Una de las máximas del ideario popular dice que no hay peor cosa que la ignorancia cuando se combina con la iniciativa, pero la experiencia nos muestra que hay otros factores que son igual e, inclusive, más peligrosos; si a esta ecuación añadimos, además, el desdén por las leyes y la indiferencia ante las consecuencias tenemos, en potencia, una bomba con la capacidad de acabar con la democracia y la tolerancia a la universalidad de las ideas.
Lo anterior, viene a colación por anuncio que realizó esta semana quien cobra como subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno de Tamaulipas, Rómulo Pérez Sánchez, respecto de un paquete de iniciativas que remitirá el gobernador al Congreso del Estado, donde destacó una que rápidamente fue llamada “Ley antibloqueos”, pues pretende regular las manifestaciones en nuestro Estado.
Esta virtual propuesta del Gobierno de Tamaulipas para regular las manifestaciones abre un debate imprescindible e inevitable sobre los límites del poder y la vigencia de los derechos humanos en un contexto que se presume “humanista” y de izquierda.
Para empezar, tenemos que dejarlo muy claro: el derecho a la libre manifestación no es una concesión por parte del Estado, es un derecho fundamental RECONOCIDO (no otorgado) por la Constitución y por tratados internacionales que México ha suscrito y constituye, por sí mismo, un pilar de nuestra democracia.
En consecuencia, cualquier intento de sujetarlo o supeditarlo a permisos, rutas obligatorias, horarios restrictivos o cualquier criterio discrecional de “orden público” implica, en la práctica, convertir un derecho en un privilegio administrado por la autoridad.
Lo hemos visto antes: intentar reglamentar la protesta bajo el argumento de garantizar la seguridad o la movilidad es un discurso conocido que, en muchos países, ha terminado abriendo la puerta a prácticas autoritarias y abusivas que constituyen graves violaciones a derechos humanos (por más que quieran disfrazarlo o venderlo de otra manera).
Ahora, resulta especialmente preocupante que esta iniciativa sea una propuesta de un gobierno que se autodefine abiertamente como “humanista”. La contradicción es evidente: no se puede abanderar la defensa de los derechos humanos mientras se impulsa una norma que, en su esencia, busca contener la expresión social y limitar la protesta, justamente uno de los mecanismos más poderosos para visibilizar abusos, exigir rendición de cuentas y equilibrar el poder político.
Dicho con otras palabras, más claras, simples y llanas: un gobierno verdaderamente humanista no teme la inconformidad, ni la reprime; la escucha, la entiende y la atiende.
Por tanto, llevar esta “genial y grandiosa propuesta” al plano legislativo para establecer un cuerpo normativo local que limite o condicione el libre ejercicio del derecho a manifestarse, no parece ser una muy buena idea e, inclusive, me atrevo a decir que muy difícilmente acreditaría un test de convencionalidad pura…
Indudablemente, la protesta molesta, incomoda y altera lo cotidiano; sí, pero ese es su sentido democrático: sacudir el espacio público para que los problemas que la autoridad no quiere ver sean imposibles de ignorar.
Tal vez convenga recordarle al subsecretario de Enlace Legislativo y a los diputados que consideren que esta es una buena idea, como es que la izquierda mexicana construyó su camino al poder: a base de hacerse notar y escuchar por medio de manifestaciones (que, inclusive, a veces no fueron tan pacíficas).
En Tamaulipas no necesitamos leyes para silenciar a la ciudadanía; necesitamos instituciones que respondan, gobiernos que dialoguen y marcos normativos que fortalezcan, no que asfixien, las libertades fundamentales.
Sin duda alguna, limitar la protesta es limitar la democracia. Y en un estado que aspira a ser moderno, plural y garantista, ese debería ser un límite que ningún gobierno (menos uno que se proclama defensor de los derechos humanos) debería cruzar.
Por. Josué Sánchez Nieto
