Por Juan Sánchez Mendoza
La propuesta de reforma electoral, que la comisión presidencial encargada del proyecto le presentó el miércoles próximo pasado (enero 14) a Claudia Sheinbaum Pardo, habrá de modificarse por el chantaje de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) que amagan con votar en contra en caso de no concedérseles al menos tres caprichos:
Uno: que se mantenga el número de legisladores plurinominales en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados; y en caso de que se eliminen 100 curules, que estas sean de mayoría relativa;
Otro: que de aprobarse la reducción al financiamiento público el monto de las prebendas sea igual para los seis membretes, sin importar la cifra de votos que hayan alcanzado en la elección inmediata; y
El tercero: que el proyecto no contemple prohibir las coaliciones en los procesos electorales.
Además, no causará efecto el propósito del diputado (morenista) Pablo Gómez Álvarez consignado en el documento, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) se considere un órgano administrativo del Estado y no como ente autónomo, pues la misma jefa del Ejecutivo federal descartó pretender quitarle la autonomía, tras conocer el proyecto final que serviría de base en la redacción de la iniciativa que promoverá en febrero, aunque, inicialmente estaba programada para presentarse ante el Congreso de la Unión durante la primera quincena de este mes.
Los chantajistas petistas y verdes ‘actúan’ con alevosía y ventaja pues bien saben que sin los votos de sus legisladores no pasará la reforma, bajo la premisa de que morena, solo, no alcanza a cubrir las dos terceras partes requeridas para modificaciones a la Constitución Política de México.
En la cámara baja, el membrete guinda cuenta con 253 diputados, por lo que requiere el apoyo de los 62 verdes y los 49 petistas –o, de al menos, 81 de ellos–, para sacar avante la reforma; y en la cámara alta conserva 67 senadores de los 85 requeridos para alcanzar la mayoría calificada en toda reforma constitucional, por lo que el PVEM pretende vender caro a sus 14 y el PT a sus seis, aunque la mayoría de estos solo sean ‘prestados’.
Pero ‘dura lex, sed lex’ (la ley es dura, pero es ley) y de acuerdo con la fracción cuarta del artículo 54 constitucional de nuestro país, ningún partido político podrá tener más de 300 diputados considerando a los uninominales y de representación proporcional; en tanto no fija un límite senatorial. Pero sí establece que una modificación a su articulado requiere también el voto de las dos terceras partes del pleno.
Y de ahí se cuelgan, precisamente, los partidos chantajistas.
Ante esa rebeldía, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, llamó a cuentas a los dirigentes nacionales de ambos partidos.
El viernes que nos antecede recibió al dirigente vitalicio del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, quien, tras la reunión, manifestó que ésta fue productiva y cordial, acordando que sus bancadas legislativas impulsarán la reforma.
Hoy, la funcionaria federal podría dialogar con la presidenta del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, para negociar la adhesión del grupo parlamentario (en ambas cámaras) a la modificación constitucional.
¿En qué términos lo hizo ‘Beto’ Anaya?
¿Y bajo qué condiciones lo hará la dirigente del ecologista?
Los dos jefes partidistas deben explicarlo puntualmente a su estructura dirigente y militancia, so pena de alimentar la sospecha de que él accedió a respaldar la iniciativa presidencial como vil Judas; y que ella haría lo mismo este día, u otro, durante el diálogo que sostenga con Rosa Icela.
O ¿acaso la secretaria de Gobernación ‘dobló las manos’ en su primer encuentro, accediendo al chantaje del senador hidrocálido? ¿Y lo hará ante la senadora guerrerense?
No lo creo, pues Rodríguez Velázquez se distingue por ser una política dura y firme en sus convicciones.
Y eso, precisamente, lleva a suponer que el petista ‘en su morral carga temas que no le conviene sean ventilados. Así que optó en vender al PT tal y como siempre lo ha hecho.
En cuanto a Karen hay que esperar su pronunciamiento tras la reunión con Rosa Icela, para, entonces, opinar al respecto.
Fiscalía: primera pifia
La liberación de Carlos Gorham Ruiz (a) ‘La Rana’ –acusado de violación– por instrucción de una jueza, que se negó vincularlo a proceso, exhibe falta de capacidad de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Jesús Eduardo Govea Orozco, para integrar la carpeta de investigación.
Ciertamente al individuo no puede considerársele culpable del delito ni inocente, hasta en tanto lo determine la autoridad judicial, pero la ligereza con que se ha manejado el caso muestra claramente que nada ha variado (en Tamaulipas) en materia de procuración de justicia.
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