La posible llegada de Andrés García Repper Favila a la fiscalía anticorrupción no es un asunto menor ni repentino, lleva meses en la conversación pública, se comenta en círculos políticos y jurídicos, y aparece cada vez que se habla del rezago acumulado en una institución que nunca logró sacudirse su carga histórica.
García Repper puede ser un abogado bien calificado, con formación técnica y experiencia jurídica, pero hoy eso no alcanza, la fiscalía que podría encabezar no es una hoja en blanco, es un archivo pesado, lleno de carpetas abiertas, congeladas y olvidadas, que exigen algo más que solvencia académica.
Durante un sexenio completo, esa fiscalía fue señalada, con casos documentados, como un instrumento para venganzas políticas y amedrentamiento de adversarios, denuncias que avanzaban o se detenían según el momento, el personaje involucrado y la utilidad política del expediente.
Ahí siguen denuncias por desvío de recursos, contratos inflados, adjudicaciones directas irregulares y presunto enriquecimiento ilícito, expedientes que fueron anunciados con estridencia mediática y después enviados al archivo muerto, sin resolución judicial ni explicación pública.
De acuerdo con datos de auditorías y reportes periodísticos, la fiscalía anticorrupción arrastra entre trescientas y quinientas carpetas sin judicializar, algunas con años de antigüedad, otras con integración básica completa, todas atrapadas en una inercia institucional que nadie quiso enfrentar.
En contraste, hubo investigaciones que caminaron con velocidad inusual, sobre todo cuando los señalados eran actores políticos identificados como opositores, procesos con filtraciones selectivas y exhibición pública, que en no pocos casos terminaron debilitados en tribunales por fallas de origen.
Ese doble rasero erosionó la credibilidad de la institución, la idea de que la corrupción se perseguía según el color partidista y no según la gravedad del daño al erario, una percepción que hoy pesa más que cualquier discurso de renovación o promesa de autonomía.
Si García Repper llega, su primer reto no será abrir nuevas carpetas, sino revisar el rezago, decidir qué expedientes aún tienen viabilidad jurídica y cuáles quedaron enterrados por negligencia institucional, hacerlo con criterios claros y decisiones que puedan explicarse.
Cada carpeta reactivada, cada expediente cerrado y cada silencio prolongado será leído en clave política, porque la fiscalía no parte de cero, parte de la desconfianza, y cualquier error alimentará la narrativa de continuidad con el uso faccioso del pasado.
La obligación ahora es entregar resultados, no administrar tiempos ni calcular costos políticos, porque la carga acumulada ya es un escándalo en sí mismo, y mantenerla inmóvil solo confirma que la fiscalía sigue atrapada en la simulación.
Si no logra avanzar y dar respuestas claras, la fiscalía anticorrupción corre el riesgo de convertirse en un elefante en la sala, grande, incómodo e inútil, o peor aún, por las fotos y los discursos, en un elefante blanco que todos ven y nadie toma en serio.
La anticorrupción dejó de ser una bandera y se convirtió en una prueba, quien encabece esa fiscalía será medido no por su perfil, sino por cuántas carpetas salen del archivo muerto y cuántas, por fin, llegan con sustento ante un juez.
