Por Cynthia Gallardo
TAMAULIOAS, MÉXICO.- Mientras otros sectores acaparan reflectores, los migrantes mexicanos siguen siendo el principal sostén económico del país, incluso por encima del turismo y el petróleo, una realidad que continúa siendo subestimada en la agenda pública.
Durante la ponencia “Voces en tránsito: el fenómeno migratorio de Tamaulipas hoy”, el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, expuso ante integrantes de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas el papel estratégico que desempeñan los connacionales que radican en Estados Unidos, particularmente en el envío de remesas.
Reconoció que en 2025 las remesas hacia Tamaulipas registraron una caída aproximada del 4 por ciento; sin embargo, indicó que estos recursos siguen siendo fundamentales para miles de familias, al permitirles cubrir necesidades básicas y sostener su economía cotidiana.
El funcionario alertó también sobre la creciente vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes migrantes, un sector que enfrenta riesgos constantes en contextos de movilidad forzada. Aunque sin profundizar en los peligros específicos, dejó entrever la existencia de redes delictivas que operan alrededor de este fenómeno, lo que abre cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta institucional.
Explicó que el Instituto trabaja en estrategias para que las remesas no se destinen únicamente al gasto inmediato, sino que se canalicen hacia proyectos productivos que generen bienestar a largo plazo.
Actualmente, dijo alrededor de 240 familias en Tamaulipas reciben cerca de 22 mil millones de pesos anuales por este concepto, una cifra relevante pero limitada frente a la magnitud del fenómeno migratorio en el estado.
Rodríguez Alvarado vinculó estas acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, particularmente en materia de reducción de la pobreza y desarrollo económico.
La ponencia formó parte de un programa de capacitación impulsado por un organismo internacional en la zona sur del estado, coordinado por Cynthia Gallardo Guerrero, Carmen Hernández Muñoz como secretaria y la directiva de la organización.
El ejercicio de análisis que aportó datos duros, pero que también dejó una exigencia clara: pasar del discurso a políticas públicas más visibles y efectivas para un fenómeno que sigue teniendo un alto costo humano.
