En los estados democráticos modernos la procuración de justicia ha sido una de las funciones más importantes del Poder Ejecutivo delegada en una persona a la que se le denomina Procurador General de Justicia, o Abogado General como se le conoce en los Estados Unidos, y en México actualmente se le identifica como Fiscal General de la República después de la reforma del 2014 que le concedió autonomía a esta función. El trabajo de procuración de justicia consiste fundamentalmente en precisar las faltas que se cometen contra la constitución y las leyes, investigar los actos cometidos contra la ley, identificar y llevar a los responsables ante los tribunales para que, en su caso, reciban el castigo que la ley tenga previsto.
El trabajo de quién procura la justicia, Procurador o Fiscal, debe ser apegado a la ley, con respeto a los derechos humanos de las personas y tendrá como fin establecer la responsabilidad de quienes atentan contra el orden social y que se haga justicia en favor de las víctimas y de la sociedad agraviada en su conjunto por quien rompe las reglas fundamentales de la convivencia y el desarrollo ordenado de la sociedad. La procuración de justicia juega un papel fundamental para dar certeza y seguridad a los ciudadanos.
La renuncia del fiscal Gertz Manero permite a la Presidenta Claudia Sheinbaum la recuperación, de hecho, de la procuración de justicia a través del nombramiento provisional de Ernestina Godoy, que fue procuradora de la Ciudad de México en el tiempo en que ella fue gobernante de esa entidad federativa. La confianza, la coordinación y la comunicación son fundamentales para el funcionamiento eficiente y rápido de esa importante función pública. Sólo los leguleyos de la derecha panista fueron capaces de venderle al Presidente Peña Nieto la falsa idea de que la procuración de justicia requiere ser autónoma para ser confiable. Así no es en Estados Unidos, ni en Francia, ni en el resto de las democracias consolidadas del mundo, en donde sin ser autónomas funcionan correctamente en la representación de sus sociedades.
También es necesario decir en esta parte, que durante un año la Presidenta Sheinbaum ha sido objeto de una cadena de ataque viles y misóginos, que afirman que no gobierna bien porque no sabe gobernar, que el gobierno está en otra parte y ella solo ejecuta instrucciones, y en tiempos recientes, qué es urgente dar un manotazo en la mesa o un golpe de timón que ponga en claro quién manda en el Palacio Nacional. Por eso resulta paradójico que, cuando la Jefa del Ejecutivo decide aceptar la renuncia el Fiscal de la República, dice la derecha partidista y mediática a voz en cuello, que está violando la autonomía de la Fiscalía General de la República y que el gobierno autoritario se ha apoderado del último eslabón de las instituciones autónomas que ellos fundaron, como si los mexicanos no tuviéramos memoria y no supiéramos en qué condiciones le entregaron el país hace 7 años a la Cuarta Transformación.
No hubo ningún rincón de la administración pública que no estuviera afectado, en una mayor o menor medida, por la corrupción y el desorden sembrados a lo largo de décadas de un uso abusivo del poder al servicio de la minoría de la sociedad mexicana. Incluyen en sus acusaciones las cifras terribles de la inseguridad que se exacerbó a raíz de la declaratoria de guerra contra el narco de un presidente panista, casi 20 años después, nadie ha podido controlar por completo, desde esa época hasta ahora.
La decisión de la Presidenta Sheinbaum de colocar al frente de la procuración de justicia a alguien de su entera confianza, abre la posibilidad en el tema de la seguridad, que es el que más preocupa a los mexicanos, de una coordinación plena entre las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública, quien procura la justicia y el nuevo Poder Judicial, lo que hará posible que se castigue a los criminales y que se restaure la vigencia del estado de derecho y la impartición de la justicia a favor de la sociedad mexicana.
Por. Jesús Collado Martínez
