En pleno siglo XXI, exigir pensión alimenticia representa una lucha de desigualdad que solo las mujeres enfrentamos. Lo que debería ser un derecho universal para niñas, niños y adolescentes se convierte en uno de los procesos más desgastantes y violentos que puede vivir cualquier madre de familia. Demandar pensión alimenticia implica, para muchas, una disputa larga y directa con el deudor, que en muchos casos puede escalar a violencia económica, psicológica e incluso vicaria, cuando los hijos se convierten en instrumentos de castigo.
En Tamaulipas, cerca del 40 % de los juicios familiares están relacionados con la pensión alimenticia. Esto es alarmante porque evidencia el número de casos de paternidad irresponsable y la violencia económica que viven miles de mujeres, que enfrentan procesos largos, desgastantes y llenos de obstáculos para garantizar el derecho de sus hijas e hijos a comer.
Existen fallas estructurales que hacen que muchas mujeres no interpongan la denuncia. Aunque la pensión alimenticia es un derecho, en la realidad las mujeres enfrentan trámites lentos, juzgados que desalientan y deudores que evaden y recurren a recursos para no cumplir con su obligación. Por eso muchas madres prefieren no denunciar; no por falta de voluntad, sino porque el camino está lleno de obstáculos y desgaste.
Es más complejo que llevar al deudor a un tribunal. Es exponerse a enfrentar la misoginia que existe en los juzgados, donde, en lugar de darte una solución, te desalientan para que no demandes. Te “explican” —mansplaining— lo complicado que será y que, si lo encierran en la cárcel, tus hijos serán los que van a padecer.
Pero además hay una cifra negra, donde las mujeres ni siquiera lo intentan. Ellas solas cargan con todo lo que representa la crianza, el cuidado de las y los hijos, mientras la paternidad irresponsable sigue en aumento.
En 2025, los castigos para los deudores alimentarios son más amplios, pero aún insuficientes. Hoy un padre que incumple puede ser inscrito en el Registro de Deudores Morosos —que les impide solicitar créditos, trámites oficiales e incluso el matrimonio civil—, además de enfrentar retención de salario, embargo de bienes, restricciones migratorias y denuncias penales que pueden derivar en prisión.
Al final, todo recae en una verdad que seguimos postergando: mientras las mujeres no tengamos mayor acceso a recursos económicos, autonomía financiera y condiciones reales de igualdad, seguiremos expuestas a la violencia económica y a la paternidad irresponsable. La justicia no puede sostenerse en que ellas resistan; debe garantizar que ninguna mujer tenga que pelear por lo mínimo para vivir con dignidad.
POR DANIELA ALEJANDRA PLATA FLORES
Coordinadora electa de la Red de Periodistas con Visión de Género Victoria
dplataf4@gmail.com
