La historia rara vez cambia por sorpresa. Cambia porque algo llevaba años rompiéndose y, en algún punto, alguien empuja donde ya no quedan columnas. En 1914, en Sarajevo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando detonó la Primera Guerra Mundial y evidenció un orden imperial ya corroído. La guerra no nació del disparo; el disparo solo reveló lo inevitable. Ese es el patrón: la chispa siempre parece extraordinaria; al incendio le toma tiempo incubarse.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de los Estados Unidos no creó la crisis venezolana, pero confirmó algo más profundo: el sistema que sostenía al régimen estaba fracturado. Fue el desenlace visible; el colapso llevaba años avanzando en silencio.
Los gobiernos no caen de un día para otro. Primero dejan de representar. Luego dejan de ofrecer futuro. Luego se sostienen solo con la fuerza. Cuando el poder deja de convencer, simula; cuando deja de simular, reprime; y cuando ni siquiera la represión alcanza, el poder se vuelve negociable.
Venezuela recorrió ese camino: economía colapsada, instituciones vacías, política convertida en sobrevivencia. El fraude electoral de 2024 terminó de romper el vínculo con la ciudadanía. La “voluntad del pueblo” se transformó en consigna hueca. El voto dejó de mandar; el dictador decidió por él. Ahí comenzó el verdadero derrumbe.
El petróleo añade otra capa. No es solo energía: es control, moneda y poder. Integrar el crudo venezolano a circuitos dolarizados no inaugura el petrodólar, pero lo refuerza en un mundo donde las finanzas pesan tanto como los ejércitos. Un país debilitado deja de ser actor y se convierte en ficha.
La acción de Estados Unidos fue unilateral y autoritaria, sin consenso internacional ni la autorización de un órgano supranacional efectivo. Ese acto no solo expuso la fragilidad del derecho internacional, sino la inexistencia de una autoridad global capaz de frenar tanto la extracción de un jefe de Estado ni la manipulación electoral previa.
Ese vacío de autoridad no es un problema abstracto. Se traduce en una sensación cotidiana de indefensión. Si no existe una instancia capaz de frenar a un gobierno que manipula elecciones, ni de contener a una potencia que actúa por la fuerza cuando le conviene, el mensaje para las sociedades es devastador: la ley existe solo mientras no incomode al poder.
La política deja de ser un espacio de participación y se transforma en un territorio de resignación y violencia. Cuando las reglas ya no protegen a los ciudadanos, lo que impera en la práctica es la ley del más fuerte. La palabra pierde valor, el voto se vuelve irrelevante y la fuerza —económica, militar o criminal— ocupa el lugar que debería tener la justicia.
Tras la captura de Maduro, muchos gobiernos condenaron la acción y apelaron al derecho internacional. El problema no es el principio, sino su selectividad. Ese mismo derecho fue invocado con tibieza cuando se anuló el voto, se reprimió la protesta y se canceló la alternancia. Se defendió con firmeza la soberanía del Estado, pero no la soberanía del ciudadano.
México no solo llegó tarde; llegó mal posicionado. Al condenar con énfasis una acción unilateral mientras guardó silencio ante el fraude que anuló la voluntad popular en Venezuela, el Estado mexicano optó por una moral selectiva que debilita su propia voz. No se defendió a los ciudadanos cuando se violentó su voto, pero sí se defendió al poder cuando se violentó la soberanía. Esa incongruencia no es doctrinaria: es estratégica, y se paga caro. En vísperas de la revisión del T-MEC, México no se presenta como un actor firme y confiable, sino como uno predecible en su retórica e inconsistente en sus prioridades. La ambigüedad moral no otorga autonomía; reduce margen y expone vulnerabilidades.
Aquí emerge una verdad incómoda: muchos políticos hablan de “la voluntad del pueblo” cuando en realidad defienden la voluntad del poder. El pueblo se menciona, pero no se escucha. La democracia se nombra, pero no se ejerce. Esa incoherencia erosiona desde dentro cualquier sistema político.
Quitar al dictador no es desmontar la dictadura. Las mafias, la corrupción, la violencia y las redes de poder siguen ahí. Cambia el rostro, no la estructura.
Rousseau advirtió que la soberanía reside en la voluntad general, no en quienes dicen representarla. Cuando esa voluntad se vacía, el contrato social se rompe, aunque el gobierno siga funcionando.
Y esta es la herida social que queda abierta: los pueblos no pierden la libertad con la llegada de un dictador, sino el día en que se acostumbran a vivir sin voz, a llamar estabilidad al miedo y normalidad a la injusticia.
Cuando eso ocurre, el poder puede cambiar de manos, pero la sociedad ya fue derrotada. No por un ejército ni por un dictador, sino por el hábito de aceptar la injusticia como si fuera normalidad.
