La contaminación causada por SpaceX y sus lanzamientos ha puesto de manifiesto la amenaza constante que sufren los ecosistemas de Tamaulipas, en áreas sensibles como las costas y los sistemas lagunarios.
Apenas esta semana se dio a conocer que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) ordenó la suspensión de las actividades que Resolve Marine realizaba en Playa Bagdad, tras detectar que la empresa estadounidense operaba sin los permisos oficiales requeridos para trabajar en territorio mexicano.
La compañía había sido contratada por SpaceX para investigar y limpiar restos de basura espacial.
Jesús Elías Rodríguez, presidente del grupo ambientalista Conibio Global, informó que Resolve Marine fue contratada por la empresa de Elon Musk para evaluar el impacto ambiental de los desechos generados por los lanzamientos de la nave Starship, que llegan a las costas de Matamoros.
Ante la falta de autorizaciones, la Profepa detuvo a representantes de Resolve Marine e inició una investigación formal del caso.
Rodríguez destacó que Conibio Global ha registrado en repetidas ocasiones los daños causados por las operaciones de SpaceX. Según detalló, dos días después del más reciente lanzamiento de Starship —ocurrido el 13 de octubre—, fueron hallados dos delfines sin vida en la zona, además de fragmentos metálicos y un tanque identificados como restos de basura espacial.
El activista recordó que Conibio Global, en colaboración con especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), llevó a cabo labores de limpieza, documentación de evidencias y análisis de los animales marinos, bajo la supervisión de personal de la Profepa.
Este sería el segundo incidente en que SpaceX incumple con la normativa ambiental mexicana. A finales de julio, la Secretaría de Marina confirmó que una plataforma contratada por la empresa ingresó a aguas nacionales sin autorización para recuperar componentes del cohete Starship 8.
Desde la perspectiva de Conibio Global, la presencia de Resolve Marine «refleja el interés internacional por conocer los impactos que los lanzamientos espaciales podrían estar generando sobre la biodiversidad del Golfo de México».
La organización continúa localizando nuevos fragmentos de basura espacial con etiquetas y códigos identificables, los cuales serán reportados oficialmente a la Profepa.
Preparan en Altamira denuncias
En Altamira, autoridades municipales preparan la presentación de múltiples denuncias formales contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por las fugas de hidrocarburo que persisten en diversas colonias y ejidos de Altamira.
Las afectaciones, que alcanzan varios kilómetros de extensión, se deben a la falta de saneamiento de los terrenos por parte de la empresa paraestatal.
El director de Ecología y Medio Ambiente, Rubén Herver Zarate, informó sobre las acciones legales que se alistan.
“Estamos preparando una denuncia ante las instancias correspondientes como la ASEA, Profepa, incluso de ser necesario ante la Fiscalía para que el responsable en este caso Pemex se haga cargo de las afectaciones”.
El funcionario señaló que el rango de afectación en la colonia Unidos Avanzamos fue de cinco a seis kilómetros.
Agregó que la situación en el ejido Maclovio Herrera también es crítica. En ese lugar, un desperfecto en un ducto hizo que el hidrocarburo se fuera al fondo; después, con la lluvia, subió a la superficie.
Herver Zarate explicó que, a la fecha, personal de la paraestatal sigue en labores de recuperación.
«Estamos preparando la denuncia en contra de la paraestatal porque afectó algunas parcelas», puntualizó.
El director calificó la situación como alarmante y producto del descuido, “claro que es alarmante la situación que se está presentando y esto es un descuido que ha mostrado Pemex para sanear los terrenos afectados».
Cuidado con las tortugas
En mayo de este año, la Profepa ordenó frenar una obra que incluía la remoción de arena con maquinaria pesada en la Playa Miramar, lugar donde arriban tortugas marinas.
Inspectores de la Profepa acudieron al lugar referido y observaron indicios de arribazón de tortugas marinas, por lo que solicitaron la asistencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que corroboró que el arribo de tortugas había comenzado.
Por lo anterior y aunado a que no se presentó la autorización emitida por la Semarnat para realizar dicha actividad de remoción, se ordenó parar los trabajos y se aseguró la maquinaria.
Con cifras poco usuales de operativos, aseguramientos y clausuras, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha vivido uno de los arranques de sexenio más proactivos en sus 30 años de existencia.
Se ha planteado, señala su su titular, Mariana Boy, dejar de ser un simple aparato de inspectoría y convertirse en una verdadera instancia de procuración de justicia ambiental.
Y para ello, es indispensable pasar de la mera aplicación de multas a la reparación del daño ambiental.
Históricamente, comenta, la Profepa se ha dedicado a inspeccionar y, en caso de encontrar irregularidades, a aplicar multas.
Además de que los recursos obtenidos mediante esas multas no regresan al medio ambiente, plantea, es claro que no resuelven el problema de las afectaciones causadas.
«¿Qué medio ambiente vamos a defender después si no lo restituimos?», cuestiona.
«El centro de todo esto es la reparación del daño. A partir de ese momento podemos hablar de una verdadera justicia ambiental, a partir del momento en que buscamos, a través de las actuaciones de la Profepa, una restitución, en primer lugar ,de las condiciones ambientales afectadas, de los servicios ecosistémicos afectados, y por consiguiente una restitución de los derechos afectados».
