Hablar de carreteras en Tamaulipas se ha vuelto uno de los temas más incómodos en los últimos meses.
Si bien es cierto, las carreteras de nuestro Estado desde hace muchos años representan una situación complicada para las últimas tres administraciones estatales, por cuestiones de seguridad e infraestructura, la realidad es que últimamente se ha acentuado la preocupación social en este rubro.
Inclusive, podemos afirmar que desde que fue anunciada la instalación de una caseta de cobro en la carretera Rumbo Nuevo, el tema del derecho al libre tránsito se volvió la piedra angular del debate popular y, por qué no decirlo también, una “piedra en el zapato” para muchos políticos y gobernantes.
Al respecto, hemos sido testigos de que, por lo menos en las últimas dos legislaturas, se han presentado algunas propuestas tendentes a buscar cambios en las condiciones de seguridad y operatividad en las carreteras estatales.
Desde la creación de la Dirección de Tránsito Estatal, hasta las “atentas y respetuosas solicitudes” de algunos diputados tamaulipecos, es innegable que existe un intento de trabajo legislativo en la materia.
Y si, propuestas hay, pero de eso a que sean propuestas siquiera razonables, existe un mar de diferencia… Como muestra, la iniciativa presentada el 24 de noviembre pasado, por el diputado del PAN, Gerardo Peña Flores, quien plantea una reforma para incorporar el pago por el uso de las vías urbanas, exclusivamente para vehículos registrados fuera del Estado.
Esta propuesta merece un análisis serio y, sobre todo, una crítica contundente. Más allá de la aparente intención recaudatoria, la medida evidencia una visión muy limitada sobre el papel de la movilidad en el desarrollo económico y social de nuestra región.
Pretender convertir las carreteras tamaulipecas en filtros de peaje para quienes nos visitan es, en el mejor de los casos, una medida improvisada; en el peor, un grave retroceso que provocaría una afectación directa a los derechos fundamentales.
El derecho al libre tránsito, reconocido tanto en nuestra Constitución Federal como en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantiza que todas las personas puedan desplazarse sin obstáculos arbitrarios dentro del territorio nacional; por tanto, imponer un cobro selectivo a vehículos de otros estados no solo genera un trato diferenciado injustificado, sino que también coloca barreras que contravienen este principio básico. Las carreteras no deben convertirse en fronteras internas disfrazadas de política fiscal.
Por si fuera poco, esta propuesta ignora las consecuencias económicas que una medida así tendría para nuestro estado; el turismo carretero es importante motor de la economía local, esto se traduce en visitantes que consumen en restaurantes, ocupan hoteles, utilizan servicios locales y dinamizan la actividad comercial.
En tiempos donde la competencia por atraer visitantes es cada vez más intensa, no podemos (ni debemos) darnos el lujo de enviar un mensaje de “no eres bienvenido” y ahuyentar a quienes aportan a nuestra economía.
Un estado que cobra por entrar se concibe cerrado, poco hospitalario y más interesado en recaudar que en generar condiciones de desarrollo; dicho de otra manera más simple: un estado que se aisla, pierde.
Y tenemos que decirlo como es, la política pública debe construirse desde la visión del beneficio común, no desde la ocurrencia o el ánimo recaudatorio inmediato.
Antes de pensar en nuevos cobros, si realmente se busca mejorar la infraestructura carretera local, la ruta no es castigar al visitante, sino garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos existentes.
En fin, ojalá que las y los diputados tamaulipecos piensen un poco más al trabajar sus propuestas; es lamentable verlos oscilar entre las ocurrencias y la medianía… no se trata solo de copiar ideas de otros Estados, hay que analizar qué es lo mejor para las y los tamaulipecos a mediano y largo plazo.
Por. Josué Sánchez Nieto
