Por. Daniela A. Plata
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Lo sucedido en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria muestra un problema alarmante: el riesgo que enfrentan mujeres, niñas y niños en un lugar que debería ser, obligatoriamente, seguro.
La agenda desplegada en medios nacionales y estatales al hacer hincapié en que el presunto agresor es boxeador resulta especialmente preocupante. Toda la propaganda mediática en torno al caso, además, ha generado especulación y desinformación en plataformas digitales.
El acusado tiene derecho a la legítima defensa; sin embargo, el caso debe abordarse con perspectiva de género, ya que la desinformación que circula perjudica y revictimiza a las doctoras. Es indispensable tratar este hecho con la severidad que amerita y con la inmediatez que exige la justicia.
Las autoridades competentes han expuesto un tema que debió manejarse con discreción, precisamente para no alterar el debido proceso, ante la insistencia de algunos medios por magnificar la historia sin proteger a las víctimas.
Se habla de exámenes, de versiones y de fotografías, pero no de lo esencial: dos mujeres denunciaron un delito dentro de una institución pública infantil. El caso es grave y coloca bajo escrutinio a las instituciones, que deben ser más estrictas en los procesos de selección de su personal para evitar que hechos como este se repitan.
Es indispensable que medios de comunicación y autoridades actúen con cautela, dada la delicadeza del caso, y que no se altere directa o indirectamente el debido proceso.
Urge una pronta resolución y la aplicación de todo el rigor de la ley. La prioridad es clara: verdad, justicia y resultados inmediatos para las víctimas.
Este caso representa una oportunidad para el nuevo fiscal de demostrar por qué ocupa el cargo. La ciudadanía exige respuestas y las mujeres exigimos que hechos como este no se conviertan solo en la ¨nota del día¨, sino en un punto de inflexión para recuperar la confianza en el sistema y denunciar. De acuerdo con encuestas del INEGI, entre el 85 % y el 95 % de las violaciones sexuales no se denuncian; esto significa que solo entre 5 y 15 de cada 100 casos llegan a una denuncia formal.
Necesitamos acceso real a la justicia: denuncias sin trabas, sin revictimización, protección inmediata, atención integral y digna, así como verdad y debido proceso con enfoque de género por parte de las autoridades competentes. Estos son derechos básicos de las mujeres.
Las mujeres y la infancia tamaulipeca necesitan espacios seguros, y garantizarlo es una obligación primordial de cualquier autoridad.
