figura de su dirigente queda sujeta a la revisión de los tribunales y a la interpretación que estos hagan de la resolución emitida.
En cualquier escenario, el efecto inmediato es un desgaste en la dirigencia estatal y un mensaje claro de que las conductas sancionadas por los órganos electorales tienen repercusiones que trascienden el ámbito personal.
El proceso abierto contra Manuel Muñoz Cano pone en evidencia la necesidad de reforzar la disciplina partidista y el cumplimiento de las normas que rigen la vida pública.
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