El gobierno federal anunció un nuevo incremento al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026, un movimiento que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó como parte de una estrategia para mejorar el poder adquisitivo de millones de personas trabajadoras.
Es una decisión acertada y necesaria: el salario mínimo llevaba décadas rezagado, y este nuevo aumento confirma la continuidad de una política que busca dignificar el ingreso de quienes sostienen la economía nacional.
Pero, cuando observamos este anuncio con perspectiva de género, las grietas estructurales vuelven a aparecer: ¿cuántas mujeres podrán beneficiarse realmente de este incremento?
En México, más de la mitad de las mujeres trabajan en la informalidad, sin un salario fijo y prestaciones que deben de tener por Ley. Ahí están las trabajadoras del hogar, las mujeres que hacen limpieza por horas, las que cuidan a niñas, niños, personas mayores o con discapacidad sin contrato, sin seguridad social, sin vacaciones, sin aguinaldo y sin protección ante despidos arbitrarios. La mayoría sostienen sus hogares y prácticamente no se benefician de los incrementos.
Además, millones de mujeres en trabajos formales e informales, cargan con las tareas del hogar y el cuidado de sus familias, una doble jornada que el Estado no ha reconocido ni redistribuido, y que limita su acceso a mejores ingresos, empleos estables y movilidad económica.
El aumento al salario mínimo es importante y refleja un esfuerzo real del nuevo gobierno. Pero si no se observa desde la igualdad de género, en un país donde millones de mujeres solo pueden acceder al trabajo informal, ahí es donde la idea de progreso económico se desmorona.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la transformación debe construirse desde la justicia social. Y este anuncio salarial va en esa dirección. Pero para que la transformación alcance a todas, este incremento necesita complementarse con políticas que formalicen el trabajo de cuidados, inspecciones laborales efectivas, acceso real a seguridad social para las trabajadoras del hogar y una estrategia nacional que reconozca que el trabajo que realizan las mujeres, dentro y fuera del hogar, tiene un valor económico que debe traducirse en derechos.
El aumento al salario mínimo es un avance; lograr que beneficie también a las mujeres será, sin duda, una señal de que la transformación va en serio.
POR DANIELA ALEJANDRA PLATA FLORES
