CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Adeudos millonarios con el Seguro Social, la CFE y el Infonavit tienen al borde del colapso a varias COMAPAS de Tamaulipas, una crisis que lejos de resolverse con el cambio de administración, se ha profundizado hacia 2025 ante la falta de recursos, personal y capacidad operativa en los organismos municipales de agua.
La situación fue reconocida por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, quien confirmó que los sistemas de agua arrastran una herencia financiera que hoy compromete la prestación del servicio y los coloca bajo constante presión de la Auditoría Superior del Estado.
“Estamos buscando salida a ese gran cúmulo de deuda con el que tomamos los organismos”, señaló.
Aunque los nuevos consejos de administración están prácticamente integrados (solo tres organismos pequeños siguen pendientes por carga de trabajo), el funcionario subrayó que la verdadera crisis no está en los nombramientos, sino en la estructura debilitada con la que operan los sistemas más pequeños.
Así también, el funcionario estatal advirtió que las observaciones hechas por la auditoría no derivan de falta de conocimiento, sino de la precariedad en que sobreviven las COMAPAS.
En municipios rurales, ejemplificó, el organismo depende de una sola persona que hace de gerente, cobrador, plomero y encargado de reparaciones como lo es en el municipio de Villa de Casas, donde una persona hace todo lo de un organismo operador.
«¿Cuánto personal tiene?: uno.
Él es el gerente, él es el que cobra, él es el plomero, es el que repara, y ¿cómo le podemos hacer?, de repente no se alcanza a ver la problemática que se tiene, sobre todo en los municipios pequeños».
La problemática no es nueva: desde 2023 las COMAPAS de Tamaulipas han enfrentado acusaciones de abandono, fallas constantes, fugas sin atender, cortes de energía por falta de pago y reportes ciudadanos de desabasto prolongado.
Desde el 2024 y casi a terminar este 2025, la situación se ha agudizado con organismos endeudados, plantillas reducidas al mínimo y un padrón de usuarios que no cubre los costos de operación, mientras el Estado busca mecanismos para aliviar la deuda y evitar que los organismos colapsen.
Por Antonio H. Mandujano
EXPRESO-LA RAZON
