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Expreso-La Razón
Un Congreso del Estado más compacto, menos legisladores federales, menos regidores y un IETAM con un presupuesto y facultades acotadas es el escenario que se vislumbra para el sistema político de Tamaulipas, si se aprueba la reforma electoral en los términos en que ha sido presentada a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión plantea cambios profundos que impactarían no solo la operación técnica de las elecciones, sino la distribución del poder político, la autonomía institucional y la responsabilidad legal de los actores políticos en la entidad.
El documento elaborado por la Comisión Presidencial no se ha hecho público, pero fuentes parlamentarias ya han dado a conocer sus puntos más importantes.
El que más discusión ha causado es la reducción de legisladores de representación proporcional.
De acuerdo con información recabada, la reforma plantea que la Cámara de Diputados pase de 500 a 400 legisladores: 300 electos por mayoría relativa y 100 por representación proporcional.
En el caso del Senado, la propuesta contempla la eliminación de los legisladores plurinominales y una disminución de 128 a 96 escaños, con tres senadores por entidad federativa, elegidos bajo los principios de mayoría y primera minoría.
Asimismo cambiaría la manera en que se eligen los pluris. Se plantea que sea a través de listas estatales propuestas por los propios partidos políticos y que estos sean sometidos votación directa en las urnas.
La idea es que el electorado tenga dos listas a votar: una para diputados de mayoría y otra para diputados plurinominales.
Aún se desconoce si esta medida se replicaría en los congresos estatales, pero especialistas advierten que si el espíritu de la reforma es reducir los aparatos legislativos y electorales, sería de esperarse que también se aterrice en las entidades.
En Tamaulipas, el Congreso -actualmente bajo control de Morena- tiene 36 diputados: 22 de mayoría y 14 de representación proporcional, mismos que serían reducidos.
De concretarse un ajuste como el planteado en el ámbito federal, el partido oficialista cobraría mayor fuerza en el Poder Legislativo.
Lo que sí queda claro es la reducción de los diputados federales y senadores por cada entidad.
Actualmente hay 12 diputados tamaulipecos en San Lázaro: ocho de mayoría y cinco pluris: los ocho que fueron electos en su distrito, y cuatro que llegaron tras ser incluidos en los primeros lugares de las listas propuestas por sus partidos.
Los de representación proporcional son: Adrián Oseguera por Morena; y César Verástegui, César Rendón y Blanca Leticia Gutiérrez por el PAN.
En el Senado también habría un recorte importante, pues ahí sí se plantea la desaparición de la figura del plurinominal, con lo que no habría espacios como el ocupado actualmente por Maki Ortiz, quien a pesar de quedar en tercer lugar en la elección del 2024, accedió a una curul por ocupar un espacio en la lista del Partido Verde.
Para el ámbito de Tamaulipas, donde de manera frecuente el Tribunal Electoral local ha tenido que intervenir para la asignación de diputaciones plurinominales tras impugnaciones relacionadas con reglas de subrepresentación y sobrerrepresentación, este cambio implicaría una reconfiguración total del sistema.
Las estrategias partidistas deberían adaptarse para hacer campaña no solo por candidatos distritales sino también por sus listas proporcionales, generando dinámicas electorales más complejas y costosas.
Este cambio también afectaría la representación de minorías políticas. El sistema proporcional fue diseñado para garantizar que partidos con votación significativa pero insuficiente para ganar distritos pudieran tener presencia legislativa. Si las listas proporcionales requieren votación directa, los partidos pequeños enfrentarían mayores dificultades para obtener representación, potencialmente concentrando el poder legislativo en las fuerzas políticas mayoritarias.
En su última conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la reforma también busca reducir el número de integrantes de los Cabildos municipales, algo que ya se había intentado con la propuesta realizada por Andrés Manuel López Obrador antes de dejar la Presidencia.
En aquella iniciativa se proponía modificar la conformación de los Ayuntamientos:
“El mismo criterio poblacional debe prevalecer en la integración de los ayuntamientos y las alcaldías, por lo que se propone reformar el artículo 115 para definir como estructura base de los ayuntamientos: una presidencia municipal, una sindicatura y un número variable de regidurías conforme a la población del municipio”.
En ese escenario, los municipios con una población menor a 60,000 habitantes (33 de los 43 municipios de Tamaulipas) sólo tendrían una regiduría.
Los que tengan entre 60,000 y 370,000 tendrían tres regidurías, que en el caso de Tamaulipas serían Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Río Bravo, Tampico, Victoria y Valle Hermoso.
Tendrían cinco regidores los que tengan entre 370,000 y 690,000 habitantes. En ese supuesto entran sólo Matamoros y Nuevo Laredo; mientras que Reynosa tendría siete, los que corresponden a municipios de entre 690,000 y 1 millón de habitantes.
Menos recursos públicos
El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) se perfila como una de las instituciones que experimentaría las consecuencias más inmediatas y tangibles de la reforma.
El debate nacional sobre la pertinencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) ha colocado al IETAM en una posición defensiva, obligándolo a justificar su existencia en un contexto donde la centralización de funciones electorales gana terreno como argumento de eficiencia gubernamental.
