CIUDAD VICTORIA, TAM.- La iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales presentada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados prevé la creación de un catálogo de delitos hídricos.
Entre ellos, el traslado de aguas nacionales con fines de lucro sin autorización o permiso de la autoridad competente y el desvío, alteración u obstrucción de causes, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales que genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes o de los ecosistemas vitales. En este caso, la pena de prisión se propone que sea de entre 2 y 10 años y una multa de entre 400 y 4 mil días.
Con una pena de 1 a 9 años se plantea que se castigue a quien modifique o altere instalaciones, equipos o dispositivos de medición de volúmenes de agua con la finalidad de simular un menor consumo. La pena sería de uno a nueve años de prisión.
También establece sanciones para prácticas de corrupción relacionadas con el otorgamiento de concesiones de agua. Fija de 2 a 12 años de prisión y de 400 a 4 mil días multa para “la persona servidora pública que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos (…) para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a cambio de un beneficio no comprendido en su remuneración”. Para “quien solicite concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos (.) mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas a la persona servidora pública facultada para autorizar dichos trámites”, la pena prevista es de 1 a 10 años de prisión y de 300 a 3 mil días multa. Recientemente, en Tamaulipas se ha intentado combatir el robo de agua y el abuso con las concesiones entregadas durante las últimas décadas.
Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, explicó que, tras concluir una etapa de inspección y clausura de tomas ilegales en la cuenca del río GuayalejoTamesí, ahora se trasladarán a la zona centro del estado, donde los niveles del río Soto la Marina han aumentado significativamente tras las lluvias registradas en 2024 y 2025.
Durante la fuerte sequía que afectó a Tamaulipas entre 2023 y mediados de 2024, la Secretaría de Recursos Hidráulicos detectó decenas de tomas clandestinas a lo largo de los principales ríos del estado (entre ellos el Guayalejo, el Purificación y el propio Soto la Marina), lo que agravó la escasez de agua en comunidades rurales y sistemas municipales. De acuerdo con reportes oficiales, en la cuenca del río Guayalejo-Tamesí fueron clausuradas cerca de 100 tomas ilegales en mayo de 2024, durante recorridos que abarcaron más de 180 kilómetros con apoyo de la Guardia Nacional.
En otra inspección, realizada en junio de 2025, las autoridades detectaron 15 usuarios irregulares adicionales, principalmente vinculados a actividades agrícolas.
El titular de la dependencia estatal subrayó que, aunque la abundancia actual de agua en algunos cauces es positiva, representa también un riesgo de sobreexplotación si no se mantiene el control y la vigilancia sobre las extracciones. Por ello, los operativos en el río Soto la Marina incluyen no solo la clausura de tomas, sino la verificación de concesiones de uso agrícola, ganadero y doméstico, para asegurar un manejo responsable del recurso.
Entre los principales desafíos de esta estrategia se encuentran la lentitud administrativa en la regularización de concesiones, la falta de mantenimiento en infraestructura de monitoreo y la necesidad de concientizar a los usuarios sobre el impacto de las extracciones ilegales.
La Secretaría de Recursos Hidráulicos anunció que las acciones de vigilancia continuarán en las cuencas del río Purificación y del río Corona, además del Soto la Marina, mediante un convenio de colaboración con Conagua que refuerza la autoridad conjunta en campo. Luis Carlos Alatorre, titular del Organismo de Cuenca de Río Bravo, de la Conagua acusó que Administraciones anteriores otorgaron concesiones de más, de modo que la reasignación del volumen sobrante permitiría garantizar “el derecho humano al agua” a través de un esquema legal más estricto, al restringir que los campesinos negocien el recurso entre sí o con los industriales. “En el sector agrícola hay grandes usuarios, pero anteriormente podían ceder (concesiones) a la industria; entonces, si un usuario tiene 600 mil metros cúbicos y dice que quiere ceder 200 mil, es una declaración fehaciente y concreta de que no ocupa ese volumen”, respondió Alatorre en rueda de prensa
“¿Quién tiene la rectoría de decir si eso pasa o no? Conagua, no entre particulares, porque hay otros usos para el medioambiente que requiere resarcir el sobreconcesionamiento que se ha hecho en décadas pasadas”. Agregó que durante el 2022 y el 2023, en medio de la sequía que padeció Nuevo León, la Conagua operó un esquema similar en el que se solicitaba a los productores que cedieran el volumen que no estaban usando, lo que ahora buscan convertir en una política pública federal. Aunque la alerta por la posible centralización excesiva de la Conagua de decisiones sobre este tema la dio el Consejo Nacional Agropecuario, la International Water Foundation, el Consejo Consultivo del Agua y Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Alatorre minimizó las preocupaciones al calificarlas como “comentocracia” proveniente de las redes sociales.
INTENSO DEBATE
El proyecto de reforma no está exenta de críticas, y de hecho ha iniciado un intenso debate, pues sus críticos aseguran que pondría en riesgo la autosuficiencia agroalimentaria de México al condicionar la renovación de concesiones hídricas a un criterio de disponibilidad, que quedaría a discreción de la Conagua, y prohibiendo la transferencia de concesiones de un productor a otro. El nuevo marco jurídico también restaría facultades a los Organismos de Cuenca, de modo que aquel que busque una concesión para el riego tendría que ir directamente con la Conagua a nivel federal. Especialistas del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la International Water Foundation (IWF) el Consejo Consultivo del Agua (CCA) y Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) denunciaron que la Conagua está por convertirse en el “Tlatoani del agua”, de entrar en vigor la iniciativa original. “Si no tenemos garantía para que puedan renovar las concesiones, nos vamos a ir metiendo un balazo en el pie, nos vamos a enfrentar a una situación grotesca y dantesca; tengamos cuidado de llegar a esas proporciones”, alertó José Eduardo Mestre, consejero ejecutivo senior de la IWF, en el panel “Comité de Crisis #35” de AgroEducación Jorge Luis López, vicepresidente de Asuntos Hidráulicos del CNA, detalló que según la Ley propuesta la Conagua cancelaría o recortaría concesiones a agricultores que incumplan requisitos, con pocas restricciones u obligaciones estrictas de comprobar la utilidad de las medidas, como sí sucede con la normativa vigente.
“Se faculta a la Conagua para que disminuya o cancele tus derechos, pues aguas, porque así sin cortapisa, en la actual Ley, en todos los casos de rescate de volúmenes y extinción de concesiones se establece la obligación de una declaratoria de utilidad pública; es lo mínimo que podemos esperar en la nueva Ley”, sostuvo López. Las principales preocupaciones de la reforma son cuatro, refirió Raúl Rodríguez, presidente del CCA: la prohibición de la transmisión de títulos de concesión hídrica, la prohibición de los cambios en los títulos de concesión hídrica, la reducción de los plazos de solicitud de concesiones y el aumento a los requisitos para la renovación de concesiones.
“Podrían preocupar posibles vicios de inconstitucionalidad y discrecionalidad en algunos (de esos) conceptos, que será importante irlos precisando, está clarísimo”, añadió. Juan Carlos Anaya, director de GCMA, consideró que el mayor riesgo de la centralización excesiva de la Conagua sería que se termine criminalizando a los productores por infracciones administrativas menores con las concesiones hídricas para el riego de cultivos. “Es un riesgo al patrimonio la centralización excesiva que tendrá Conagua en las decisiones de la Federación y también las reasignaciones discrecionales del agua entre las cuencas”, señaló.
POR STAFF
