Por Juan Sánchez Mendoza
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TAMAULIPAS, MÉXICO.- Este día la comisión presidencial para la reforma electoral podría entregarle a Claudia Sheinbaum Pardo su propuesta final para redactar la iniciativa de ley que, ella misma, habrá de presentar ante el Congreso de la Unión.
Todavía no se ha determinado cuál sería la cámara de origen, pues se trata de una modificación constitucional, pero, es lo de menos, ya que tiene que pasar por el Senado como por el Palacio Legislativo de San Lázaro.
En su ejercicio el grupo encabezado por Pablo Gómez Álvarez recogió cualquier cantidad de propuestas, incrementándose los temas a considerar, pero no se observa voluntad de suyo para dejar fuera los ejes centrales del proyecto inicial, como son:
1) La reducción de legisladores de representación proporcional;
2) Disminuir las prerrogativas a los partidos políticos;
3) Eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs);
4) Reducir tiempos para la creación de nuevos partidos; y
5) El voto obligatorio.
Sobre esos cinco ejes se advierte una discusión profunda porque, ni el membrete en el poder, con sus aliados de ocasión, ni los otros tres partidos opositores muestran disposición a aminorar el número de plurinominales, al ser estos la vía para acrecentar su presencia legislativa.
Pablo Gómez, quien ahora está encargado de la iniciativa para acabar con esa figura, por cierto, en 1979 fue uno de los primeros 100 políticos de la oposición beneficiados con la reforma electoral de aquel entonces que le permitió a las minorías estar representadas en el Congreso, como militante del (hoy extinto) Partido Comunista de México (PCM), del que se benefició.
Tampoco ninguno acepta que se les reduzca el financiamiento público, aunque (de dientes hacia afuera) admitan que el gasto es mayúsculo, pues este 2026 tan sólo para actividades ordinarias se les ha fijado una cantidad de 7 mil 368 millones 151 mil 626 pesos, en conjunto.
Y sé, lo sé bien que, económicamente, nada les aportan a sus partidos porque ni cuotas pagan.
En cuanto a la extinción de los OPLEs surge también una controversia profunda, pues su desaparición daría pie a que los procesos electorales se manejaran de manera centralista, siendo que las condiciones del norte, sur y centro del país son disímbolas, considerando también el regionalismo, en cuanto tiene que ver con usos y costumbres.
Incluso, ante el desconocimiento del marco jurídico de cada entidad, la nueva autoridad electoral, de aprobarse la eliminación de los OPLEs, poco, o nada, contribuiría a un correcto orden democrático.
La Ley General de Partidos Políticos (LGPP) vigente establece que las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse en partidos políticos en el ámbito nacional, deberán presentar una lista de miembros activos, sin determinar cifra; y, que éstas deben celebrar asambleas en al menos 20 de las 32 entidades del país y 200 en los distritos electorales, que suman 300.
Esto ha dificultado la constitución de nuevos partidos. Incluso le fue en su oportunidad adversa morena, pero ahora ante la necesidad de que surja un nuevo registro de partidos que le den equilibrio al sistema gobernante, a la jefa del Ejecutivo federal se le abre la puerta, merced a la desarticulación opositora maquinada por Andrés Manuel López Obrador, quien le heredó a Claudia un mandato absolutista.
Respecto al voto obligatorio hay dudas en cuanto su aplicación pues el mandato constitucional determina que cada cual podrá ejercerlo libremente y permite su abstinencia.
Así que habría fuerte polémica (legislativa) porque a nadie se le puede obligar a acudir a las urnas a ejercer este derecho ni esta obligación cívica.
Como fuere, estamos a días de conocer la iniciativa presidencial en su totalidad, para la reforma electoral.
Ahorro sustancial
Por cierto, el proyecto de reforma electoral en esta ocasión, contempla otro ahorro económico sustancial en cuanto a gasto público, pues cada senador plurinominal cobra cada mes 105 mil 600 pesos, más viáticos, telefonía y combustible; aparte, al finalizar el año cobran una gratificación de 40 días de dieta bruta; y se presume que también reciben fuertes ‘cañonazo$’.
En cuanto al salario de los diputados federales, éste alcanza los 75 mil 205 pesos; más prestaciones que incluyen seguro de vida, gratificaciones y viáticos; además mensualmente reciben 45 mil 768 pesos por su asistencia legislativa y 28 mil 722 para atención ciudadana.
Eso sin contar, desde luego, con los ‘moche$’.
Es, en esencia, lo que defienden los grupos parlamentarios, por lo que cabe la posibilidad de algunos puntos de la iniciativa sean enmendados o de plazo eliminados.
Por cierto, para sacar avante la iniciativa, la alianza morena-PT-PVEM requiere contar con los votos de las dos terceras partes de ambas cámaras
O sea, 334 diputados y 85 senadores, que es la mayoría calificada que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reformar su articulado.
Y de no contar con esa cantidad, el proyecto quedaría en veremos.
