Tamaulipas entrará a 2026 con un bloque institucional alineado como no se había visto, fiscalía, Poder Judicial, UIFE y anticorrupción forman un circuito bajo una misma conducción política que concentra decisiones clave en seguridad y justicia.
Con el nombramiento de Jesús Eduardo Govea Orozco por siete años la Fiscalía adquiere estabilidad para dos administraciones, su periodo rebasa el mandato de Américo Villarreal y asegura continuidad operativa más allá de los cambios de gobierno.
En su trayectoria se reflejan vínculos directos con el sistema estatal, dirigió la UIFE y ocupó la fiscalía anticorrupción, desde donde impulsó procesos contra exfuncionarios del cabecismo que incluyeron una sentencia de 19 años y varias vinculaciones posteriores.
No obstante, la deuda principal permanece intacta, desapariciones, homicidios y delitos cotidianos siguen con cifras altas, la Fiscalía no logra generar percepciones de avance y el rezago mantiene a miles de familias en espera de resultados claros.
El Poder Judicial tomó otro rumbo tras la llegada de la magistrada Tania Gisela Contreras López, quien encontró tribunales saturados y archivos acumulados, el reto de depurar más de 150 mil expedientes retrata un sistema cargado y sin orden interno.
Las primeras medidas de Contreras apuntan a reorganizar el territorio judicial, fusionar juzgados y abrir turnos vespertinos, una tarea que deberá ajustarse además a la reforma judicial nacional que ya impone nuevos criterios y procedimientos obligados.
En materia de control interno, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dirigida por Norma Angélica Pedraza Melo ha comenzado auditorías a contratos sensibles y recuperó funciones del extinto ITAIT y de la Contraloría, ampliando su capacidad de revisión.
Pese a ello, la eficacia dependerá de que las auditorías no queden en diagnósticos, históricamente estas áreas generan informes que no concluyen en sanciones, por lo que Pedraza deberá demostrar que sus expedientes no se diluyen en trámites administrativos.
El componente financiero recae en la UIFE, ahora integrada a la fiscalía, encargada de rastrear operaciones patrimoniales y movimientos irregulares, su papel es articular información económica que permita sostener casos penales con mayor consistencia.
Con este diseño, el gobierno actual opera con un margen ampliado, un fiscal de estructura interna, una presidenta judicial en fase de reordenamiento y una anticorrupción ajustada a su administración representan un aparato funcional sin contrapesos inmediatos.
De este conjunto podría surgir una ruta para procesar corrupción pasada y presente, aunque la experiencia estatal indica que muchos casos avanzan hasta la vinculación y se detienen sin llegar a una sentencia que defina responsabilidad real.
El calendario es decisivo, Govea estará en funciones hasta 2032, Contreras dirige un Poder Judicial en rediseño y la Secretaría Anticorrupción implementa su modelo, el aparato abarcará solo dos administraciones, la actual y la siguiente, sin interrupciones.
Ese alcance temporal obliga a evaluar decisiones presentes con mayor precisión, lo que hoy se impulse tendrá impacto directo en la transición al próximo gobierno y condicionará el funcionamiento del sistema de justicia en los próximos años.
Govea deberá demostrar autonomía en temas sensibles, su cercanía con Morena provoca dudas sobre su margen real de acción, la ciudadanía medirá su desempeño por resultados en delitos de alto impacto y por la reducción del rezago.
Contreras enfrenta la tarea de limpiar y ordenar el Poder Judicial, su capacidad para traducir reorganización interna en mejores tiempos y sentencias será determinante para recuperar credibilidad en un sistema que arrastra fallas estructurales.
Pedraza tendrá que sostener investigaciones relevantes sin que se pierdan en trámites, su responsabilidad es romper el ciclo histórico donde las auditorías se archivan y los grandes casos quedan sin resolución pública.
El panorama es claro, Tamaulipas cuenta con estructura, perfiles y control político sobre su aparato legal, lo que falta por definir es si será un instrumento para enfrentar la impunidad o un mecanismo que fortalezca al poder sin rendir cuentas.
POR NORA M. GARCÍA
