MÉXICO.- Organizaciones periodísticas y medios de comunicación reforzaron su exigencia para que Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, sea liberado.
Este viernes 9 de enero, un episodio alarmante tuvo lugar en el aeropuerto de Monterrey cuando el directivo fue detenido por agentes de la fiscalía de Nuevo León en lo que fue calificado de forma unánime como una detención ilegal. La acción, impulsada por la fiscalía con el apoyo de la Guardia Nacional, se produjo en un contexto de absoluta opacidad y sin una justificación clara, dado que la detención se realizó en una ciudad distinta a donde Castilla reside habitualmente, en Saltillo.
Las autoridades imputan a Castilla la inasistencia a una citación del Ministerio Público, un argumento que abogados consultados desaprueban categóricamente, señalándolo como un claro abuso del poder judicial caracterizado por fiscales que “fabrican casos” para justificar arrestos.
La naturaleza de este procedimiento, advierten, parece más un ataque sistemático que un caso legal legítimo. Cada vez más, se percibe que la presión judicial contra Grupo Vanguardia no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia orquestada desde las altas esferas del poder, encaminada a silenciar voces críticas en el ámbito mediático.
Grupo Vanguardia, un referente en el periodismo del noreste de México, ha denunciado por años el acoso del que ha sido víctima, intensificándose en los últimos tiempos.
Diversos medios de comunicación de México, entre ellos Grupo Editorial Expreso-La Razón, emitieron un pronunciamiento conjunto este fin de semana para condenar la detención.
En un comunicado firmado por múltiples organizaciones periodísticas, los medios calificaron la detención como “abusiva, arbitraria y profundamente preocupante”, señalando que representa un “uso indebido del aparato de procuración de justicia” y advirtiendo sobre un posible intento de silenciar a la prensa crítica mediante la instrumentalización del sistema penal.
Según el pronunciamiento, la detención de Castilla Galindo se deriva de una controversia de carácter mercantil relacionada con un inmueble propiedad de su familia en Saltillo, Coahuila. El predio en cuestión forma parte de un proceso mercantil como garantía, aunque no se encuentra embargado ni sujeto a litigio.
El conflicto se originó tras la firma de un contrato de arrendamiento para instalar un anuncio espectacular sobre una porción del terreno equivalente a 45 metros cuadrados. Los medios firmantes denuncian que, a partir de este acto comercial “plenamente documentable y realizado en el marco de la ley”, se construyó de manera “artificiosa” un caso penal por supuesto fraude.
“Resulta inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo para la instalación de un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo, con una fuerza desmedida, como si se tratara de la captura de un criminal de alta peligrosidad”, señala el documento.
El comunicado destaca que hasta el momento no se ha revelado quién es la contraparte en el conflicto, ni se han ofrecido explicaciones claras que justifiquen la transformación de una disputa mercantil en una persecución penal. Los medios cuestionan la opacidad del proceso y la desproporcionalidad de la respuesta de las autoridades.
Las organizaciones firmantes subrayan que el delito que se pretende imputar no es considerado grave según la legislación mexicana y no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que cualquier intento de mantener a Castilla Galindo privado de la libertad constituiría “un abuso de poder y una violación a los principios básicos del debido proceso”.
El pronunciamiento advierte que este caso sienta “un precedente alarmante” sobre la utilización del sistema penal para dirimir disputas mercantiles y dañar la reputación de directivos de medios de comunicación, con el objetivo último de “silenciar a la prensa incómoda al poder”.
“Este tipo de prácticas no solo vulnera derechos individuales, sino que atenta contra la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a estar informada”, enfatiza el documento.
Los medios exigen que las autoridades actúen “con legalidad, proporcionalidad y apego irrestricto al debido proceso”, y que el caso sea tratado en el ámbito correspondiente: el mercantil, no el penal. “La justicia, reiteramos, no puede ser un instrumento de presión ni de venganza a conveniencia”, concluye el pronunciamiento.
Por. Staff
