CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tras alcanzar casi una década en el cargo, llegó el momento de que Tamaulipas nombre a un nuevo Fiscal General que sustituya a Irving Barrios Mojica.
En ese contexto, se barajan diversas posibilidades que van desde la “importación” de un abogado foráneo que pudiera llegar de la ciudad de México, designar a uno de los tamaulipecos que han dejado ver su interés por competir, o incluso hasta permitir un nuevo periodo de siete años del mismo Barrios Mojica, quien está posibilitado por la ley para buscar la reelección.
El todavía Fiscal de Tamaulipas, llegó a la entidad durante el sexenio del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien lo designó como Procurador General de Justicia del Estado. Permaneció en el cargo hasta 2018, año en que se realizó la transición de Procuraduría a Fiscalía del Estado.
Licenciado en Derecho, cuenta con una Maestría en Sistemas Penales y Problemas Sociales, además de un Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. Previamente laboró en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde ocupó, por designación presidencial, el cargo de Subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, entre otras posiciones relevantes.
A su llegada y después durante su desempeño en el cargo, su currículum fue objeto de mucho escrutinio, pues se le considera como el artífice del llamado ‘Michoacanazo” durante su paso por la PGR.
En el 2018 se concretó la transformación de Procuraduría a Fiscalía de Justicia de Tamaulipas para dotar a la nueva institución de autonomía administrativa, técnica, operativa y presupuestal, desvinculándola del Ejecutivo Estatal. Para ello, se emitió una nueva convocatoria.
La terna final quedó integrada por Daniel Alberto Vargas Cortés, Claudia Janeth Gámez Ortiz e Irving Barrios Mojica. Este último resultó favorecido con 24 votos y rindió protesta ante el Congreso para un periodo de siete años que concluye el próximo mes.
Durante su labor como Fiscal se le cuestionó de manera constante su cercanía con la administración cabecista, algo que se agudizó al final del sexenio.
Un año antes de que concluyera García Cabeza de Vaca su encargo como gobernador, en septiembre de 2021, el Congreso aún de mayoría panista, aprobó reformas que fortalecían a la Fiscalía al grado de llamarle “súper Fiscalía”, lo que fue revertido por Morena cuando asumió el control del Legislativo.
Entre los tamaulipecos que se mencionan como posibles aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General, está Eduardo Govea Orozco, actual Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
En su trayectoria están diversos cargos relacionados con el área. Fue agente del ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia, y después subdirector de averiguaciones previas.
Además del litigio privado, más cerca en el tiempo se desempeñó como representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas.
A Govea se le ha preguntado recientemente sobre su posible interés en contender por la Fiscalía, posibilidad que no ha descartado, aunque pidió esperar los tiempos.
Tras su salida de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia también se ha mencionado la posibilidad de que Hernán de la Garza Tamez compita por la posición de Fiscal General.
El ex magistrado también ha integrado la estructura de la PGJ. En el 2009 fue designado como Primer Subprocurador General, y luego fue subsecretario en la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado.
En el 2013 fue designado magistrado numerario en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, del que luego ocupó la presidencia.
También se ha puesto sobre la mesa, aunque con muchas menos posibilidades, el perfil de Willy Zúñiga, actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero del área de seguridad, donde ha enfrentado críticas por su desempeño.
Otro personaje que se maneja como posible aspirante es el actual Director de Seguridad y Tránsito de Victoria, Javier Córdoba, quien ya ocupó la posición de Subprocurador General de Justicia durante la administración de Eugenio Hernández.
A la lista se sumó de manera inesperada la diputada priísta, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien levantó la mano para postularse, al confirmar que la convocatoria no se lo impide, pese a ocupar el cargo de legisladora.
“Paloma” ya ocupó el cargo de Procuradora General de Tamaulipas entre el 2005 y el 2006, por lo que aseguró que cuenta con la experiencia y el conocimiento para desempeñar el cargo.
