CIUDAD VICTORIA, TAM.- El reciente señalamiento de 13 maestros en Tamaulipas por presuntos casos de acoso contra alumnos ha desatado un debate sobre los límites y vacíos legales en torno a la protección tanto de los estudiantes como de los propios docentes.
Así lo expresó Miguel Ángel Tovar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (ASEPAF), quien advirtió que muchos de estos casos se ventilan primero en redes sociales, sin que exista una denuncia formal ante la autoridad judicial.
Tovar explicó que, si bien algunos casos pueden tener fundamento, también existen denuncias derivadas de conflictos escolares o diferencias personales.
“En alguna ocasión, en un CBTis de Ciudad Victoria, se inventó el tema del acoso por un asunto de calificaciones. También recordemos el caso del CBTis de Altamira, donde un maestro provocó que alumnos agredieran al director. Aún no se clarifican las causas, pero hay situaciones en ambos sentidos: algunas falsas y otras reales”, señaló.
El dirigente lamentó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) carezca de facultades para sancionar directamente este tipo de conductas.
“Es una instancia administrativa, no judicial. Puede retirar temporalmente al maestro mientras se investiga, pero no tiene autoridad para emitir una sanción definitiva. La denuncia formal debe presentarse ante la Fiscalía, y ahí es donde deben presentarse pruebas contundentes”, puntualizó.
Respecto al papel del sindicato magisterial, Tovar precisó que su función es defender los derechos laborales de los docentes, pero no intervenir en procesos judiciales.
“Sin embargo, hay constancia de que en algunos casos el sindicato ha metido las manos en defensa de maestros señalados, incluso cuando existen pruebas periciales”, afirmó.
En cuanto a la prevención, el representante de ASEPAF reconoció que se trata de un problema complejo vinculado al deterioro del tejido social.
“Nos exigen a los maestros componer ese tejido, pero no nos dan hilo ni aguja. No se puede dejar toda la responsabilidad en la escuela; debe trabajarse desde casa y con apoyo institucional”, expresó.
Tovar subrayó que, ante cualquier acusación, el maestro queda expuesto al juicio público incluso antes de comprobarse su culpabilidad.
“Cuando se señala a un maestro que no ha hecho nada, su vida profesional y personal queda dañada para siempre. No hay amparo contra la moral”, lamentó.
Finalmente, insistió en que solo las denuncias con sustento judicial deben ser tomadas en cuenta.
“No se puede hablar de culpabilidad sin pruebas. Si no hay evidencia judicial o pericial, muchas veces huele a venganza o represalia por conflictos dentro del plantel”, advirtió.
El dirigente consideró que el tema requiere una revisión integral que involucre a maestros, padres de familia y autoridades educativas, con el fin de evitar tanto la impunidad en los casos reales como la injusticia hacia quienes resultan falsamente señalados.
Por Raúl López García
EXPRESO-LA RAZON
