Esta semana, tres ministros de la Suprema Corte de Justicia propusieron que se analice la posibilidad de reabrir casos que ya fueron juzgados y resueltos.
El anuncio, además de sorpresivo, envía una señal de incertidumbre y malestar a la sociedad en general.
De por sí, los nuevos ministros de la Corte cargan con el estigma de haber sido electos por una minoría de ciudadanos y, además, con la sospecha de ilegitimidad sustentada en el uso de “acordeones” o papeles con los que se indujo el voto masivo en su favor. Ahora, con esta ocurrencia, vuelven a colocarse en el centro de la discusión pública.
Quienes saben de leyes advierten que la propuesta de los ministros Lenia Batres, Irving Espinoza y del presidente de la Corte, Hugo Aguilar, no solo habla de una decisión poco seria, sino incluso inconveniente para la vida democrática y el propio marco legal que rige al país.
También se ha hecho énfasis en el riesgo que representa la reapertura de casos ya juzgados, porque se pone en entredicho la resolución de los anteriores ministros y, por ende, el impacto en la sociedad y sus instituciones.
El alcance de esta acción, de concretarse la ocurrencia de los tres ministros que la plantearon, sería profundo y, de entrada, golpearía la imagen de ese Poder; además, enviaría hacia dentro y fuera del país una señal de incertidumbre.
Inclusive Yasmín Esquivel, otra ministra identificada con la misma línea ideológica de quienes propusieron esto, se pronunció en contra porque afectaría el principio de cosa juzgada.
Vamos, aunque la ministra Esquivel ha estado envuelta en polémica por el asunto de su tesis profesional y todo lo que ello implica, su postura es sensata y se diferencia de la de sus pares precisamente por la seriedad y el conocimiento del impacto que una decisión así tendría en el país.
Claro, puede considerarse la propuesta como una más de las ocurrencias de un bloque de ministros que no decepcionan a quienes aseguraron que a la Corte llegaron individuos impreparados y sin idea de la responsabilidad que asumían.
En esa misma tónica, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de esa posibilidad, con prudencia y claridad, al afirmar que la Corte tiene asuntos más importantes en los cuales enfocarse que reabrir casos juzgados.
Es, en los hechos, un rechazo personal de la presidenta a la ocurrencia de los tres ministros, quienes tal vez piensan que con eso serán vistos de mejor manera por la sociedad, pero especialmente por quienes integran el mercado político identificado con el lado duro del oficialismo.
Aunque la definición teórica de la integración del Estado mexicano indica que existe independencia entre los tres poderes, lo que el titular del Ejecutivo exprese siempre influye irrefutablemente en las decisiones que toman los otros dos poderes.
Por eso cobra relevancia la postura pública de la presidenta Sheinbaum: lo que dijo en torno a esta ocurrencia es más que una opinión personal; es una sugerencia informal sobre lo que la Corte tendría que hacer antes de pensar en cosas que no ayudan a mejorar su imagen ni a elevar su eficiencia.
El rechazo presidencial a la intención de reabrir casos ya juzgados debe verse como una buena señal de que, pese a la independencia teórica de poderes, hay asuntos en los que el Ejecutivo puede solicitar o sugerir acciones para que el clima de certidumbre jurídica del país, y la misma imagen del gobierno, no se vean afectadas por una idea absurda.
AHORA, LA DISPUTA POR LA FGR
Ayer se oficializó la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual abre un nuevo frente de batalla política entre grupos de poder, por esa posición.
La noche del miércoles fue un rumor que se confirmó ayer y aunque la versión oficial dice que el Fiscal será embajador en algún país, los rumores apuntan a que su salida no fue voluntaria.
Al Fiscal le quedaban todavía dos años en el cargo y aunque su actuación fue cuestionada en distintos momentos en los últimos siete años, parecía inamovible.
Y si bien vivimos el inicio de un nuevo régimen, hay viejas prácticas que no cambian. Las “invitaciones” desde el poder presidencial para que determinados individuos sean embajadores aunque no tengan carrera o experiencia como diplomáticos, sigue siendo algo normal.
Ese parece ser el caso de Gertz Manero, quien se irá a disfrutar de un exilio dorado a algún lugar del mundo, mientras muchos asuntos que lleva la Fiscalía -los casos de huachicol fiscal, por ejemplo -, se quedan en manos de quién sabe quién y sin garantía de que se vayan a resolver de manera imparcial.
ESCOTILLA
El Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST) celebró ayer por la tarde su 38 aniversario.
La sede fue un hotel ubicado en Playa Miramar de Ciudad Madero y asistieron los presidentes de las cámaras y agrupaciones privadas que integran este organismo, así como el alcalde anfitrión, Erasmo González Robledo y, por supuesto, varios de sus expresidentes.
El CIEST, que preside Alejandro Sobera Biótegui l, es el organismo más importante del sector privado en Tamaulipas y es un referente en lo que se refiere a diseño de políticas públicas en favor de la empresarios y de la sociedad.
Mañana les platico más de esto, porque merece ser ampliado y también, recordar la relevancia que tiene el CIEST en la evolución de las ultimas 4 décadas del sur de Tamaulipas.
POR TOMÁS BRIONES
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