CIUDAD DE MÉXICO.— Un día como hoy, pero de 1989, el gobierno federal ejecutó uno de los golpes políticos más contundentes del México contemporáneo: la caída de Joaquín Hernández Galicia, conocido como «La Quina», entonces líder absoluto del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
La detención ocurrió apenas semanas después del inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y fue presentada oficialmente como una acción contra la corrupción y el abuso de poder. En los hechos, significó el desmantelamiento de uno de los cacicazgos sindicales más influyentes del país, con control político, económico y territorial dentro de Pemex.
Hernández Galicia fue arrestado en su residencia de Ciudad Madero, Tamaulipas, durante un operativo federal que marcó época. Las autoridades lo acusaron de acopio ilegal de armas y homicidio, cargos que con el tiempo se diluyeron, pero que cumplieron su objetivo político inmediato: terminar con su poder y enviar un mensaje claro a sindicatos y grupos fácticos.
La caída de La Quina abrió paso a una reconfiguración del sindicalismo petrolero, alineado desde entonces al poder presidencial. Para muchos analistas, aquel episodio inauguró el llamado “salinismo autoritario”, donde la legalidad fue usada como instrumento de control político, más que como un ejercicio pleno de justicia.
A más de tres décadas de distancia, el caso sigue siendo referente obligado para entender la relación entre el Estado mexicano, Pemex y los liderazgos sindicales, así como la forma en que el poder presidencial ha intervenido históricamente para poner y quitar actores clave en sectores estratégicos.
La caída de La Quina no sólo fue el fin de un hombre, sino el cierre de una era del sindicalismo petrolero y el inicio de otra, igual de poderosa.
