Una política de seguridad orientada al debilitamiento de las acciones de los grupos criminales, así como el combate a delitos como el huachicol, han llevado a Tamaulipas a tener un balance positivo en la disminución de la violencia letal.
El estudio “Violencia y Pacificación estado por estado, proyecto del programa de seguridad de México Evalúa, da cuenta de cómo la violencia letal, definida como la suma de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y desapariciones, ha incrementado en 17 entidades del país.
Al sumar los delitos asociados a la violencia letal en el país, “los datos se alinean al contexto de inseguridad que reflejan, por un lado, la creciente percepción de inseguridad reportada por el Inegi y a los conflictos criminales reportados en fuentes abiertas”.
Esta aproximación ayuda a captar fenómenos de violencia oculta y subregistro, ademas de descubrir un alto número de víctimas en un reacomodo violento de los grupos criminales que luchan por el control territorial. Pero también de “políticas federales de debilitamiento operativo y la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos para desmantelar organizaciones criminales internacionales”.
En este contexto se evidencía que el proceso de pacificación no se ha consolidado territorialmente, luego que hay 17 estados muestran cifras preocupantes de violencia letal, tasas altas, al alza o ambos casos.
Se plantea que la reducción nacional de homicidios dolosos oculta realidades estatales de persistente conflictividad; en muchas de estas entidades, los incrementos coinciden con las tácticas de debilitamiento operativo contra el crimen organizado: detenciones, decomisos y despliegues federales.
Estas acciones cuando no llevan un acompañamiento institucional local, parecen provocar reacomodos violentos y disputas por el control de mercados ilícitos, apuntando a fragmentación criminal y una insuficiencia de la política de seguridad basada, exclusivamente, en el debilitamiento operativo del crimen organizado.
Los números en Tamaulipas señalan que la violencia letal por cada 100 mil habitantes es de 35.3 en 2025, esto es dos de cada diez víctimas letales, ubicando a la entidad en el lugar 18 del país. Al considerar una variación anual entre el periodo de enero a septiembre del 2024 y este año, la variación a la baja es del 19.6 por ciento, ubicando a la entidad en el lugar 24 del país. En los primeros nueve meses del año, se registraron 1,323 víctimas de delitos como homicidio doloso (168), homicidio culposo (548), feminicidio (21), otros delitos contra la vida (296) y personas desaparecidas (290).
Son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con información de la Fiscalía de justicia de Tamaulipas, integradas en carpetas de investigación y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas. México Evalúa presenta mes con mes un balance sobre la violencia letal a nivel estatal, balance que centra el foco de atención en la tasa de violencia letal por cada 100 mil habitantes.
Esta métrica se calcula con base en la sumatoria de víctimas de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida, y personas desaparecidas y no localizadas. Con dicho datos, se compara de manera simultánea, la magnitud actual de la violencia letal y su comportamiento a través del tiempo con los datos registrados en el mismo periodo del año anterior. La propuesta del estudio de México Evalúa es que las cifras oficiales de homicidio doloso no son completamente confiables, porque policías y fiscalías carecen de herramientas técnicas y capacidades institucionales para realizar un conteo exhaustivo y homogéneo de los asesinatos.
Mientras que el contexto político suele desincentivar la transparencia en el registro, afectando la calidad de los datos oficiales, y tampoco se descarta que algunas organizaciones criminales recurren a la desaparición de personas como mecanismo para encubrir la violencia letal y reducir su visibilidad estadística.
Se señala que lo anterior podría verse reflejado en el comportamiento anómalo de los datos asociados con la violencia letal en el país, en los que de 2018 a 2025 (eneroseptiembre), las víctimas de homicidio doloso registran una reducción del 27.2% a nivel nacional. Sin embargo, en el mismo periodo, las víctimas de otros delitos contra la vida y la integridad corporal incrementaron 118.2 por ciento y las personas desaparecidas y no localizadas, 112.9 por ciento. Aunuque las variaciones son diversas en el ámbito estatal, pero reflejan patrones similares en varias entidades.
