En los dos últimos meses de 2025 y en los 15 días que lleva este 2026, el país entero ha sufrido la invasión de algunas empresas encuestadoras que, de una u otra forma, pretenden influir en la selección de candidatos a gobernadores, diputados federales y locales y presidentes municipales –quizá instruidas por sus contratantes o tal vez con el ánimo de generar confusión entre los ciudadanos–, sin que nadie atine a explicar por qué tanto interés cuando faltan todavía cerca de ocho meses meses para la instalación oficial de los procesos electorales.
Hasta donde entiendo, las encuestas deben ser tomadas en cuenta para medir las preferencias sobre un artículo, persona o tema específico, por ser parte indisoluble de la mercadotecnia orientada a su venta –claro que siempre y cuando se hagan con el profesionalismo requerido–, pero aquí se da el caso de que los muestreos de opinión pretenden utilizarse para distraer la atención y cuidar el objetivo de fondo.
En un estudio riguroso de los procesos y las tendencias sociales, las encuestas podrían ser un instrumento muy valioso a condición de que se realicen con metodología científica, pero en el caso que nos ocupa su excesivo manejo echa por tierra la objetividad e imparcialidad, al tiempo que las deslegitiman y causan desconfianza entre sus receptores.
Como ‘beneficiarios’ o víctimas de la cascada de encuestas –ahora se le llama a este fenómeno ‘la encuestitis’–, hay prospectos significativos a las candidaturas, tal y como muestran algunos sondeos, pero los ciudadanos comunes muestran indiferencia ante sus resultados, mientras los aspirantes arrecian su activismo político.
No obstante, y en menoscabo de las encuestadoras que aparentemente dan la cara, debo reconocer que algunos sondeos sí reflejan el sentir ciudadano. Pero son pocos.
Que si fulano de tal ha venido de más a menos, o que si suben los bonos del otro ¿a quién interesa realmente?, pues a decir verdad las cifras poco o nada aportarían en la decisión final, salvo que satisficieran a quien en verdad tiene la decisión en sus manos.
Credibilidad cuestionada
Todas las encuestadoras pretextan hacer un trabajo independiente y no por encargo, lo que se antoja casi imposible si consideramos que para el levantamiento de un muestreo como el que realizan se requiere, cuando menos, pagar salarios a los encuestadores, coordinadores y especialistas en el manejo de los cuestionarios aplicados; viáticos (transportación, hotel, alimentos, teléfono, papelería, etcétera); gastos de operación y los imponderables que surjan durante el tiempo del levantamiento y/o la ejecución del estudio.
Y es el anonimato de sus financiadores, precisamente, lo que despierta la sospecha en cuanto a su credibilidad. Eso y el hecho de que los remitentes de los documentos no den la cara.
Por otro lado, se dice que las encuestas son malas consejeras, pero aun así la sociedad es bombardeada con múltiples sondeos de opinión.
Encuestas van y vienen, simulando ser retratos instantáneos de la percepción del común de la gente ante los acontecimientos y sus actores en México.
Las encuestas normalmente no reflejan la realidad, pero sí un supuesto de ésta.
Así tenemos que la realidad puede cambiar.
Por ejemplo, disminuir drásticamente las preferencias electorales de un actor, pero la percepción de la gente no cambia, por lo que para el grueso de la población otras son las imágenes que siguen igual o están creciendo.
De igual forma, las opiniones del común de la gente que nutren las encuestas normalmente están contaminadas por lo que publican los medios de comunicación masiva que tienen el poder de hacer aparecer el negrito en el arroz, cambiando la percepción de la realidad de miles de personas, prácticamente en minutos.
De ahí que considere que los aspirantes serios, por ningún motivo, deben tomar decisiones trascendentes basándose en las encuestas, aun cuando éstas no son del todo inútiles.
Usándolas con inteligencia pueden servir como herramienta de medición para conocer la distancia que hay entre la percepción del común de la gente y la realidad que conocen los expertos.
Cicuta
Humberto Armando Prieta Herrera, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, da la apariencia de ser un mitómano.
Eso de creerse, él mismo, que no hay ‘dados cargados’ en la selección del Fiscal Anticorrupción, lo exhibe como fulero.
¿En verdad piensa que nos tragamos el rollo de que el nombramiento del fiscal será transparente y el resultado de una profunda evaluación por parte de los diputados?
¡Bah!, si todo apunta a que será Andrés Norberto García Repper Favila el nuevo fiscal. Basta observar el comportamiento de los diputados que lo entrevistaron, pues hasta punto estuvieron de ponerle un ‘otso’.
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