Las cifras presupuestales revelan la magnitud del ajuste que enfrentaría la institución. En 2024, el IETAM ejerció 565 millones de pesos, su presupuesto más elevado en años recientes, mientras que para 2025 se proyectaron 635 millones. Sin embargo, la reforma contempla recortes de al menos 30% en los recursos destinados a los órganos electorales locales, lo que obligaría al instituto a replantear radicalmente su capacidad operativa.
La respuesta institucional del IETAM ha sido pragmática. Su presidente, Juan José Ramos Charre, adelantó que para 2026 el organismo aspira a obtener cerca de 400 millones de pesos, una reducción significativa que sugiere una adaptación anticipada al nuevo escenario de austeridad.
En 2024, el organismo pidió 756 millones de pesos pero el Congreso local decretó solo 565 millones, estableciendo un precedente de ajustes presupuestales que ahora podría institucionalizarse como política permanente bajo la reforma federal.
Uno de los ejes centrales del debate sobre la reforma es la supuesta duplicidad de funciones entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos locales como el IETAM. Los promotores de la reforma argumentan que procesos como la fiscalización de recursos partidistas ya están centralizados en el INE, y que la existencia de casillas únicas para elecciones federales y locales hace innecesario mantener estructuras paralelas en las entidades federativas.
Desde la creación del INE, el modelo ha sido de colaboración institucional: el órgano federal diseña lineamientos generales y supervisa procesos nacionales, mientras los órganos locales adaptan estos marcos a las particularidades de cada entidad, organizan elecciones estatales y municipales, y garantizan presencia institucional en territorios donde el INE carece de estructura permanente.
El debilitamiento sustancial de los OPLEs implicaría que el INE debería asumir directamente la organización de las elecciones locales en las 32 entidades del país, una expansión operativa sin precedentes que plantea interrogantes sobre viabilidad logística, conocimiento territorial y capacidad de respuesta ante contingencias específicas de cada estado.
En el caso de Tamaulipas, esto adquiere relevancia particular considerando la complejidad geográfica del estado, que abarca desde la frontera norte con Texas hasta el Golfo de México, con realidades políticas, sociales y económicas profundamente diferenciadas entre sus regiones.
Fiscalización en tiempo real
La reforma propone crear cuentas bancarias mancomunadas entre el INE y los partidos políticos para que la fiscalización del gasto electoral sea directa y en tiempo real. Este mecanismo busca eliminar la opacidad en el uso de recursos públicos y privados durante las campañas, un problema recurrente en el sistema político mexicano.
Para los partidos en Tamaulipas, esto implicaría someterse a un nivel de escrutinio sin precedentes. Cada transacción sería visible instantáneamente para la autoridad electoral, limitando drásticamente las posibilidades de triangulación de recursos, gastos no reportados o financiamiento ilegal.
Adicionalmente, la reforma contempla reducir en 30% el financiamiento público a los partidos políticos. Considerando que la representación federal de Tamaulipas incluye actualmente cinco diputados de Morena, cinco del PAN, dos del PVEM y uno del PRI, distribuidos entre nueve distritos de mayoría relativa y cuatro posiciones de representación proporcional, esta reducción afectaría de manera diferenciada a cada fuerza política según su capacidad de obtener financiamiento privado y su estructura operativa.
Los partidos más institucionalizados, con militancia organizada y capacidad de movilización de recursos privados, podrían adaptarse más eficientemente a este escenario de austeridad. En contraste, partidos emergentes o con bases sociales limitadas enfrentarían mayores obstáculos para competir en igualdad de condiciones, potencialmente consolidando el sistema de partidos en torno a las fuerzas políticas dominantes.
2027: una mega-elección sin precedentes
El calendario electoral de 2027 representa quizás el desafío operativo y político más inmediato que plantea la reforma para Tamaulipas. Ese año, la entidad renovará su Congreso local y las alcaldías de sus 43 municipios. Simultáneamente, se llevarán a cabo elecciones federales para diputados y podría realizarse la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum el mismo 6 de junio.
A esto se añade la posibilidad de que coincida con la segunda fase de la elección judicial, aunque el INE ha sugerido posponer esta última para 2028 debido a la saturación logística que implicaría concentrar tantos procesos en un solo día.
Esta mega-elección concurrente plantea desafíos múltiples. En términos operativos, implicaría diseñar boletas complejas, capacitar a funcionarios de casilla para administrar múltiples votaciones simultáneas, garantizar el conteo eficiente de votos para distintos cargos y niveles de gobierno, y resolver impugnaciones en procesos electorales entrecruzados.
Políticamente, la concurrencia podría generar efectos de arrastre donde la competencia por cargos federales influya en las elecciones locales, o viceversa. Los partidos con mayor estructura y recursos tendrían ventajas significativas para coordinar campañas integradas, mientras que fuerzas políticas menores enfrentarían dificultades para hacerse visibles en un escenario electoral saturado.
La reforma electoral que se debate en el Congreso de la Unión plantea para Tamaulipas una reconfiguración sistémica que trasciende lo meramente procedimental. Se trata de una transformación que modifica la distribución de recursos públicos, la autonomía institucional, las protecciones legales de los funcionarios electos, los mecanismos de representación política y la operación cotidiana de la democracia en la entidad.
El resultado final dependerá no solo del texto legislativo que eventualmente se apruebe, sino de cómo las instituciones locales, los partidos políticos y la ciudadanía tamaulipeca naveguen esta transición.
