CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el último minuto de este lunes concluirá un largo periodo de nueve años en los que Irving Barrios Mojica tuvo la responsabilidad absoluta de la procuración de justicia en Tamaulipas.
Se trata del lapso de tiempo más amplio que haya cumplido cualquier procurador o fiscal en el estado.
Al todavía funcionario público le tocó bajar la cortina de la antigua Procuraduría General de Justicia y estrenar el aparato de la Fiscalía General de Justicia.
Según la ley que las creó, la principal diferencia entre ambas instituciones es la autonomía, el atributo que sin embargo, más se puso en duda durante la gestión de Irving Barrios, y que más se reclama a quien ocupará su lugar a partir del 16 de diciembre: Jesús Govea Orozco.
De hecho, esta transición se da justo en un contexto en que se debate la utilidad de la transformación de las procuradurías en fiscalías; primero, con el amago de presentar una reforma que devuelva el control de los aparatos de procuración al Poder Ejecutivo, y después, con un relevo harto estridente en la Fiscalía General de la República.
La salida tormentosa de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy -incondicional de la presidenta y mancuerna del Secretario de seguridad, Omar García Harfuch- han desatado múltiples análisis sobre las consecuencias políticas del enroque y sobre los resultado que arrojará en el combate a la inseguridad y a la impunidad.
Precisamente ese es el punto más álgido de la nueva era que vivirá la FGJ de Tamaulipas a partir de la próxima semana.
Irving Barrios se va con resultados contrastantes: las estadísticas oficiales reflejan múltiples pendientes con cientos de carpetas de investigación congeladas, pero también un avance importante en las cifras de combate al delito y la reducción de la incidencia.
Deja la imagen de un fiscal que acompañó la transición política del estado con la llegada del primer gobernador no priísta al poder, pero que puso los instrumentos coercitivos de la institución al servicio del nuevo régimen panista.
“Esta persecución política parece una vendetta personal del Gobernador del estado contra los alcaldes porque son de Morena. Ganamos la campaña, ganamos el estado y ahora se quiere desquitar, quiere ver quién cubre los platos rotos”, denunció la bancada morenista en aquel 2022 cuando arreció la presión contra políticos de la 4T.
En aquél tiempo, después de la victoria política de Morena en el 2021 cuando se hizo con el control de los principales municipios y del Congreso, se abrieron procesos contra los alcaldes de Reynosa, Carlos Peña Ortiz; de Nuevo Laredo, Carmen Lila Canturosas; de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez; y de Matamoros, Mario López.
Esa andanada legal hacía recordar al llamado “michoacanazo”, cuando en mayo de 2009 la Procuraduría General de la República había conseguido la captura de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un juez de Michoacán que luego fueron absueltos del delito de narcotráfico.
Aquel operativo mediático había sido instrumentado por Irving Barrios desde la PGR en los tiempos de Felipe Calderón.
Su desembarco en Tamaulipas, de hecho, coincidió con el de otras figuras del calderonismo que si bien no figuraron directamente en el organigrama estatal, sí ocuparon posiciones de influencia en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca como asesores políticos y jurídicos.
Ahora mismo, por ejemplo, se investigan pagos realizados por el gobierno del estado a personajes como Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas o Javier Lozano Alarcón.
Después del punto de mayor tensión alcanzado entre el 2021 y el 2022, a Irving Barrios Mojica le tocó una segunda transición política en Tamaulipas.
La debacle panista y la llegada al poder de la Cuarta Transformación apuntaban a su inminente salida de la Fiscalía, pero pese al control que logró Morena en el Congreso, esta no llegó.
Por el contrario, el Fiscal pareció asentarse en su posición.
Esto, a pesar de que pocos meses antes, el régimen cabecista ya en franca retirada había intentado un último intento desesperado por conservar cierto grado de control sobre el aparato de justicia y seguridad al transferirle a la FGJ múltiples facultades que la convirtieron en una “Super Fiscalía”, al poner bajo su mando a prácticamente todas las instituciones, incluido el manejo de los Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones.
El costo político de la persecución a funcionarios morenistas lo pagó el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, contra quien apuntaron todos los cañones.
En efecto, Raúl Ramírez Castañeda había sido el más fiel de los operadores cabecistas, y desde sus oficinas se instrumentaron buenas parte de los expedientes contra figuras de la 4T.
