La celebración del periodista por su conmemoración el cuatro de enero despierta todo tipo de interrogantes sobre el futuro de los medios, el del periodismo y el de un oficio que, desde el poder, vaticinan su inminente extinción.
Las redes sociales y la inteligencia artificial se asoman como el eje de consumo y de interacción cotidiana de cualquier usuario y han delegado, conforme pasa el tiempo, el papel de los medios convencionales en sus distintas plataformas. Sin embargo, el papel del periodista, pese a cualquier profecía, es de suma importancia para cualquier sociedad y también para el Estado.
La evolución histórica del ejercicio periodístico avanzó en las últimas décadas con miras a la especialización, a una exhaustiva verificación y a la estipulación de reglas y su respectiva legislación desde la ciudadanía para un ejercicio apegado a ejercer un derecho fundamental, con las limitantes de no recurrir a la difamación o al uso de información falsa.
Las redes sociales, curiosamente, contribuyeron en gran forma para que los usuarios dejaran en evidencia el periodismo deficiente o reconocieran un periodismo apegado a la veracidad y bien fundamentado que, en muchos casos del mundo, de México y de Tamaulipas, generaron el suficiente impacto en la opinión pública.
Pero al final, desde el poder, sin las delimitaciones ya impuestas a la prensa analógica y sin la suficiente capacitación que profesionistas, comunicadores y periodistas enfrentan por la exigencia de las audiencias, desde las redes sociales y generalmente bajo el anonimato, el periodismo profesional es amenazado por figuras del poder y/o empresarios de “marketing” que utilizan el desprestigio, el descrédito e incluso la intimidación y la extorsión como norma. Y lo más preocupante: como una herramienta en el ejercicio del poder.
Pareciera inaudito que, tras una pandemia, con todas las herramientas que las empresas estadounidenses que manejan las plataformas de redes sociales poseen, se mantuviera una estricta regulación en la verificación de información que impidió la difusión de información falsa sobre la pandemia.
Y que ese mismo tipo de herramientas no se utilicen para depurar contenidos con información falsa o que atenten en contra de la integridad de cualquier persona, comunidad o grupo.
Las redes sociales en Tamaulipas tomaron importancia y fueron una herramienta para informar a la ciudadanía sobre los acontecimientos de inseguridad, debido a una prensa intimidada y atacada por los mismos grupos delincuenciales.
Y también desde el poder, bajo esa misma coyuntura, se intentó desacreditarlas por no ejercer un derecho que desde el mismo poder les fue negado, generalmente por la colusión con los grupos delincuenciales.
Y, en paralelo, con páginas de denuncia y señalamientos de estructuras criminales, usuarios alimentados por el poder o por grupos de poder aprovecharon para hacer lo mismo, pero con herramientas comunicativas de desprestigio y de ataque tanto a los denunciantes de los estragos de la inseguridad como para desacreditar a la prensa e iniciar campañas de guerra sucia con adversarios.
Desde el panismo federal (al que perteneció Cabeza de Vaca) se orquestaron golpes legales auspiciados por esas mismas herramientas para iniciar una persecución política jamás vista en la historia del país y en Tamaulipas.
Mientras la prensa local (y la nacional) aumentaba su nivel de especialización, los medios a modo que por décadas amasaron fortunas con sus aliados priistas y panistas (principalmente cadenas de televisión) colapsaron primero que los mismos medios convencionales, como la prensa escrita y la radio.
¿Cuál era la diferencia que los separó en el camino, salvo considerables excepciones?
Que la prensa escrita y la radio lograron especializar su producción informativa más allá del uso de la tecnología: el contenido era lo primordial.
Pero con la evolución de las redes sociales como plataformas de interacción entre usuarios y difusión de información, y con la falta de regulación de algoritmos a modo del mejor postor, los medios entraron en una etapa de control y sometimiento por el mercado y el poder para debilitar su nivel de impacto.
Casualmente, el efecto Trump en 2016 y su llegada al poder, además de los frentes legales abiertos principalmente contra Facebook, sirvieron más para frenar los fake news que, según los demócratas en ese entonces en el poder, intentaron restringir a los medios convencionales y, desde las herramientas de monetización, permitieron que grupos emergentes del poder llenaran los vacíos con aún más información falsa.
El ascenso de los nuevos modelos de comunicación basados en redes no se ha aterrizado con la regulación que se ha hecho por años por parte del Estado a los medios convencionales.
Medios fantasma, influencers ficticios o reales pero identificados con el poder o con grupos de poder, o políticos asesorados por “expertos en comunicación y marketing”, han mermado el trabajo del periodista al nivel que actualmente padece la mayoría del gremio.
En Tamaulipas, por ejemplo, y pese a los esfuerzos que se han realizado desde el poder estatal en turno, existen evidentes casos de cómo grupos de poder, auspiciados o no por la delincuencia organizada, manejan el desprestigio y la desinformación como una herramienta de represión y como una forma de terrorismo digital.
Desde los poderes correspondientes ha faltado contundencia en la fiscalización de poderes locales e incluso de sus propias filas para dar con empresas, empresarios o prestadores de servicio involucrados en la orquestación de guerras sucias, generalmente en contra del mismo gremio y en otro aspecto fundamental:
Hacer un llamado o fomentar la regularización del manejo de información en redes sociales. La libertad de expresión es un derecho fundamental siempre y cuando no afecte a terceros, y un principio básico para desacreditar medios o personajes financiados para el terrorismo digital bastaría con una etiqueta que indique si es o no información verificada.
Además de la participación que el mismo gremio periodístico pudiera tener desde sus espacios informativos, con o sin el poder, para sumar fuerzas en ese ejercicio.
Y como constantemente se ha reiterado en este espacio —y Victoria es uno de los ejemplos más claros—:
La rendición de cuentas por parte de las autoridades en todos sus niveles sobre el manejo de presupuestos destinados a empresas que, con un análisis incluso básico, permiten relacionar el uso del recurso con su coincidencia en campañas de desprestigio.
Debería ser un trabajo para las autoridades de justicia.
Y también para las electorales…
POR PEDRO ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ
pedroalfonso88@gmail.com
