La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este miércoles uno de los litigios fiscales más relevantes de los últimos años y confirmó que Ricardo Salinas Pliego y sus empresas deberán pagar miles de millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al declarar improcedentes los recursos con los que el empresario buscaba frenar la ejecución de los créditos fiscales.
La decisión involucra siete juicios clave promovidos por Grupo Elektra y otras compañías del conglomerado, correspondientes a ejercicios fiscales de 2008 a 2013, en los que el SAT detectó el uso indebido de pérdidas fiscales para disminuir el pago del ISR. Con actualizaciones y recargos, el monto total supera los 50 mil millones de pesos, convirtiéndose en uno de los adeudos tributarios más grandes en la historia reciente.
Durante la sesión, la Corte determinó que los recursos de revisión de las empresas carecían de interés constitucional, por lo que los ministros desecharon las inconformidades sin entrar al análisis de fondo. Además, el tribunal impuso una multa a Salinas Pliego por intentar recusar a ministras del máximo tribunal, un mecanismo que calificaron como improcedente.
Con esta resolución, el SAT queda en posibilidad de iniciar la ejecución de cobros luego de años de litigio en tribunales federales. Permanecen abiertos únicamente dos asuntos menores —por alrededor de 700 millones de pesos— que no modifican el impacto principal de la sentencia conocida este miércoles.
El caso ha generado fuerte debate público. Desde hace meses, Salinas Pliego ha sostenido en redes sociales que los créditos fiscales son “ilegales” y políticamente motivados, mientras que el gobierno federal ha insistido en que se trata de un proceso basado en auditorías y en la obligación de que “todos paguen lo que corresponde”.
Con el fallo definitivo de la SCJN, el empresario y su grupo enfrentarán ahora el proceso de liquidación de los adeudos. La resolución también envía un mensaje contundente al sector privado: la Corte cerró la puerta a recursos extraordinarios para revisar créditos fiscales firmes y reafirmó el principio de que la legalidad tributaria se sostiene incluso frente a actores económicos de gran tamaño.
