México observa el reacomodo energético global desde una posición incómoda, mientras Estados Unidos amplía su capacidad de influencia sobre el petróleo venezolano, las decisiones que afectan precios, flujos y expectativas se toman fuera del país, y sus efectos llegan de manera directa a las finanzas públicas, al mercado interno y al margen real de maniobra del gobierno.
El petróleo venezolano no impacta a México por el volumen inmediato que coloca en el mercado, sino por su peso estratégico en la oferta futura, Venezuela concentra más de 300 mil millones de barriles de reservas probadas, las mayores del mundo según la OPEP, aunque hoy produce apenas alrededor de un millón de barriles diarios, esa brecha entre potencial y producción es la que reconfigura expectativas, modera volatilidad y estabiliza precios en el mediano plazo.
Para México, un entorno de mayor previsibilidad en los precios internacionales no es necesariamente una buena noticia, precios más contenidos reducen ingresos petroleros, estimaciones de la Secretaría de Hacienda indican que por cada cinco dólares que cae el precio del barril, el gobierno federal deja de percibir entre 60 y 70 mil millones de pesos al año, un impacto directo sobre un presupuesto que ya opera con márgenes estrechos.
Ese efecto llega en un momento delicado, con un déficit fiscal cercano al cinco por ciento del PIB, el más alto en décadas, un gasto social creciente y compromisos financieros rígidos, el petróleo ya no sostiene las finanzas públicas como en el pasado, pero sigue funcionando como un amortiguador implícito, cuando ese soporte se adelgaza, las opciones se reducen a recortes, mayor endeudamiento o ajustes fiscales políticamente costosos.
Pemex es el eslabón más vulnerable de esta cadena, la producción promedio ronda 1.6 millones de barriles diarios, muy por debajo de los niveles de hace una década y lejos de los objetivos oficiales, mientras la empresa carga con una deuda financiera superior a los 100 mil millones de dólares, la petrolera más endeudada del mundo, en un mercado más estable y con mayor disciplina financiera, la ineficiencia pesa más y se castiga con mayor rapidez.
En el frente de combustibles, el impacto es menos visible pero persistente, México importa más del 70 por ciento de los combustibles refinados que consume, una dependencia estructural documentada por la Agencia Internacional de Energía, lo que implica que decisiones tomadas fuera del país se trasladan de manera casi inmediata a precios internos, subsidios y estímulos fiscales, cada vez más condicionados por el tipo de cambio y la recaudación.
La contención de alzas en gasolinas no es resultado de soberanía energética, sino de estímulos fiscales costosos y transitorios, en 2022 y 2023 estos apoyos representaron cientos de miles de millones de pesos en ingresos no recaudados, cuando el margen presupuestal se reduce, esa contención se vuelve frágil y políticamente sensible, cualquier ajuste externo se convierte en presión directa sobre el consumidor.
El problema de fondo es estructural, México sostiene una narrativa de autosuficiencia energética mientras opera en un mercado profundamente integrado y dependiente, la influencia externa sobre precios y flujos expone esa contradicción con crudeza, especialmente cuando el petróleo deja de ser una palanca efectiva de control interno y se convierte en una variable exógena.
Estados Unidos consolida su papel como árbitro energético regional y México queda como tomador de precios, no por ideología sino por realidad operativa, sin capacidad real de incidir en el mercado internacional, las decisiones clave se asimilan, no se negocian, y sus costos se absorben internamente.
En público conviene decirlo así, lo que ocurra con el petróleo venezolano impacta a México no mañana, sino hoy, en el presupuesto, en Pemex, en los combustibles y en la estabilidad fiscal, el margen para improvisar se agotó y cada dólar del barril cuenta, no en el discurso, sino en la vida económica cotidiana.
Por. Nora M. García
