Por. Juan Carlos López Aceves
Sabiendo que en estas situaciones lo más fácil es desentenderse y dejar que la papa caliente pase al siguiente sexenio, de manera responsable y solidaria con la burocracia, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA decidió tomar el toro por los cuernos, a diferencia de lo que hizo el gobierno anterior, impulsando la reforma a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Tamaulipas, dando viabilidad al fondo de pensiones para los próximos 25 años.
Esta reforma a la ley del IPSSET, representa un hecho inédito en la historia de la previsión social en Tamaulipas, pues por primera vez se logra un equilibrio entre la protección de los derechos adquiridos de las y los trabajadores en activo y la construcción de un modelo sostenible para las nuevas generaciones del funcionariado estatal.
Recordemos que, desde su creación en 1984, a la mitad del sexenio de EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU, con la expedición de la Ley de la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, UPYSSET, este ordenamiento permaneció vigente durante más de tres décadas, sin sufrir adecuaciones sustantivas, manteniendo intacto el esquema de aportaciones, en donde las pensiones se otorgaban sin requerir edad mínima de jubilación, con 25 años de cotización las mujeres y 30 años para los hombres.
Hasta el 2015, cuando entra en vigor la Ley del IPSSET, en el último tercio del gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ, estableciendo por primera vez la edad mínima mínimas de jubilación para los de nuevo ingreso, mujeres (60 años), hombres (62 años), y se incrementaron las aportaciones progresivamente del 2015 al 2020, llegando a un total de 32% (trabajador 10.5% y patrón 21.5%), quedando asentado una revisión por parte del Instituto, cada dos años o antes si así fuera necesario, para garantizar la permanencia de los beneficios en dicha ley y proponer reformas o adiciones legales que se estimaran necesarias.
Revisiones que eran fundamentales para fortalecer la suficiencia del fondo de pensiones de las y los trabajadores, que nunca se realizaron durante el sexenio de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, poniendo en peligro su viabilidad y los derechos adquiridos por la burocracia.
Cuando un Instituto de esta naturaleza colapsa, quienes más pierden son los trabajadores, implicando a la vez un alto riesgo para las finanzas estatales, convirtiéndose en un factor de riesgo que limitar la operación de la administración pública, al dejar de invertir recursos en áreas como infraestructura, salud, educación, seguridad pública, entre otros, para aplicarlos en aportaciones extraordinarias en el pago de pensiones.
Por esta razón, el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA entró al quite, al promover la iniciativa de reforma a la Ley del IPSSET, para evitar este colapso y darle viabilidad al fondo de pensiones para los próximos 25 años, representando una decisión que salvaguarda los derechos de la burocracia tamaulipeca y evita sofocar las finanzas estatales.
La reforma a la Ley del IPSSET, aprobada el 19 de diciembre pasado, asegura el pago de las pensiones actuales y futuras, respeta los derechos de las y los pensionistas en curso de pago, garantizar sus derechos adquiridos, asegurando una transición ordenada y progresiva en las aportaciones de las nuevas prestaciones para los trabajadores en activo.
Finalmente, la decisión del mandatario tamaulipeco, de salvar un fondo que es vital para burocracia y sus familias, fue avalada por el voto de la bancada de MORENA en la 66 Legislatura, mientras que el PAN se desentendió del tema, como lo hizo en su momento CABEZA DE VACA.
