TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Congreso de Tamaulipas aprobará un incremento a los castigos para quien agreda a maestras, maestros y personal educativo, un fenómeno que se ha incrementado en escuelas públicas y privadas.
La propuesta que plantea modificaciones a la Constitución Política estatal, al Código Penal de Tamaulipas y a la Ley de Educación, con el propósito de otorgar protección legal reforzada, medidas de prevención y penas más severas para quienes ataquen a docentes, será discutida hoy en las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Justicia y Educación.
De aprobarse, la reforma incorporaría un agravante penal específico. Cuando delitos como lesiones, amenazas, privación ilegal de la libertad, extorsión o difamación se cometan contra personal docente en el ejercicio de sus funciones, las penas se incrementarían hasta en una mitad más, tanto en su mínimo como en su máximo.
Esto quedaría asentado en la propuesta de adicionar el artículo 438 Ter al Código Penal estatal, lo que convertiría a Tamaulipas en una de las primeras entidades del país con un esquema de penalidad agravada para proteger a trabajadores de la educación.
La iniciativa, de acuerdo con su promovente la diputada de Morena, Blanca Anzaldúa, surge ante denuncias de acoso, presión de padres de familia, difamaciones en redes sociales, agresiones físicas y psicológicas, así como amenazas que han derivado en estrés laboral, afectaciones a la salud mental y renuncias de personal educativo.
En la Constitución de Tamaulipas, la propuesta incorpora un nuevo párrafo al artículo 138, para reconocer el derecho de maestras y maestros a la protección física, psicológica y moral, así como a mecanismos de defensa legal eficaces ante cualquier acto de violencia, discriminación o intimidación. También establece que las autoridades deberán implementar medidas preventivas, otorgar acompañamiento y garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.
En la Ley de Educación estatal, la reforma plantea cambios al artículo 74 para asegurar que, cuando el personal escolar denuncie delitos, cuente con procesos accesibles, confidenciales y libres de represalias. Asimismo, adiciona nuevas fracciones al artículo 78 con medidas que buscan dignificar la labor docente. Entre estas se encuentra garantizar la seguridad e integridad del personal educativo mediante protocolos de prevención, atención y protección; reconocer la importancia social del magisterio fortaleciendo su formación y condiciones laborales; así como sancionar administrativa y penalmente a quienes incurran en agresiones físicas, verbales o psicológicas contra docentes o personal de apoyo.
El tema cobró relevancia tras la agresión ocurrida en septiembre en el Cetis 78 de Altamira, donde el director del plantel, Julio César Barrón, fue golpeado brutalmente por un grupo de estudiantes durante una protesta escolar. La marcha, convocada inicialmente como una manifestación pacífica para denunciar presuntos casos de acoso y negligencia dentro del plantel, terminó en una turba que atacó al directivo ante decenas de estudiantes que grabaron los hechos con sus celulares. La escena —que obligó a suspender clases presenciales y trasladarlas temporalmente a modalidad virtual— expuso la falta de mecanismos efectivos de contención y atención de conflictos en los centros educativos.
La viralización del ataque desató indignación nacional y reabrió el debate sobre los límites de la protesta estudiantil, el manejo de conflictos escolares y la vulnerabilidad del personal educativo. Los videos muestran al director intentando calmar a los alumnos con las manos en alto mientras recibe gritos, empujones, golpes y patadas que lo derribaron en el patio del plantel. Aunque algunos estudiantes intentaron detener la agresión, esta continuó hasta que Barrón logró abandonar el recinto. En redes sociales, incluso entre los propios alumnos, surgieron mensajes reconociendo que “se habían pasado”, mientras se multiplicaban los cuestionamientos a la falta de control de la situación.
La Secretaría de Educación Pública federal emitió un pronunciamiento en el que informó que se implementaría una ruta de atención inmediata para garantizar la continuidad educativa y promover ambientes escolares seguros. Sin embargo, el comunicado se centró en la atención a denuncias de violencia contra estudiantes y en la investigación del personal directivo, sin hacer referencia explícita a la agresión contra el director. El incidente evidenció el vacío legal existente para proteger al personal docente y reforzó la urgencia de reformas como la presentada en el Congreso de Tamaulipas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia quienes están al frente de la educación.
Por. Staff
Expreso–La Razón
