Rumbo a las elecciones de 2027, el contexto político exhibe una realidad incómoda, los partidos atraviesan una crisis profunda, dejaron de ser espacios de representación y debate, hoy sobreviven como estructuras vacías cuyo futuro depende de quién esté dispuesto a comprar la franquicia.
Las declaraciones de principios y los estatutos internos se han vuelto papeles decorativos, nadie los lee y nadie los respeta, la mercantilización de la política los volvió irrelevantes, ya no importan las ideas ni los programas, importa quién llega con poder, dinero y capacidad de presión.
La meritocracia quedó sepultada bajo acuerdos en lo oscurito, trayectorias, trabajo territorial y coherencia pesan menos que una billetera generosa o una red de influencias, basta con aparecer en el momento adecuado para que las siglas se presten, se negocien o se entreguen sin pudor.
En ese esquema, los liderazgos partidistas operan con una sola norma no escrita pero perfectamente entendida, el que paga manda, así se definen candidaturas, listas, alianzas y silencios, no desde la convicción política, sino desde la lógica del negocio.
El fenómeno atraviesa por igual al PRI, al PAN, a Morena, a Movimiento Ciudadano y al Verde, cada uno con su discurso y su narrativa, pero todos atrapados en el mismo proceso de vaciamiento, partidos sin identidad que funcionan como vehículos de ocasión.
El daño para la democracia es profundo, las opciones reales se reducen, el menú electoral se empobrece y lo que queda en la pasarela, salvo contadas excepciones, son políticos patrocinados por grupos de poder económico o político, diseñados para administrar intereses.
En Tamaulipas el escenario es todavía más preocupante, porque a la captura económica se suma la influencia de los grupos fácticos, actores que no dan la cara, pero financian, presionan y deciden, controlando regiones completas y trayectorias públicas.
Así, el voto pierde sentido, la competencia se convierte en simulación y las campañas en simple escenografía, mientras las decisiones relevantes se toman lejos de las urnas, en mesas cerradas donde no hay actas, ni ciudadanos, ni rendición de cuentas.
La democracia se reduce a un trámite periódico, útil para legitimar acuerdos previos, no para canalizar demandas sociales, el ciudadano observa, vota y regresa a casa, mientras el poder real sigue moviéndose por fuera del proceso electoral.
De cara a 2027, más que discursos grandilocuentes o promesas recicladas, la pregunta central es si habrá espacio para una política que vuelva a mirar a la gente, o si seguiremos normalizando un sistema donde las siglas se rentan.
Resulta entonces que los partidos se convierten en negocios, las campañas en inversiones y los cargos en recompensas, mientras que está en juego una elección, pero también sino la viabilidad misma de la vida democrática. Lamentable, sí, pero sobre todo peligroso.
POR NORA M. GARCÍA