Hay cuatro estados en balance muy negativo, con tasas altas y en constante crecimiento, estos son Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa y Guanajuato, que han recibido atención prioritaria por parte de la federación y los gobiernos locales, con énfasis en el debilitamiento operativo del crimen organizado. En estas entidades se libran disputas entre organizaciones criminales con amplios recursos humanos y materiales, incluso provenientes de otros estados, destacando particularmente Sinaloa, en donde los decomisos de armas, drogas, vehículos y detenciones son más frecuentes que en otras regiones.
En cambio, hay ocho estados en balance negativo con tasas a la baja, pero todavía altas, estos son Baja California, Colima, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas. Aquí “destacan los casos de Baja California y Sonora que han recibido la Operación Frontera Norte, abocada al debilitamiento operativo del crimen organizado, mediante detenciones de actores criminales, decomiso de armas, drogas y vehículos”.
Sin embargo, dichas acciones podrían crear incentivos para que organizaciones criminales busquen disputar el control de mercados ilícitos, provocando el incremento en la violencia letal. Se identifican cinco estados en balance regular, con tasas relativamente bajas, pero tendencias al alza; estos son Aguascalientes, CDMX, Durango, Hidalgo y Nayarit se implementan políticas públicas para debilitar operativamente al crimen organizado. Se incluyen la detención de líderes criminales, decomiso de drogas y armas, pero que generan reacomodos violentos dentro y entre organizaciones criminales, que buscan reposicionarse en mercados ilícitos como la extorsión, el robo de hidrocarburos o el narcomenudeo.
Aquí se identifica un patrón que sugiere que los decomisos y detenciones, sin acompañamiento institucional local, pueden exacerbar la competencia territorial. En contraparte, hay estados con balances positivos; 15 reportan una tasa baja con tendencia a la baja, con acciones orientadas al debilitamiento de organizaciones criminales (decomisos, detenciones y aseguramientos), pero también, en varios casos, estrategias endógenas de fortalecimiento institucional. Destacan Yucatán, Querétaro y Nuevo León, donde la profesionalización policial, los incentivos laborales y los esquemas de coordinación intergubernamental parecen haber contribuido a una mayor estabilidad. “A diferencia del noroeste, en estas entidades la violencia letal no se asocia con disputas territoriales de gran escala, sino con conflictos interpersonales o del ámbito local, lo que sugiere una relación positiva entre capacidad institucional y control del conflicto criminal”.
El estudio divide el país en dos grandes regiones; una predominantemente marcada por altos niveles de violencia letal, que se extiende a lo largo del noroeste y del corredor del Bajío. En estas zonas, las disputas interorganizacionales, el trasiego de drogas sintéticas y la extorsión comercial continúan siendo los principales detonantes de la violencia. El resto del país, en donde se reportan niveles bajos de violencia letal, coexisten intervenciones federales con políticas endógenas que, parece, propician conflictos criminales menos intensos y frecuentes.
Es el caso de Tamaulipas, donde existe cooperación insterinstitucional entre autoridades federales y estatales, que han logrado el debilitamiento de los grupos delictivos.
El porcentaje de datos absolutos de violencia letal por tipo de delito en el estado en los primeros nueve meses del año son del 0.9 por ciento en homicidio doloso, 4.0 por ciento en homicidio culposo. Del 4.1 por ciento en feminicidio por cada 100 mil mujeres, lo que ubica a este delito en el porcentaje más alto de la violencia letal, mientras que otros delitos contra la vida con el 2.3 pr ciento y de personas desaparecidas con el 2.6 por ciento, para un total del 2.3 por ciento en la suma de dichos delitos.
Así la entidad se ubica en el lugar 18 a nivel nacional en el número de víctimas letales, donde Guanajuato, Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua, concentran el 50 por ciento de las víctimas totales. El resultado es una tendencia positiva con una tasa inferior al promedio nacional en el año y una tendencia anual a la baja.
POR PERLA RESÉNDEZ
