CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El conflicto hídrico entre Nuevo León y Tamaulipas volvió a escalar luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara públicamente que el Gobierno neoleonés ha incumplido, por casi tres décadas, el compromiso de enviar agua residual tratada al territorio tamaulipeco para uso agrícola, tal como lo establece el acuerdo de 1996 sobre la operación de la Presa El Cuchillo.
Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal subrayó que el convenio es claro: el área metropolitana de Monterrey debe entregar agua tratada a Tamaulipas mediante un ducto o emisor que nunca se construyó. Esta omisión mantiene bloqueado un mecanismo histórico que permitiría reducir la presión sobre el sistema hídrico del río Bravo y, en paralelo, evitar que el Gobierno federal recurra nuevamente a El Cuchillo para cumplir con el adeudo de México ante Estados Unidos en el marco del Tratado de Aguas de 1944.
“El agua residual de las plantas de tratamiento en Nuevo León puede destinarse para riego en Tamaulipas. Es un tema pendiente desde hace muchos años”, afirmó Sheinbaum, al reconocer que el incumplimiento ha sido sostenido a pesar de que el acuerdo tiene fuerza legal y fue establecido para equilibrar el uso del agua entre ambos estados.
El acuerdo de 1996 mandataba la construcción de un emisor de aproximadamente 130 kilómetros para transportar agua tratada desde la planta de Dulces Nombres, en Pesquería, hasta la Presa Marte R. Gómez en Tamaulipas. La obra debía ser ejecutada por la Federación, aunque en los últimos años el Gobierno de Nuevo León asumió parte de las gestiones asociadas a proyectos hídricos vinculados a El Cuchillo, especialmente tras la construcción del acueducto El Cuchillo 2 entre 2023 y 2024.
En abril de 2024, el Gobierno de Tamaulipas informó que el proyecto ya había sido registrado ante la Secretaría de Hacienda para la asignación de recursos federales. Y en agosto, Agua y Drenaje de Monterrey ingresó ante la Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), paso indispensable para iniciar la construcción. No obstante, la Federación ha insistido en que, más allá de los trámites, el envío de agua sigue sin concretarse y la responsabilidad histórica de Nuevo León continúa vigente.
El gobernador Samuel García reaccionó tras los señalamientos de la presidenta y afirmó que está dispuesto a cumplir el acuerdo, pero insistió en que la construcción del ducto debe ser financiada por la Federación, dado que el agua es administrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Ahorita me están planteando que arranquemos el emisor y yo les digo: pues adelante, el agua es de Conagua, pero yo no tengo dinero para hacer el emisor”, dijo el mandatario. “Si lo quieren hacer o arrancar es con lana de ustedes. Yo no me voy a oponer a que Nuevo León cumpla un acuerdo de hace 30 años”.
García incluso puso en duda que el proyecto avance durante su administración, aunque sostuvo que no impedirá su construcción si la Federación decide ejecutarlo. Agregó que reconoce la intención de Conagua de cumplir con Tamaulipas, pero reiteró que el costo debe ser asumido por el Gobierno federal.
La discusión ocurre en un contexto de tensión binacional por el adeudo que México mantiene con Estados Unidos bajo el Tratado de 1944. Existe el riesgo de que la Federación vuelva a extraer agua de la Presa El Cuchillo, como lo hizo en ciclos anteriores, para cubrir parte del compromiso internacional. La administración de Donald Trump ha presionado para que México abone agua al río Bravo y ha advertido posibles medidas comerciales, como un arancel del 5%, en caso de incumplimiento.
Ante ese escenario, Samuel García consideró “poco probable” que se utilice agua de El Cuchillo, al argumentar que el sistema de conducción sólo permite enviar hasta 15 metros cúbicos por segundo hacia la Presa Marte R. Gómez, y que la falta de infraestructura captadora en Texas limitaría el aprovechamiento estadounidense. “Si nos dicen que hay que mandar, va a ser algo mínimo que no va a mover el porcentaje de llenado”, aseguró.
Sin embargo, para el Gobierno federal y para Tamaulipas, el punto central es otro: el acuerdo de 1996 sigue sin cumplirse y Nuevo León tiene la obligación de garantizar el flujo de agua tratada hacia su estado vecino, independientemente de si la obra la ejecuta la Federación o el gobierno estatal. El envío de agua permitiría compensar parte del uso de El Cuchillo y reducir la presión sobre las presas fronterizas, además de avanzar hacia una gestión más equitativa del recurso en la cuenca.
Mientras las tensiones crecen y el riesgo diplomático persiste, la Federación sostiene que el ducto es indispensable y debe construirse sin más demoras. Nuevo León, por su parte, mantiene su posición: está dispuesto a enviar el agua, pero no a financiar la infraestructura. La definición final dependerá de las decisiones que adopte Conagua en los próximos meses.
Por Staff
Expreso-La Razón
