El 2 de septiembre Donald Trump anunció que ese día la marina de los Estados Unidos atacó una lancha proveniente de Venezuela que, según dijo, transportaba drogas. El ataque habría matado a 11 supuestos miembros de una organización criminal venezolana. En el mensaje que el presidente norteamericano subió a su red social incluyó un video del ataque. Este ocurrió en el mar caribe, a poco más de 2 mil 400 kilómetros del territorio norteamericano.
El secretario de defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth declaró que vio la explosión en vivo y que los supuestos traficantes eran miembros de una organización narco terrorista. El 6 de septiembre el secretario de Estado Marco Rubio declaró que el bote fue destruido y no interceptado por órdenes del presidente Trump: lo hicimos estallar porque representaba una amenaza inmediata y esto volverá a ocurrir. Fue la primera acción militar aceptada públicamente en centro o Sudamérica después de la invasión de Panamá en 1986.
Efectivamente hubo más ataques. Al 4 de diciembre la marina norteamericana había destruido 22 pequeñas embarcaciones en el mar caribe y en las costas del Océano Pacífico con al menos 87 muertos. Cada uno de estos ataques se ha reportado por la propia marina norteamericana. En uno de ellos, el del 16 de octubre fueron muertos dos personas y otros dos sobrevivieron, un colombiano y un ecuatoriano; ambos fueron rescatados y repatriados sin cargos a sus respectivos países.
Hasta aquí eran evidentes las dudas sobre los argumentos de la administración Trump. La primera lancha atacada no se dirigía a Estados Unidos, no tenía capacidad para navegar más de 2 mil kilómetros en mar abierto; nada prueba que llevara un cargamento de drogas. Además de que no existen bases legales en la legislación norteamericana o internacional para efectuar labores policiacas mediante el aparato militar en aguas internacionales, o para declarar la guerra a una organización criminal. O para denominarla narco terrorista.
Todo el sustento legal e ideológico de los ataques era bastante endeble y, sin embargo, el asunto no parecía tener la menor incidencia en las elites políticas o la opinión pública norteamericana.
El 18 de noviembre seis senadores norteamericanos, todos ellos ex militares, veteranos de guerra o anteriormente integrantes de la CIA, publicaron un video y declaración conjunta señalando que “Nadie tiene que obedecer ordenes ilegales, que violen la ley o nuestra Constitución”.
Tal afirmación es literalmente una cita del código militar de los Estados Unidos. Sin embargo el presidente Trump los acusó de comportamiento sedicioso e incluso escribió en redes sociales que merecían la pena de muerte. En su momento esta reacción extrema ante el recordatorio de una norma legal no fue entendible.
Hasta que el 4 de diciembre el periódico el Washington Post, uno de los tres más importantes medios impresos del país y el de mayor circulación en la capital, publicó que el 2 de septiembre hubo en realidad dos ataques a la lancha de los presuntos traficantes. En el primero fallecieron 9 de los once ocupantes y dos sobrevivieron; un segundo ataque asesinó a dos sobrevivientes que se agarraban a un pedazo flotante del bote destruido al tiempo que agitaban los brazos.
La noticia creo una enorme conmoción en los Estados Unidos. Si la legalidad de los ataques era cuestionada sin mayores consecuencias; el asesinato de dos náufragos heridos sobrepasó los límites y fue visto como inadmisible por la mayoría de los especialistas legales y buena parte de la opinión pública; se le califica como un posible crimen de guerra. Eso en el supuesto de que hubiera guerra y los muertos fueran realmente narcoterroristas enemigos. Aún así las normas internacionales y militares de los Estados Unidos obligaban a su rescate.
Otro video, el del segundo ataque no se ha hecho público. Algunos senadores que lo han visto se dijeron impactados; uno estuvo a punto de vomitar. Todo este asunto se encuentra ahora bajo investigación y puede afectar a los más altos eslabones de la cadena de mando militar.
El 16 de noviembre el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado de la flota norteamericana ingresó al Mar Caribe como parte de un amplio despliegue militar sin precedentes.
El 10 de diciembre Estados Unidos incautó un petrolero de gran tamaño, un supertanker, que transportaba aproximadamente 1.8 millones de barriles de petróleo crudo venezolano. Mediante helicópteros se abordó el buque en una acción militar a la que la tripulación no se resistió y no hubo víctimas. El buque fue redirigido a los Estados Unidos y Trump declaró que se quedará con el buque y la carga mediante un proceso legal de decomiso. Esta acción escala las múltiples sanciones económicas con las que Estados Unidos intenta provocar un cambio de gobierno en Venezuela.
Venezuela declaró que la acción es piratería internacional y un ataque a su soberanía. Considera llevar el caso ante instancias internacionales; lo que difícilmente puede verse con optimismo.
Lo que ocurre en Venezuela es la puesta en práctica de una “Estrategia de Seguridad Nacional” que el gobierno de Trump publicó a fines de noviembre y que ha conmocionado al mundo, en particular a sus aliados. Un párrafo clave de la doctrina dice:
Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental, y para proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro Hemisferio. Este ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe es del sentido común y constituye una potente restauración del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos.
Lo doctrina Monroe surgió como una afirmación de que las potencias coloniales europeas no deberían intentar re apoderarse de países del continente americano; luego evolucionó a justificar golpes de estado inducidos o directamente ejercidos por intervenciones militares de los Estados Unidos. Esta nueva versión de la doctrina Monroe es aún más agresiva. En ella el gobierno de Trump habla de irrestricto a “geografías clave en toda la región” y del control de activos estratégicos vitales para su país.
Los Estados Unidos ejercitan en Venezuela acciones extremas contra el país más debilitado por años de sanciones económicas y, al mismo tiempo el que tiene mayores reservas energéticas del mundo. Un blanco ideal para intervenir y decidir que sus riquezas no deben ser explotadas por empresas que no sean norteamericanas.
Desde México no podemos ver lo que ocurre como algo distante; sino como una advertencia que debe preocuparnos. Sobre todo porque décadas de renuncia a la soberanía alimentaria, energética y monetaria, nos han colocado en situación de enorme dependencia de los alimentos, la energía y las inversiones de capitales externos. Es inevitable que la estrategia económica cambie de manera radical. Para bien o para peor. Es mejor que se tomen las riendas del cambio desde adentro; o vamos a ser golpeados desde afuera.
