La solución al tema de las pensiones para los trabajadores del gobierno estatal y de organismos descentralizados, es algo que no se puede postergar más, a riesgo de enfrentar un colapso de ese sistema.
El asunto se había convertido en una bomba de tiempo en el sexenio pasado, cuando no se dio seguimiento a los compromisos que se venían haciendo en cada administración para garantizar su viabilidad y ya era -es- insostenible continuar así.
Por eso, ayer el gobernador Américo Villarreal Anaya salió a decir lo que muchos sabían, pero pocos admitían: La situación del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) requiere de acciones urgentes y de fondo para que pueda seguir funcionando.
El cambio descansa en una reforma a Ley del IPSSET que el mandatario impulsa para que el organismo descentralizado siga siendo factible en el otorgamiento de pensiones a los trabajadores del estado. El marco legal vigente tiene una antigüedad de 30 años, lapso en el que no se han hecho modificaciones y, por ende, está desfasado de la realidad.
La ley de entonces otorgaba pensiones a los trabajadores, sin requerir una edad mínima para jubilación, lo cual a la larga representó una carga onerosa para las finanzas del organismo.
En 2014 hubo una reforma que entró en vigor al año y siguiente, estableciendo por primera vez edades mínimas para la jubilación, además de aumentar de manera gradual las aportaciones de trabajadores y del gobierno, hasta llegar al 32% y se definió que cada dos años se realizarían revisiones para adecuar el marco legal a la realidad.
No obstante, en el sexenio cabecista se omitió eso y por lo mismo, se dejó en el abandono el seguimiento a las finanzas y al fortalecimiento del IPSSET, lo que provocó que esa desatención pusiera en riesgo el Fondo de Pensiones de los trabajadores al servicio del gobierno estatal.
La suma de tantas situaciones anómalas llevó las cosas a un punto donde era complicado seguir igual. Por eso, las motivaciones del gobernador para impulsar esta reforma a la Ley del IPSSET es fundamental para darle una vuelta al asunto y cambiar las cosas de fondo.
La necesidad de enfrentar un problema que el gobierno anterior dejó crecer de manera irresponsable llevó las cosas a un punto en el que era preciso actuar con firmeza, pues si se llega al colapso del Instituto se ponen en riesgo las pensiones de los trabajadores de la administración pública y eso no podía permitirse.
Cuando comenzó esta administración se hizo un diagnóstico y se encontró que el Instituto de Previsión tenía un grave problema financiero que hacía difícil asegurar su viabilidad financiera y se decidió tomar medidas firmes.
Se aumentaron las reservas, se fortaleció el Instituto y se dieron los primeros pasos para resolver el problema, pero había que hacer más, como ya lo estamos viendo.
En diciembre se aprobó la reforma a la Ley del IPSSET que propuso el gobernador que, en esencia, asegura el pago de las pensiones actuales y futuras a los trabajadores y garantiza los derechos laborales, además de mantener los beneficios de los servidores públicos.
Este cambio de fondo es relevante porque no hay un antecedente de una reforma tan profunda que busque resolver un problema antes de que se vuelva inmanejable. Ya era impostergable entrarle de lleno, con firmeza y responsabilidad al tema de las pensiones de los trabajadores estatales.
Ahora, con esta modificación profunda se tendrá la mezcla adecuada entre la protección de los derechos de los trabajadores en activo y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el futuro.
Esta reforma impulsada por Américo busca darle viabilidad de largo plazo al Instituto, al menos por los próximos 25 años, cumpliendo un compromiso hecho con los trabajadores de la administración pública a quienes seles debe también, justicia social.
ESCOTILLA
Ayer empezaron las revisiones a las propuestas de los consejeros del INE y de la Comisión Presidencial creada para impulsar la consulta para llevar a cabo la reforma electoral que propone la presidenta Sheinbaum.
Las discusiones que se verán en el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso, a partir de febrero, serán indudablemente intensas y mostrarán el grado de voluntad que tiene el poder para negociar muchos de los puntos que contienen las propuestas elaboradas, especialmente lo relacionado con los plurinominales, el financiamiento para los partidos y las alianzas entre nuevos partidos.
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