TAMAULIPAS, MÉXICO.- En el conflicto entre ejidatarios de Llera y la empresa que opera los parques eólicos en esa región, el secretario de Energía de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, aseguró que el Gobierno del Estado ya cumplió con la instrucción del gobernador al acompañar a los campesinos en la presentación de una demanda ante los tribunales agrarios, con el objetivo de establecer un nuevo contrato que garantice condiciones de justicia y beneficio mutuo.
El funcionario explicó que la demanda, ya interpuesta, busca la renegociación de la contraprestación por el uso de las tierras, de manera que se otorguen condiciones de seguridad, gobernanza, acceso a los recursos y un pago justo a los ejidatarios por la instalación de los aerogeneradores en sus parcelas.
Precisó que, a partir de ahora, será la autoridad federal agraria la encargada de conducir el proceso legal y definir la realización de un nuevo contrato, mientras que, en el ámbito interno, corresponderá a los propios ejidatarios revisar la rendición de cuentas sobre los pagos realizados por la empresa a la comitiva que los representa.
Ángel Jiménez subrayó que el Gobierno estatal ha identificado una ventana de oportunidad para la negociación, aunque aclaró que se trata de un conflicto entre particulares, en el que las autoridades solo pueden fungir como árbitros, sin inclinarse por alguna de las partes, ya que el contrato original fue firmado por los propios dirigentes del movimiento campesino.
“La defensa del Gobierno de Tamaulipas es preparar las condiciones para un nuevo contrato y pactar nuevas reglas que permitan que este siga siendo un negocio a largo plazo, con beneficios para ambas partes”, sostuvo.
El secretario afirmó también que existe voluntad tanto de los ejidatarios como de la empresa para avanzar en la firma de un nuevo acuerdo, lo cual quedó demostrado con la presentación de la demanda y con la disposición de la compañía para revisar la contraprestación por el arrendamiento de las tierras.
Sobre el contenido del nuevo contrato, destacó que deberá definirse en una mesa de negociación, donde se pacten condiciones de equidad y justicia.
No obstante, aclaró que, por decisión de los propios dirigentes ejidales, el Gobierno del Estado ya no participa de manera directa en el seguimiento legal del proceso, aunque se mantendrá atento y disponible para brindar apoyo cuando sea requerido.
Y respecto a los presuntos adeudos señalados por los campesinos, indicó que estos deberán definirse dentro de la renegociación, tras revisar lo estipulado en el contrato original.
Ye d que afirmó que el Gobierno no puede asumir como ciertos ni negar los señalamientos, para no tomar partido en el litigio, pero sí promover una revisión integral que derive en un acuerdo equitativo.
Finalmente, señaló que, de acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, alrededor de 100 ejidatarios serían los directamente impactados por la instalación de los aerogeneradores y podrían acceder a una nueva contraprestación en caso de concretarse el nuevo contrato.
Por Antonio H. Mandujano
Expreso