El Congreso del Estado de Tamaulipas inició apenas el viernes el proceso para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia, cuya elección deberá concretarse a partir del 15 de diciembre, conforme a los plazos establecidos en la Constitución estatal. Con la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial y en la página institucional del Poder Legislativo, se puso en marcha un proceso que combina requisitos estrictos, revisión documental exhaustiva y una fase de valoración política y técnica que concluirá con la votación del Pleno.
De acuerdo con la convocatoria, las y los interesados en contender por la Fiscalía General deberán presentar su solicitud entre el 17 y el 20 de noviembre de 2025, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, ubicada en el Boulevard Práxedis Balboa No. 3100, en Ciudad Victoria. La documentación deberá presentarse en tiempo y forma; cualquier omisión o entrega fuera de plazo será motivo automático para invalidar el registro.
Los requisitos están alineados al artículo 125 de la Constitución de Tamaulipas: ser mexicana o mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años cumplidos al momento de la designación, contar con título profesional de Licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de diez años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. Se trata de criterios obligatorios que el aspirante deberá comprobar mediante documentos certificados y cartas bajo protesta de decir verdad.
La Base Tercera detalla un amplio paquete de documentos que deberán acompañar el registro: currículo actualizado, acta de nacimiento certificada, copia certificada de la credencial para votar, título profesional avalado por notario, carta de no antecedentes penales con vigencia menor a 30 días, carta de no inhabilitación en el servicio público y dos escritos que sintetizan la visión profesional del aspirante. El primero, de hasta cinco cuartillas, deberá exponer la voluntad de participar, un proyecto de trabajo y las razones que sustentan la idoneidad para encabezar la Fiscalía. El segundo, de máximo dos cuartillas, contendrá una síntesis biográfica que incluya formación académica, trayectoria relevante y actividades profesionales actuales. Todos los documentos deberán estar rubricados en el margen derecho y firmados autógrafamente cuando se trate de declaraciones bajo protesta.
Una vez concluido el periodo de recepción, la Comisión de Justicia del Congreso verificará que la documentación cumpla con los requisitos legales, además de cotejar los documentos originales cuando sea necesario. Si algún expediente carece de requisitos, presenta inconsistencias o fue entregado fuera de plazo, será descartado. Los expedientes validados serán integrados en un listado que la Comisión publicará en la página oficial del Congreso.
Posteriormente, el listado será llevado al Pleno Legislativo, donde deberá aprobarse por mayoría calificada para integrar una lista paritaria de por lo menos seis aspirantes. Esa lista será enviada al titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien tendrá diez días para seleccionar de entre ella una terna que regresará al Congreso para la fase de comparecencias. Durante estas, los aspirantes expondrán su trayectoria, diagnóstico, visión institucional y ejes de trabajo ante la Comisión de Justicia, que deberá conducir un análisis técnico y transparente.
Concluidas las comparecencias, el Congreso tendrá un plazo máximo de diez días para votar la designación del próximo Fiscal General. La elección deberá realizarse con el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes, lo que obliga a construir consensos entre las fuerzas políticas. El Fiscal General que resulte electo asumirá un encargo de siete años, sin posibilidad de reelección.
La convocatoria también prevé escenarios extraordinarios. Si el Congreso no integra la lista de aspirantes o no realiza la designación en el tiempo establecido, el Ejecutivo podrá enviar libremente una terna, designar un Fiscal General interino o, en última instancia, realizar la designación definitiva entre los perfiles previamente registrados. Estas disposiciones están contenidas en el artículo 125 constitucional y buscan evitar que el proceso quede paralizado por falta de acuerdos.
En tanto, la Comisión de Justicia quedó facultada para resolver cualquier situación no prevista en la convocatoria, siempre en apego a la Constitución federal, la Constitución local y las leyes aplicables. Con ello, el Poder Legislativo busca garantizar un proceso ordenado, transparente y con fundamento jurídico sólido.
STAFF/EXPRESO-LA RAZÓN
