En lo que representa un avance en la consolidación del modelo de salud IMSS Bienestar en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya participó ayer en una reunión con otros mandatarios y la presidenta Claudia Sheinbaum.
El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional para revisar los resultados obtenidos hasta ahora en la implementación de este sistema de salud, cuyo objetivo es alcanzar la cobertura universal en el país.
Atender a toda la población -tanto a derechohabientes y sus familias como a quienes pertenecen a la población abierta- implica una complejidad considerable.
Por ello, es indispensable que los estados participen activamente, aportando experiencias y apoyando a la Federación en lo necesario para cumplir las metas.
En el caso de Tamaulipas, Américo presentó el reporte de los avances logrados en beneficio de la población.
Ahí se destacó la colaboración con el Seguro Social para que el modelo IMSS Bienestar cubra los 44 municipios, atienda las necesidades de la gente y garantice servicios de salud con mayor eficiencia.
La entidad es una de las pocas en el país que pueden presumir una ampliación de cobertura hacia la población abierta.
Además, en las zonas rurales se han incrementado las posibilidades de acceso total a servicios de salud que antes no llegaban con la misma regularidad.
Respecto a los hospitales que se integraron al Sistema IMSS Bienestar, Américo subrayó que Tamaulipas es un estado modelo.
También recordó que, gracias a la experiencia y al conocimiento acumulado sobre la relación entre salud y desarrollo humano, se han delineado acciones de apoyo al modelo federal que hoy muestran resultados tangibles.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS MUCHACHOS
En el país en el que la violencia mantiene una tendencia creciente y todavía padece las secuelas del sexenio más sangriento en la historia, un juez de control acaba de vincular a proceso por tentativa de homicidio a tres jóvenes que participaron en la marcha de la Generación Z, el pasado 15 de noviembre.
Como se recordará, resultado de esa manifestación pacífica fue el enfrentamiento entre policías de la Ciudad de México y un numeroso contingente de participantes.
Los organizadores, de inmediato, se deslindaron de quienes marcharon sin representar la causa genuina del movimiento.
El hecho es que en la trifulca hubo policías lesionados -pero también jóvenes-, manifestantes detenidos y se proyectó una imagen que no se veía en años.
Y aunque es posible que quienes iniciaron las agresiones fueran algunos de los que protestaron, dadas las experiencias previas no puede descartarse la presencia de infiltrados o agitadores profesionales.
No debería sorprender que, en un momento en el que se supone que la alternancia federal ha fortalecido la transición hacia una democracia moderna, aparezcan escenas que evocan los métodos del viejo régimen.
En los años 60 y posteriores era habitual que el gobierno federal infiltrara o enviara grupos de choque a protestas de jóvenes, obreros u opositores al régimen, casi siempre de izquierda. Qué ironía que esos patrones resurjan.
Hoy, aunque las formas han cambiado, la narrativa oficial -repetida con insistencia- da un calificativo distinto a las protestas, legítimas o no, de quienes no comparten la visión del nuevo régimen.
Después de los hechos violentos, de ese grupo del que incluso los organizadores se han deslindado, hubo detenidos que no necesariamente fueron responsables directos de las agresiones.
Ayer, de los 18 que permanecían en prisión, fueron vinculados a proceso por tentativa de homicidio.
La medida puede estar justificada jurídicamente, incluso en su severidad. Sin embargo, el problema para las autoridades -“el gobierno”, diría el pueblo bueno y sabio- es que el ánimo social, polarizado desde la administración del compañero Andrés Manuel, ha vuelto a la sociedad más escéptica y profundamente desconfiada del sistema.
Desde un sentido estricto de justicia -y de congruencia con los principios que dice defender la Cuatroté y hasta la nueva Corte- quizá habría sido más prudente, jurídica y políticamente, fincar cargos también a los policías que ejercieron fuerza excesiva.
El Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, como señaló Max Weber. Pero en el contexto de la manifestación del sábado, ese uso de la fuerza ocurrió en un ambiente de polarización social -“si no piensas como yo, eres el enemigo”- y en un momento en el que el gobierno federal necesita reafirmar la legitimidad de sus causas históricas, paradójicamente las mismas que defendía cuando esa izquierda residual era oposición.
Por ello, las vinculaciones a proceso también debieron incluir a los policías.
Es bien sabido que el sábado y días después circularon profusamente en redes sociales, plataformas digitales y medios impresos fotografías y videos en los que muchos agentes golpearon, vejaron y arremetieron violentamente contra los jóvenes sin motivo claro más que contenerlos mediante la fuerza.
Fueran provocadores o no; infiltrados o no; jóvenes que protestaron genuinamente contra la violencia generalizada, la impunidad o cualquier otro motivo que los moviera, nada justifica la brutalidad con la que fueron tratados.
A final de cuentas, el contraste es evidente: los policías iban equipados y armados -un tolete es técnicamente algo que puede usarsee como un arma no letal-, mientras que los jóvenes se defendieron con piedras y lo que encontraron a su alcance.
Así, en un país donde los homicidios dolosos siguen creciendo, donde los feminicidios y la violencia contra las mujeres son imparables, y donde las desapariciones, secuestros y extorsiones tienen un impacto social profundo, saber que se criminaliza a los jóvenes mientras se deja sin castigo a policías que usaron fuerza excesiva no es, en absoluto, una señal de congruencia y mucho menos, de humanismo.
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