Hace días, cuando el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) dio a conocer su fallo en torno a una queja presentada por la diputada local Katalyna Méndez en contra de Manuel Muñoz Cano, coordinador estatal del Partido Verde, sorprendió la rapidez con la que se emitió la sanción.
No porque haya sido exagerada o resultado de presiones para atender lo que es políticamente correcto, sino porque fue demasiado rápida en comparación con otros casos.
Uno, en particular, involucra también a personajes de ambos sexos de un partido político con registro nacional: el PRI.
El tema sale a relucir porque ayer, la exsecretaria general de ese partido en Tamaulipas, Mayra Ojeda Chávez, recordó que su caso sigue pendiente de ser ejecutado, pese a tener más de dos años con sentencia.
La violencia política en razón de género no debería ser un concepto sujeto a interpretación ni aplicarse según la fuerza del actor involucrado.
Lo que busca la legislación es proteger la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.
Sin embargo, en Tamaulipas, la práctica muestra una realidad donde parecen medirse las cosas con dos criterios distintos, dependiendo de quién sea el señalado.
Ese es el fondo del caso de Mayra Ojeda, quien denunció que el dirigente nacional de su partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, le negó asumir la presidencia estatal por prelación en diciembre de 2022.
En su denuncia, ella anotó que fue a causa de su embarazo y que, al impedirle ascender a la presidencia estatal del partido por prelación, bloqueó sus derechos políticos por una condición personal protegida por la ley y reconocida en México como una forma de violencia política de género.
Tras revisar los argumentos, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TEET) resolvió el expediente respectivo, determinó la existencia de violencia política, estableció responsabilidades y ordenó sanciones.
Entre ellas, la inscripción de “Alito” Moreno en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género y, aunque la sentencia se emitió hace meses, hoy sigue sin ejecutarse.
El caso permanece detenido en un espacio incierto donde ninguna autoridad electoral asume públicamente su responsabilidad para hacer cumplir la resolución.
Mientras tanto, como decía, en apenas unas semanas el IETAM sí actuó con firmeza y rapidez frente a una conducta de Manuel Muñoz Cano, dirigente estatal del Partido Verde, por haberse referido de forma despectiva a una diputada de Morena. Ahí hubo multa e inscripción inmediata como sancionado.
Claro que el lenguaje denigrante y estereotipado, si es que lo hay, también es violencia, y está en la ley sancionarlo.
El problema surge cuando se compara la velocidad de uno y otro proceso, pues mientras un comentario ofensivo fue suficiente para que el IETAM resolviera con oportunidad, en el caso del PRI no ha ocurrido lo mismo cuando se trata de acatar una resolución.
En ese contexto, a Muñoz Cano y a “Alito” Moreno se les mide con dos raseros diferentes, aunque también son autoridades distintas las que actuaron en cada caso.
Por eso mismo, es inevitable preguntarse por qué en un expediente hubo eficiencia institucional y en el otro no.
Ayer, Mayra Ojeda afirmó que, además del daño causado, su caso envía un mensaje que no puede normalizarse, pues si se permite que una mujer embarazada o madre pueda ver limitada su participación política dentro de su propio partido, incluso cuando tiene derecho estatutario, las cosas están muy mal.
El liderazgo nacional del PRI ha negado públicamente cualquier acto de discriminación, pero la resolución del tribunal está ahí y la falta de cumplimiento también.
Es claro que la resistencia a cumplir la resolución tiene que ver directamente con el peso político de quien hoy dirige al priismo nacional.
Para la sociedad en general, la señal es negativa, porque, mientras públicamente se insiste en que la paridad es prioridad democrática y que las instituciones están preparadas para defenderla sin titubeos, en los hechos, en este caso la ley parece detenerse.
La violencia política contra las mujeres no se combate con resoluciones sin consecuencias, sino con hechos.
Tampoco con discursos que presumen avances mientras las sentencias permanecen pendientes. O con una sobreprotección en aras de cumplir lo que es políticamente correcto.
La autoridad tiene la última palabra, pero el tiempo ya se agotó. Si este caso termina en la impunidad, habremos retrocedido más de lo que estamos dispuestos a admitir, porque, mientras a Muñoz Cano se le sancionó a una velocidad sorprendente, a “Alito” Moreno se le permite seguir impune.
EL CONGRESO ITINERANTE EN TAMPICO
Esta semana se tendrán en Tampico un par de sesiones del Congreso local, como parte de un ejercicio llamado Congreso Itinerante.
Todos los diputados, de ambos sexos, estarán en la zona para que los ciudadanos, los que puedan ingresar al recinto elegido, claro, conozcan la dinámica de trabajo que tienen en la sede de Ciudad Victoria.
Será interesante ver la participación de los legisladores y comprobar si realmente van a trabajar o solo posan para las fotos.
Si en los hechos, las tareas legislativas muestran poca productividad, será necesario que los ciudadanos evalúen el sentido de su voto en la siguiente elección local de 2027, porque en teoría, ahora los legisladores está cerca del “pueblo bueno y sabio “, como diría el compañero Andrés Manuel.
ESCOTILLA
Ayer, el gobierno municipal de Tampico presentó el programa de actividades del Festival Xantolo 2025, lo cual no parece extraño, porque el año pasado fue llamativo por su colorido y la variedad de eventos.
Lo que sí llamó la atención es que además de los funcionarios encargados de las áreas de Cultura y Educación, tuvieron un lugar relevante la directora de Desarrollo Económico, Nora Izaguirre y el Delegado de la Zona Norte, Alejandro Rubio de la Portilla.
Son dos de los colaboradores a quienes la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya les está dando buen espacio y oportunidades para proyectar su trabajo en sus respectivos cargos.
Por. Tomás Briones
abarloventotam@gmail.com