Cuando todo el andamiaje legal del PAN había sucumbido, el Fiscal Anticorrupción se atrincheró en su silla y no dejó el cargo sino hasta un par de año después, ya en el 2024.
A ese cargo llegó quien dentro de 48 horas se convertirá en el nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia: Jesús Eduardo Govea Orozco.
Es decir, el nuevo Fiscal pasará de la oficina Anticorrupción a tener el control de todo el aparato de procuración de justicia.
Una estructura mayúscula que incluye cinco vicefiscalías (Ministerial; de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad; de Delitos de Alto Impacto y de Violaciones a Derechos Humanos; Especializada en la Investigación de Hechos en Materia de Corrupción; y Especializada en Procesos Penales de Hechos en Materia de Corrupción), además de cinco Fiscalías Especializadas (Delitos Electorales; en Asuntos Internos; en Combate a la Corrupción; en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas; y en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género).
Govea Orozco aterriza en la FGJ con la gran responsabilidad de evitar que esta transición genere sobresaltos en las cifras de incidencia delictiva o incrementos en los niveles de impunidad.
En un estado como Tamaulipas, donde la seguridad ha sido el reto más importante durante las últimas tres décadas, la llegada de un nuevo Fiscal genera todo tipo de expectativas e incertidumbres.
El caso de Govea es muy particular porque asume su rol arropado por el aparato de justicia recién nombrado después de la elección judicial de este año, particularmente por su cabeza, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López.
Con ella ha trabajado muy de cerca desde hace al menos un lustro.
Es decir, el nuevo Fiscal tendrá pocas excusas: deberá cumplir su responsabilidad sin riesgos de que otro poder ralentice los procedimientos.
No llega, sin embargo, exento de polémicas.
La semana pasada debió responder a los cuestionamientos por su detención ocurrida en el 2002, acusado de facilitar la liberación de un presunto narcotraficante.
Los hechos, afirmó, dejaron clara su inocencia, y acusó ataques políticos en su contra con la intención de intentar frenar los procesos que llevará a cabo contra funcionarios del pasado panista.
Llamó esas acusaciones “falsas, recicladas y construidas para golpear su credibilidad en pleno arranque de gestión”.
Detalló que la Procuraduría estatal jamás participó en la liberación del operador criminal y recordó que, incluso en las narrativas que hoy se difunden, las actuaciones fueron atribuidas al Ministerio Público federal. “Todo lo demás es mentira y mala fe”, afirmó.
Reiteró que el 7 de febrero de 2002 fue detenido de manera arbitraria, junto con otros funcionarios, en un operativo improvisado. “Nunca hubo una sola prueba”, señaló, y acusó que aquel proceso fue una fabricación que terminó derrumbándose en tribunales.
En septiembre de 2002, el Poder Judicial Federal ordenó su libertad absoluta, resolviendo que no existían elementos para sostener la acusación. La decisión fue inapelable: “Quien diga lo contrario miente”, advirtió.
Tras esa resolución, la Procuraduría estatal lo reinstaló en diciembre de 2002.
Desde entonces, Govea escaló posiciones en la PGJ y después llevó a cabo otras responsabilidades relacionadas con el sector público, como la representación de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas.
Ahí radica su otro gran reto: dejar al margen su pasado laboral en el ámbito político y su cercanía profesional con la nueva titular del Poder Judicial, para mantener la autonomía que se exige a esta institución, y que fue el talón de Aquiles de su antecesor.
Jesús Govea Orozco inicia el 16 de diciembre un periodo de siete años al frente de la Fiscalía General de Justicia.
Es decir, concluirá su periodo (y podría optar por uno más) en el lejano 2032 cuando la realidad política del estado -así es Tamaulipas- será otra.
La magnitud del encargo que asume Jesús Govea Orozco no admite márgenes de error. No sólo hereda una Fiscalía con facultades amplificadas y una historia reciente marcada por la sospecha de uso político del poder punitivo, sino que deberá demostrar, desde los primeros meses, que la institución puede ejercer su fuerza sin convertirse en instrumento de revancha.
En su gestión se pondrá a prueba, quizá como nunca antes, la viabilidad real de la autonomía de la Fiscalía en Tamaulipas.
El desafío es doble: mantener la estabilidad en materia de seguridad y, al mismo tiempo, romper con la percepción de selectividad en la procuración de justicia.
Por Staff
Expreso-La Razón
