El descarrilamiento del Tren Interoceánico, parte del paquete de obras emblemáticas del gobierno anterior, es una tragedia que ni siquiera imaginaron quienes concibieron el proyecto, pero sí lo consideraron como posibilidad algunos de los participantes indirectos en su ejecución.
El tren fue diseñado, construido y es operado por la Secretaría de Marina, en una de esas decisiones que siempre se le cuestionaron al compañero Andrés Manuel, cuando se le recordaba que estaba dando demasiadas tareas civiles a las fuerzas armadas.
Y aunque en esa dependencia existen profesionistas muy capacitados y les caracteriza la disciplina, nunca una institución militar sin experiencia en este tipo de obras va a suplir a una empresa privada, sea nacional o internacional, que ha hecho eso siempre y con resultados favorables.
El punto es que la tragedia ocurrida el domingo dejó un saldo de 13 personas muertas y 98 lesionadas, muchas de ellas de gravedad. Además, indudablemente existe ya un daño reputacional al Tren y a quienes intervinieron en la construcción, pero especialmente a la Secretaría de Marina, como si no fuera suficiente ya con lo del escándalo del huachicol en el que están involucrados los sobrinos del anterior titular, Rafael Ojeda.
Las autoridades involucradas en las investigaciones que se iniciaron deberían tener en cuenta que para encontrar la causa del accidente que dejó enlutadas a esas familias y afectadas a más de 100, es preciso ir al origen.
No solo es el tema del descarrilamiento por una falla técnica en los sistemas de conducción de la locomotora, o de deficiencias en las vías, o la mala planeación, o lo viejo de los carros. No, debe revisarse todo, desde las etapas de construcción.
Esto, porque ayer el medio digital Emeequis publicó un reportaje especial en donde señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades financieras justamente en los trabajos de rehabilitación de la línea ferroviaria en donde se registró el accidente fatal.
De acuerdo con Emeequis, las revisiones a las Cuentas Públicas de 2020 y 2023 -ambas del gobierno de López Obrador- se detectaron anomalías por más de 33.5 millones de pesos en el uso de dinero público y se encontró que había obras fantasmas, anticipos por trabajos no ejecutados, contratos con costos inflados, personal inexistente y rieles a sobreprecio que nunca se instalaron.
El trabajo periodístico relata que la ASF se percató de graves irregularidades que, sin duda, influyeron en la calidad deficiente del Tren Interoceánico y convierten eso en una de las causas probables de la tragedia que dejó 13 muertos.
Es un reto para la Fiscalía General de la República (FGR) llevar las investigaciones a fondo y determinar quién o quiénes tienen responsabilidad, sean de la Secretaría de Marina y de las demás dependencias participantes en el proyecto del tren que fue presumido por el compañero Andrés Manuel como una de las obras más importantes de su gobierno.
SI existen indicios de que los hijos y amigos de López Obrador estuvieron involucrados haciendo negocios millonarios que a final de cuentas influyeron en el descarrilamiento del tren, por la deficiente calidad de los materiales, debe irse a fondo, independientemente de si con eso se afecta o no al movimiento.
La magnitud de la tragedia no puede dejarse de lado por intereses políticos, como sucedió con la caída de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, en tiempos en los que la actual presidenta era Jefa de Gobierno. En ambos casos hubo personas fallecidas y muchos lesionados y en los dos, la impunidad cubrió con su manto a los verdaderos responsables, lo que no aparecen en las indagatorias, pero están cercanos al poder en turno.
Tratar de evadir por ahora la gravedad del asunto diciendo que la tragedia es aprovechada políticamente por los adversarios del régimen, es una acción cuestionable porque no va al fondo del asunto, no reconoce la posibilidad de que desde dentro del gobierno hay responsables que deben ser llevados ante la justicia.
ESCOTILLA
La presidenta Claudia Sheinbaum visitó a varios de los lesionados que fueron internados en hospitales del IMSS y del ISSSTE en Tehuantepec y Salina Cruz, para revisar que los estén atendiendo bien.
Es casi seguro que, pese a la premura de la visita presidencial, los titulares del ISSSTE y de IMSS hayan logrado que se tuvieran los medicamentos, el equipo y el personal necesario para brindar un servicio digno a los pacientes. Como se sabe, todo el año, pero especialmente en estas fechas, en ambas instituciones siempre faltan médicos, insumos, camas y personal. Eso lo saben todos.
Por. Tomás Briones
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