Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- En Tamaulipas desde varias décadas, se ha vuelto “recurrente” el uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas que se traducen en graves violaciones a derechos humanos.
Pero también en crímenes de derecho internacional por parte de las instituciones de seguridad y defensa, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias, como lo advierte Amnistía Internacional.
Durante el año pasado, se documentaron diversas presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de las fuerzas armadas (Ejército Mexicano, Guardia Nacional), destacando incidentes de alto impacto en Nuevo Laredo y denuncias de tortura y abuso sexual.
En marzo de 2025, se dio a conocer los casos de violación del entonces General de la Octava Zona Militar con sede en Reynosa, Eustogio Villalba Cortés, contra tres mujeres soldados y el hostigamiento y abuso sexual de dos más durante 2018.
Aunque la justicia militar exoneró al alto mando, el Tribunal Superior Militar revocó el fallo absolutorio para que se le dictara una sentencia de más de 18 años de prisión, pero el acusado se mantiene amparado y el caso estancado, sin justicia para las víctimas.
El 6 de octubre de ese mismo año, la Sedena informó que habrían disparado contra una camioneta en la que viajaban ocho civiles porque habrían tratado de embestirlos cuando se trasladaban entre unidades.
Los hechos se registraron sobre la carretera Mante-Tampico cerca de estación Manuel, como resultado del ataque, dos personas resultaron heridas y seis murieron, dentro del vehículo en el que viajaban los civiles no se encontraron armas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, solicitó en su momento que se aplicaran exámenes toxicológicos a los soldados, al considerar que al trabajar bajo estrés y en horarios extenuantes, podrían haber estado drogados.
De la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana
El informe “Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque en derechos humanos” de Amnistía Internacional, analiza tres masacres cometidas en Tamaulipas en el primer semestre de 2023: el 23 de febrero, el 16 de abril y el 18 de mayo.
En la madrugada del 26 de febrero de 2023, alrededor de las 04:00 de la madrugada, siete hombres que se encontraban en una camioneta fueron perseguidos y atacados por cuatro vehículos militares.
Cinco de los tripulantes de la camioneta fueron muertos y otro resultó gravemente herido, los soldados negaron la atención médica, e informaron que se había tratado de un enfrentamiento armado, a pesar de que no hay evidencia que ocurrió un enfrentamiento ni que las víctimas estuvieran armadas.
El 16 de abril de 2023, entre las 9:00 y 10:00 horas, en la carretera federal Nuevo Laredo-Piedras Negras, agentes de la Guardia Nacional atacaron una camioneta en que viajaban cinco integrantes de una familia, dos murieron, incluida una adolescente de 15 años, y tres más resultaron heridas.
De acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, al percatarse de que no eran las personas que suponían, los elementos de la Guardia Nacional los dejaron en el lugar sin brindar asistencia médica.
Luego el 18 de mayo de 2023 cinco personas murieron a manos de integrantes del Ejército Mexicano; el Ejército informó que abrieron fuego contra de tripulantes de una camioneta, supuestamente en respuesta a una agresión y que las personas habrían fallecido debido al intercambio de disparos.
Sin embargo, un video de cámaras de seguridad muestra que las personas a bordo de la camioneta ya habían sido sometidas y estaban alineadas junto a una pared cuando los soldados les dispararon.
De acuerdo con el informe, “los casos muestran que las fuerzas de seguridad no operaban en la zona con un espíritu de hacer cumplir la ley, sino con una actitud de combatir a un enemigo e inobservando su obligación de respetar y proteger a la vida”.
En todos los casos hubo violaciones al derecho a la vida, además del derecho a la integridad física, “en el caso de algunas de las personas fallecidas, la forma en que ocurrieron los hechos indica que, al momento de morir, no representaban una amenaza pues estaban gravemente heridas y sin armamento”.
“Esto lleva a concluir que se podría haber tratado del crimen internacional de ejecuciones extrajudiciales, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Estos casos se señala, no fueron investigador con la debida diligencia y no todos los sospechosos de responsabilidad comparecieron ante tribunales de justicia, destacando la persistencia del uso del fuero militar.
Lo que resultaría inadecuado para investigar la responsabilidad penal de las fuerzas armadas por parte de la Fiscalía General de la República, ya que debido a que algunos casos podrían constituir crímenes de derecho internacional, deben ser investigados y los responsables llevados a tribunales civiles.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado cuenta de muchas de las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad, una de las más recientes la 203VG/2025, dirigida a la Secretaría de Marina.
Los hechos que se acusan ocurrieron el 23 de enero del 2024 en la carretera a El Mezquital en Matamoros, en un retén de la Marina, donde de cometieron violaciones graves a los derechos humanos de un hombre.
De acuerdo con lo relatado, cuando regresaba en una camioneta, tras realizar las compras para la tienda de abarrotes donde trabaja, fue detenido por los marinos en un retén, donde más personas fueron testigos de ello; dos de los soldados estaban encapuchados, tres no portaban capucha por lo que puso reconocerlos, ya que antes habían acudido a comprar refrescos.
Los militares lo llevaron a un terreno en el monte y allí lo maniataron, amenazaron y golpearon en múltiples ocasiones, lo amenazaron con arrancarle la reja con una navaja, y prendieron fuego a la camioneta para finalmente dejarlo abandonado en el lugar.
Como pudo, logró zafarse y llegar a la carretera, donde un hombre le prestó su teléfono y le llamó a su patrón, quien llegó para auxiliarlo junto a otras personas y lo llevaron a un hospital a Matamoros.
Interpuso la denuncia y la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que constató las lesiones y tras una investigación, emitió la Recomendación, luego que la Marina no informó sobre los hechos.
Durante 2018, la Secretaría de Marina (Semar) fue señalada de detenciones arbitrarias y desaparición forzadas de más de 27 personas entre febrero y mayo de 2018, por lo que incluso tuvieron que pedir una disculpa pública.
Las denuncias señalaban que los efectivos de la Secretaría de Marina realizaban detenciones arbitrarias a personas, entre ellas menores de edad, que después no volvían a aparecer.
Por estos hechos, 30 elementos de la Semar fueron detenidos, sin embargo en el camino del proceso muchos de ellos fueron liberados, otros se ampararon y los casos siguen estancados.
