La protesta de productores agrícolas y transportistas se origina, dicen ellos, en el hartazgo de condiciones insoportables y diálogos sin consecuencias. Su protesta ha adquirido una magnitud nacional con importantes consecuencias económicas y sociales para todo el país. No se le puede minimizar; es un punto de inflexión de trascendencia histórica que exige redefiniciones de alto calibre tanto en la estrategia de desarrollo rural, como en la del país entero.
Destacan en la movilización los productores agrícolas de riego que rechazan lo planteado en la iniciativa de la Ley General de Aguas que está en consulta pública. Así que más allá del procedimiento formal, habrá que considerar los argumentos de los productores. No es asunto de blanco o negro, la situación exige una reflexión que matice la propuesta en curso. Sin embargo, los medios no abordan con suficiente profundidad algunos elementos que deben ser centrales al diálogo entre los productores, la actual administración federal, así como los intereses de otros sectores afectados.
Aquí se abordan, de manera muy sucinta, algunos elementos a considerar: el estrés hídrico en el país; el papel de la agricultura de riego en la economía; la normativa del agua; y las capacidades institucionales.
Estrés hídrico. México enfrenta una crisis del agua que no es coyuntural sino atribuible a un desequilibrio creciente entre disponibilidad y consumo. En seis décadas México ha pasado de la relativa abundancia de agua a operar dentro del umbral internacional de escasez de agua. A ello han contribuido el crecimiento demográfico y productivo, por ejemplo, la expansión de la agricultura en zonas áridas. La geografía no ayuda; mientras el sur-sureste posee cerca de dos tercios del agua renovable del país, el centro y norte —bastiones agrícolas, industriales y urbanos— concentran más del 70% de la demanda.
Dado que las lluvias no han aumentado y el cambio climático se refleja en extremos de sequía e inundaciones incapturables, la mayor demanda se abastece mediante la extracción creciente de agua del subsuelo. Hoy en día los acuíferos proveen alrededor del 40 por ciento del agua para consumo urbano, cerca de 70 por ciento del agua industrial y cerca del 40 por ciento del agua para riego agrícola. Es decir que son fundamentales.
Numerosos acuíferos son sobrexplotados; se les extrae bastante más agua que el volumen de recarga natural, sobre todo en zonas de concentración de población, industria y riego. Con la consecuente reducción del nivel del manto freático se elevan los costos de extracción y se obtiene agua que se filtró al subsuelo hace milenios y está cargada de minerales nocivos. En zonas costera se induce la infiltración de agua salina. El Valle de México, Aguascalientes, Celaya e Irapuato registran algunos de los hundimientos más acelerados del mundo. Lo peor es que se tiende al agotamiento del recurso.
Los agricultores denuncian arbitrariedad y corrupción en CONAGUA. En algunas zonas existe acaparamiento de concesiones en personas que no son productores, sino que revenden el agua a los productores y los asentamientos urbanos; es una mercantilización de gran escala que solo puede darse en connivencia con servidores públicos.
Otro nivel de mercantilización o mal uso del agua es que las reglas de operación hacen que los usuarios de la agricultura y la industria enfrenten una presión implícita para usar el total de la concesión para no perderla o no verla reducida. Piensan que si no se requiere ahora se puede necesitar más adelante porque las lluvias y los cultivos son variables. Esto lleva “a completar” el uso de la concesión total de distintas maneras.
Las concesiones de agua fueron excesivamente generosas en el pasado; a ello contribuyeron la relativa abundancia, la indiferencia ante los límites de la naturaleza y las presiones del poder económico. Por otra parte favorecieron sobre todo a los grandes productores agrícolas con capacidad de tecnificación del riego; a la gran industria (refresquera y cervecera, por ejemplo); a la gran minería; e incluso a quienes disfrutan de actividades recreativas como campos de golf y lagos privados artificiales. Todos ellos con mayor influencia política que la mediana y pequeña producción agropecuaria e industrial; la influencia de pocos sobrepasa incluso el interés de la población de comunidades, pueblos y ciudades.
El estrés hídrico, la mala regulación y los desequilibrios e injusticias del acceso al agua, requieren de un cambio normativo que una nueva Ley General de Aguas. Pero esta no puede ignorar la importancia, y derechos, de la agricultura de riego: aporta más del 50 por ciento del valor agrícola total; destaca en la producción nacional de granos, más del 70 por ciento de la producción de maíz amarillo y más del 80 por ciento de la de trigo; más del 95 por ciento de la exportación de tomate y casi la totalidad de las exportaciones de chiles, pimiento, brócoli, lechuga, espinaca y otros vegetales de exportación. El agua del subsuelo es vital tanto para la producción interna de granos básicos como para la balanza comercial agropecuaria.
La nueva Ley General de Aguas debe, junto a otras medidas, enfocarse en fortalecer a la agricultura de riego, a los verdaderos productores, y no a verlos como enemigos. Esto sin dejar de combatir los abusos del acaparamiento y la gran mercantilización.
Un problema adicional es que desde 2019 informes oficiales indicaban que CONAGUA tenía una reducida capacidad para dar cumplimiento a sus funciones. De entonces a la fecha se redujo su presupuesto en más de 40 por ciento su presupuesto. Sobre todo, se ha reducido la inversión en infraestructura hídrica.
Hay que evitar reproducir el error de SEGALMEX cuando al cortar el dialogo con los operadores locales del sistema de abasto cayó los abismos de la corrupción y la ineficiencia. Se requiere lo contrario; fortalecer el dialogo con los interesados para proteger tanto el derecho humano al agua como la producción estratégica. Es decir, una fuerte, real, efectiva, contraloría social.
Y falta mencionar lo fundamental. ¿de dónde saldrá la inversión para el revestimiento de canales, el riego por goteo, la asistencia técnica para el uso y la medición exacta de la extracción de agua en cada pozo, la expansión de la agricultura protegida (invernaderos) entre muchos avances tecnológicos que se requieren para enfrentar el problema de fondo? ¿y el presupuesto para una CONAGUA con verdadera presencia local?
Sin el acompañamiento presupuestal requerido en CONAGUA, en los estados, municipios y comunidades; con productores agrícolas sin recursos para el cambio tecnológico, no se resuelve la sobreexplotación de acuíferos, no se enfrenta el cambio climático. Se elevaría en cambio la conflictividad en torno al agua; algo que la nueva ley y los recursos públicos deben evitar, no exacerbar.
