Claudia Sheinbaum, la Presidenta de México, primera mujer en ocupar ese cargo, ha enfrentado durante el primer año de su ejercicio la mayor crisis de seguridad que se ha presentado en México en los últimos 50 años, y la etapa mas complicada de la relación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos ante la amenaza permanente de represalias económicas, como la aplicación de tarifas a la exportación de productos mexicanos si no se atienden los temas de inmigración ilegal y de tráfico ilegal de drogas, particularmente de fentanilo.
Ha sido criticada por la derecha opositora por conductas ajenas a su gobierno, consideradas como impropias, de representantes de su partido en las cámaras de diputados y senadores, o de colaboradores del anterior presidente. Los que la atacan, ignoran deliberadamente las acciones positivas de su gobierno y cuando la mencionan privilegian todos los temas negativos, como las inundaciones que son atendidas puntualmente, y medran cínicamente con la muy lamentable muerte violenta de un presidente municipal que recibía toda la protección personal que le podía proporcionar el gobierno de la república.
A raíz de toda esa tormenta mediática en medios y redes sociales, los voceros de la derecha han deslizado la idea de exigir su renuncia o su destitución llamando a manifestaciones y reuniones publicas, hasta el grado de tomar forma la idea de encabezar una petición ciudadana formal de revocación del mandato. Es pertinente recordar en este punto, que Andrés Manuel López Obrador, siendo Presidente de la República y ante los constantes ataques y descalificaciones de los opositores a su gobierno, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional y legal, para que se aprobara la revocación de mandato y que fueran los ciudadanos los que decidieran si el gobernante en turno debería continuar en el cargo o dejarlo por completo.
La reforma propuesta fue aprobada pero con el condicionamiento de la oposición partidista de la derecha, que pidió que no se llevara a cabo en concurrencia con las elecciones intermedias, argumentando que el presidente quería sentar las bases para su reelección o que su presencia en la boleta jalaría el voto a favor de los candidatos de su partido, de tal manera que se aprobó que la consulta de revocación deberá llevarse a cabo en el año siguiente al tercer año del ejercicio del mandato presidencial.
Actualmente la revocación de mandato sólo se puede iniciar si el tres por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal de electores hacen una petición formal, lista que de acuerdo con la actualización llevada a cabo por el INE el pasado 6 de noviembre es de un poco más de 100 millones de electores, lo que significa que tres millones de ciudadanos deben pedir ante el INE que se inicie el proceso de revocación del mandato, siempre y cuando esos tres millones de peticiones vengan de 17 estados de la república, incluyendo a la Ciudad de México, y representen el tres por ciento de la lista nominal de cada uno de ellos. Cumplido ese requisito, el INE deberá iniciar los procedimientos necesarios para que se realice el proceso de revocación del mandato, que actualmente deberá hacerse en el 2028.
En ese contexto, el 14 de septiembre pasado, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una iniciativa de reformas a la Fracción IX del artículo 35 de la Constitución, para que la revocación de mandato se lleve a cabo en 2027, en forma concurrente con las elecciones que se realizarán en ese año, para aprovechar el esfuerzo de organización electoral y economizar los recursos que se destinan a ese fin. La Presidenta de la República se manifestó a favor de esa propuesta señalando que debería hacerse un análisis y una discusión detallados antes de aprobarla.
La derecha opositora, desde todos sus frentes, se ha manifestado en contra de la propuesta de reforma con el argumento de que la presencia de la Presidenta en la “boleta electoral” favorecería a los candidatos de su partido en las elecciones que se llevarán a cabo de diputados federales, gobernadores de 17 estados, legisladores estatales y presidentes municipales. Dicho en otras palabras, la derecha opositora quiere revocar el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum porque ha perdido la confianza y el apoyo de todos los ciudadanos, pero al mismo tiempo, quieren que la consulta de revocación de mandato sea separada del resto de las elecciones, porque si no, su presencia en la elección los hará perder.
La revocación, define la ley, consiste en determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza. Lo que no deben olvidar los opositores partidistas que actualmente la promueven, es que los ciudadanos tienen también el poder de revocar la participación de las organizaciones políticas si reciben menos del tres por ciento de los votos emitidos en las elecciones, en otras palabras, la revocación es un arma de dos filos que puede resultar en que, el PAN y el PRI, que encabezan las peticiones revocatorias, puedan ser cancelados si no obtienen los suficientes votos de los ciudadanos, lo que significará qué habrán perdido la confianza que antes depositaron en ellos ¡Aguas!
