TAMAULIPAS, MÉXICO.- La extracción desmedida, la sequía y la falta de regulación técnica han generado una crisis hídrica bajo tierra.
Tamaulipas cuenta con 14 acuíferos subterráneos catalogados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estructuras geológicas que funcionan como esponjas naturales capaces de almacenar y liberar agua de forma sostenida.
Cada uno de ellos tiene un balance propio entre recarga, extracción y disponibilidad, y es justamente ese balance el que está mostrando señales de alerta.
De acuerdo con los datos oficiales más recientes sobre Disponibilidad Media Anual (DMA) (estudio emitido por la CONAGUA donde detalla el volumen de agua subterránea que puede extraerse sin comprometer el balance hídrico), varios acuíferos presentan déficits considerables.
Entre estos se encuentra el acuífero Victoria–Güémez, que abastece a una porción significativa de la región centro y norte, mismo que muestra un déficit de 30.12 hectómetros cúbicos por año; esto significa que se extrae más agua de la que naturalmente se recarga, erosionando las reservas subterráneas.
Así también, el Hidalgo–Villagrán y Márgenes del Río Purificación son otros ejemplos donde la disponibilidad es negativa, es decir, no existe volumen disponible para nuevas concesiones sin agravar la sobreexplotación.
En contraste, algunos acuíferos como Bajo Río Bravo o Aldama–Soto La Marina muestran una disponibilidad aparentemente positiva en términos cuantitativos.
Sin embargo, expertos advierten que estos números pueden ser engañosos si no se consideran otros factores como clima, demandas futuras y usos agrícolas intensivos.
Un análisis adicional del índice de disponibilidad de los acuíferos, recientemente incorporado en informes técnicos, ubica a Victoria–Güémez en una zona de disponibilidad crítica (Índice de Disponibilidad −0.3758), junto con otros cuerpos como Victoria–Casas y Hidalgo–Villagrán, que también se encuentran en zonas de disponibilidad menor o deficitaria.
Pero el problema no es solo la extracción, es la gestión, pues detrás de estos números hay factores que agravan la crisis.
Durante años se otorgaron concesiones de agua subterránea sin una revisión técnica exhaustiva del potencial real de los acuíferos, lo que derivó en títulos que, en algunos casos, superan la oferta potencial de los mantos, según denuncian autoridades estatales.
Esto se traduce en un impacto directo en la disponibilidad del recurso: un informe reciente del 2023 de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, señala que cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, han perdido alrededor del 20% de su volumen debido a concesiones desmedidas y explotación irregular.
Además, las lluvias registradas en años recientes han sido insuficientes para recargar los acuíferos, particularmente en el altiplano tamaulipeco, donde muchos mantos dependen de precipitación regular para recuperar niveles.
Concesiones vigentes: ¿cuántas y qué significan?
Aunque el conteo exacto de concesiones por acuífero y municipio no se publica con detalle actualizado, diversas fuentes coinciden en que miles de títulos de aprovechamiento de aguas subterráneas están vigentes en Tamaulipas, muchos de ellos sin una vinculación técnica clara con la disponibilidad actual del recurso, lo cual es un asunto crítico para la toma de decisiones futuras.
La falta de una base de datos sólida y accesible sobre cuántas ni cómo se usan estas concesiones dificulta incluso estimar con precisión cuántos hectómetros cúbicos de agua subterránea están comprometidos en comparación con lo que realmente puede proveer cada acuífero.
Los acuíferos no son una reserva estática, pues funcionan como sistemas vivos: su nivel de agua puede descender, pero su recarga ocurre lentamente, dependiendo de lluvias, permeabilidad del suelo y condiciones climáticas.
Por lo tanto, cuando se extrae más de lo que se reabastece, se produce un agrietamiento de la sostenibilidad del recurso.
Esto tiene consecuencias claras para la población: menor disponibilidad de agua para uso urbano, agrícola e industrial, aumento en los costos de extracción, y mayor presión sobre los sistemas superficiales como ríos y presas.
Ante este panorama, organizaciones estatales y federales han señalado la necesidad de evaluar y revisar las concesiones vigentes, ajustar permisos a la realidad hidrológica de los acuíferos y fortalecer los mecanismos de medición y monitoreo.
La gestión sostenible de los acuíferos de Tamaulipas ya no es una opción; es un imperativo ante la evidencia: algunos de los sistemas que proveen de agua a miles de familias y a la producción agrícola están siendo extraídos a un ritmo que la naturaleza no puede compensar.
En este escenario, los números (en sus hectómetros cúbicos, índices y balances) dejan de ser abstractos para convertirse en la base de una política hídrica que, más que nunca, debe ser técnica, transparente y sustentable.
Por. Antonio H. Mandujano
Expreso-La Razón
