Nora M. García
Expreso-La Razón
Durante décadas, el país ha reformado su Constitución, ha modificado leyes fundamentales y ha reorganizado su arquitectura institucional; sin embargo, esos cambios rara vez han implicado consecuencias políticas claras para quienes toman las decisiones. Se anuncian transformaciones profundas, se aprueban reformas de gran calado, se redistribuyen facultades y se reconfigura el poder, pero cuando los resultados no llegan o los efectos son adversos, casi nadie responde políticamente. No es una falla reciente ni una mala práctica aislada; es un problema estructural que se arrastra desde el diseño mismo del régimen.
En la vida pública se puede decidir mucho y responder poco; el ciudadano vota, pero no corrige; los representantes legislan sin rendir cuentas directas; y el poder se ejerce con escasa responsabilidad política. La explicación no está en la apatía social ni en la falta de interés ciudadano, sino en un entramado institucional construido para separar la toma de decisiones de sus consecuencias.
La responsabilidad política implica algo elemental: que quien gobierna sepa que sus decisiones pueden costarle el cargo, el respaldo ciudadano o la posibilidad de continuar en el poder. En este sistema, esa cadena se rompió hace tiempo. La estructura se organizó para preservar estabilidad y control incluso a costa de debilitar los mecanismos de vigilancia ciudadana, dando lugar a una democracia que funciona en la forma, pero falla en la rendición de cuentas.
Entre 1928 y 1996, el régimen consolidó este modelo mediante el uso constante del Constituyente Permanente, un mecanismo que permitió reformar la Constitución de manera reiterada sin romper el orden legal ni modificar la estructura real del poder; las reglas se ajustaban, el discurso se modernizaba y las instituciones se reorganizaban, pero la relación entre gobernantes y gobernados permanecía intacta. La ley se movía; la responsabilidad política no.
Uno de los pilares de este diseño fue la no reelección inmediata, durante décadas presentada como una conquista democrática heredada de la Revolución; en la práctica, eliminó el principal incentivo para rendir cuentas. Diputados y alcaldes gobernaban sabiendo que no volverían a competir ante los mismos electores, que su futuro político dependía del partido y no del desempeño. Hasta antes de la reforma político-electoral de 2014, ningún diputado federal podía reelegirse de manera inmediata, lo que produjo representantes sin incentivos reales para responder ante la ciudadanía.
El Congreso, lejos de funcionar como contrapeso efectivo, operó durante años como una cámara de validación; las mayorías automáticas permitieron aprobar reformas constitucionales y legales sin deliberación sustantiva ni costos políticos visibles. El resultado fue una Constitución altamente reformada, con más de setecientas modificaciones desde 1917, sin que ello se tradujera en un sistema robusto de rendición de cuentas. Se reformó mucho, pero se respondió poco.
La Suprema Corte tampoco actuó como límite real del poder durante buena parte del siglo XX; el criterio de no intervención en asuntos políticos dejó fuera del control constitucional decisiones fundamentales del régimen. No hubo árbitro institucional fuerte. La legalidad acompañó al poder, pero no lo contuvo. Decidir no implicaba responder.
En este mismo marco se discute hoy una reforma electoral en el Congreso federal, presentada como un ajuste para reducir costos y hacer más eficiente la organización de los comicios; el debate no es menor porque toca uno de los puntos más sensibles del sistema político, el equilibrio entre competencia, representación y confianza pública. La experiencia comparada muestra que las reformas electorales pueden mejorar eficiencia administrativa, pero también erosionar legitimidad cuando se perciben como decisiones tomadas desde el poder sin consensos amplios.
Uno de los aspectos menos visibles de la nueva reforma es su impacto sobre los incentivos de responsabilidad política. Cuando los cambios se concentran en rediseñar autoridades o reglas operativas sin fortalecer mecanismos de sanción política, el resultado suele ser una mayor distancia entre decisión pública y castigo electoral. En contextos de baja confianza institucional, este tipo de reformas refuerza la percepción de que las reglas se ajustan para administrar el poder, no para corregirlo.
El debate también alcanza la equidad en la competencia. La evidencia internacional muestra que los sistemas con fiscalización débil del financiamiento político generan ventajas estructurales para quienes ya detentan poder, incluso cuando existe competencia formal. Para el electorado, la percepción de reglas desiguales no se traduce en castigo electoral, sino en desconfianza hacia el sistema en su conjunto.
El impacto sobre la participación tampoco es menor, las reformas frecuentes o percibidas como impuestas desde el poder tienden a generar desgaste ciudadano. La experiencia comparada indica que, tras cambios electorales controvertidos, la participación suele estancarse o disminuir, aun cuando la oferta partidista se mantenga estable; el mensaje implícito no es de fortalecimiento democrático, sino de reglas móviles que cambian sin que quede claro para qué.
En la práctica, esta ausencia de responsabilidad política tiene un efecto cotidiano que rara vez se dice con claridad: las decisiones públicas se toman sin miedo al error, los programas que no funcionan se sustituyen por otros con distinto nombre; reformas que no corrigen problemas estructurales se reemplazan por nuevos ajustes legales; políticas fallidas se diluyen en el tiempo sin que nadie cargue con ellas. El sistema no castiga el error, lo administra.
Esa lógica se repite en distintos niveles del poder, cuando los contrapesos son débiles y las reglas cambian más rápido que los resultados, la responsabilidad se vuelve difusa, por lo que nadie decide solo, pero tampoco nadie responde del todo. La política se convierte en una cadena de decisiones colectivas sin rostro, donde el ciudadano sabe que algo salió mal, pero no a quién exigirle cuentas.
Esto explica por qué la desconfianza persiste incluso después de elecciones competidas o alternancias reales, el problema no es solo quién gana, sino qué pasa después, quién responde cuando las decisiones no funcionan y cómo se corrige el rumbo
No se trata de una crisis electoral, se trata de una crisis de consecuencias porque mientras gobernar no implique responder y reformar no signifique asumir costos, la democracia seguirá funcionando en el procedimiento, pero fallando en lo esencial.