Y existe ya un andamiaje jurídico, destaca, para avanzar en esa ruta.
La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, detalla, estableció el derecho al medio ambiente sano
«Existe la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Y ahí es donde se empieza a hablar por primera vez ya en términos legales de la obligación de reparar el daño para cualquier persona que lo afecte, que genere un daño al ambiente», añade.
Con base a ese andamiaje, insiste, la Profepa intenta poner en el centro de sus actuaciones el objetivo de buscar la reparación del daño.
Por ello, explica, creó un área de dictámenes técnicos, para contar con una valoración real del daño. «Estima, por ejemplo, cuántos árboles se derribaron, de qué especies son, qué servicios ecosistémicos brindan, si fue un cambio de uso de suelo ilegal también, si se perdió capacidad de infiltrar el agua, si se perdieron nutrientes del suelo», abunda.
«Estamos haciendo una valoración integral del daño ambiental, y a partir de eso empezamos a determinar nuestras multas y ordenamos la reparación».
No se trata, subraya, solo de recuperar árboles derribados, se trata de recuperar la función ecosistémica del sitio afectado.
«Además, estos dictámenes nos sirven también para el tema de las carpetas penales, las denuncias penales, nos permiten robustecer las carpetas de investigación y poder, efectivamente, empezar a generar consecuencias para los infractores y, en este caso, para los delincuentes», apunta.
Resurgimiento
En el primer año de esta administración, destaca Boy, la Profepa ha logrado incrementar su presencia, mejorar la coordinación con otras dependencias federales y locales y articular acciones con organizaciones civiles y comunidades.
«Me atrevería a decir que la Profepa está resurgiendo y empezamos a tener, otra vez, mucha presencia en el territorio», señala
«Y la verdad es que ahora estamos logrando una coordinación, para empezar entre todo el sector ambiental, pero también con entidades federativas y, sobre todo, con sociedad civil, con comunidades. Queremos volver a generar confianza en las comunidades, en la ciudadanía, que son quienes denuncian. Nuestro actor principal es el denunciante, que es el que se ve afectado en su derecho, en su medio ambiente».
Se han impuesto, indica, seis clausuras totales definitivas, que implican que las obras o actividades sancionadas no pueden ya reanudarse.
«Tenemos el caso de la mina Natividad, en Capulálpam, Oaxaca, en el que la clausura viene de una lucha y un reclamo histórico por parte de las comunidades. Llevan más de 10 años luchando en contra de esta mina, que no cuenta con permisos y autorizaciones y, además acabó prácticamente con los manantiales de las comunidades. Logramos finalmente hacer esta clausura total definitiva y la mina se tiene que ir de ahí, tiene que cerrar», detalla.
«Tenemos otro caso muy reciente, que es el de la granja porcícola de Santa María Chi, que también tiene detrás una lucha de muchos defensores ambientales pertenecientes a las comunidades, que llevan también cerca de 10 años luchando en contra de esta granja porcícola que tenía más de 35 mil cerdos y logramos hacer esta clausura total definitiva».
La lista incluye también a Simari, un sitio de manejo de residuos peligrosos en Hidalgo y rellenos sanitarios en Tlaxcala y Veracruz, por mal manejo, y el delfinario Dolphinaris Barceló en Quintana Roo, por maltrato animal.
En materia de reparación del daño, se ordenó en la Península de Yucatán la restitución de las condiciones ambientales en 450 hectáreas en la que se registró cambio de uso de suelo ilegal y en Michoacán el retiro de más de 6 mil plantas de aguacate.
«Creemos que con estas clausuras y con las reparaciones del daño que estamos ordenando y logrando estamos avanzando ahora sí con pasos muy sólidos hacia la justicia ambiental», subraya Boy.
De nunca acabar
La tala ilegal, considera la titular de la Profepa, debe ser enfrentada como una actividad de células delictivas, que es preciso desarticular.
«Ese es nuestro problema de raíz. Estas células delictivas se mueven de un lugar a otro y ponen un aserradero, lo clausuramos y se mueven a los dos días a otro sitio», indica.
«Hemos dado pasos muy firmes y sí hay un mensaje muy claro de que la autoridad está ahí presente en territorio y hay consecuencias, pero tenemos también que caminar en paralelo con esta estrategia, con las instancias de seguridad y con las fiscalías para desarticular estas células delictivas y que podamos entonces recuperar el tejido social en estas zonas».
Adelantó que el tema será abordado con el Gabinete de Seguridad.
«Tenemos en el País 122 zonas críticas forestales identificadas y de las cuales 13 se están atendiendo de manera prioritaria por la delicadeza de la situación. Y casi todas estas 13 zonas críticas forestales se ubican en áreas naturales protegidas. Tenemos ahí La Malinche, el Pico de Orizaba, la zona de la Mariposa Monarca, el Bosque de Agua», detalla.
«Continuamos con nuestros operativos, pero necesitamos trabajo de inteligencia y que haya consecuencias en las fiscalías. En tanto no tengamos consecuencias, la realidad es que no hay nada que inhiba o que desincentive que se sigan cometiendo estas conductas delictivas».
Por Staff
Expreso-La Razón
