Por Nora M. García
Expreso-La Razón
Durante más de dos décadas, la informalidad no ha respondido a crisis aisladas ni a coyunturas específicas, es más bien un patrón estructural que se mantiene desde principios de los años dos mil, atravesando cambios de gobierno, alternancias políticas y distintas estrategias económicas sin modificaciones sustanciales.
Una proporción significativa de la población ocupada permanece fuera del empleo formal, sin contratos estables ni acceso efectivo a derechos laborales. Esta condición se ha normalizado al punto de convertirse en una pieza funcional del mercado, tolerada por el diseño institucional y por la debilidad de las políticas públicas.
Las series estadísticas confirman que la informalidad no es una anomalía. Desde inicios del siglo XXI, Tamaulipas registra niveles superiores al promedio nacional. Lejos de disminuir, el fenómeno se consolidó conforme avanzó la década, especialmente en comercio y servicios.
La crisis financiera de 2009 y 2010 provocó un desplazamiento masivo de trabajadores hacia esquemas informales. Sin embargo, la recuperación posterior no logró reincorporarlos al empleo formal. El crecimiento económico no se tradujo en estabilidad laboral ni en ampliación de derechos.
Para mediados de la década pasada, más de la mitad de la población ocupada seguía desempeñándose en condiciones informales. El mercado laboral mostró así su rasgo central: crecer sin formalizar, producir sin garantizar protección y sostener ingresos a costa de precariedad.
La pandemia de COVID-19 expuso con mayor crudeza esta fragilidad estructural. En 2020 y 2021, miles perdieron empleos formales y encontraron en la informalidad el único mecanismo inmediato de subsistencia, acelerando una tendencia que ya estaba en marcha.
Reducir el fenómeno a la emergencia sanitaria sería impreciso. El impacto del virus evidenció la incapacidad del mercado laboral tamaulipeco para absorber choques económicos sin trasladar el costo directamente a los trabajadores y a sus familias.
La informalidad funcionó como amortiguador social, pero lo hizo profundizando la exclusión de derechos. Ingresos inestables, ausencia de seguridad social y vulnerabilidad permanente se consolidaron como condiciones normales para amplios sectores.
Desde el ámbito institucional, la respuesta ha sido fragmentada. Las políticas públicas han privilegiado programas temporales y apoyos de corto plazo, sin construir una estrategia integral orientada a la formalización del empleo.
La reducción del empleo informal rara vez aparece como objetivo central, medible y evaluable. En su lugar, se administra como una condición permanente del mercado laboral, tolerada por la débil coordinación entre áreas económicas, laborales y fiscales.
El comportamiento de la economía estatal refuerza esta contradicción. Tamaulipas participa en exportaciones y cadenas globales de valor, particularmente en la franja fronteriza, pero ese dinamismo no se traduce de manera homogénea en empleo formal.
El crecimiento macroeconómico convive con un mercado laboral segmentado. Una minoría accede a empleos estables con prestaciones, mientras una mayoría permanece en esquemas informales, con ingresos volátiles y alta exposición a crisis.
En Ciudad Victoria, capital administrativa, el fenómeno adquiere rasgos propios. Predominan los servicios, el comercio de baja escala y el empleo público, con limitada diversificación productiva y escasa inversión privada.
La falta de alternativas fuera del sector gubernamental obliga a miles a insertarse en actividades informales como estrategia cotidiana. La informalidad atraviesa toda la vida económica, desde el comercio ambulante hasta servicios profesionales sin registro.
La saturación de plazas públicas y la debilidad del empleo privado consolidaron al trabajo informal como principal vía de ingreso para mujeres, jóvenes y adultos mayores, configurando una economía urbana que opera fuera del sistema.
Los factores que sostienen la informalidad son externos e internos. La volatilidad económica global reduce inversión; a nivel local pesan bajos salarios, costos de formalidad, débil inspección y ausencia de incentivos reales.
En este contexto, la informalidad no es una elección individual, sino una respuesta racional frente a un mercado laboral excluyente, con marcos normativos rígidos y procesos de formalización complejos y costosos.
Las consecuencias son acumulativas. Falta de acceso a salud, inexistencia de pensiones futuras y alta vulnerabilidad social. Para el estado, una base fiscal limitada y menor capacidad de inversión pública.
Reducir el empleo informal exige redefinir prioridades. Se requiere una estrategia integral que articule política económica, laboral y social, simplifique la formalización y genere empleo privado de calidad, especialmente en el ámbito local.
Un dato resume la magnitud: más de 55% de la población ocupada está en empleo informal, y la tasa estatal se mantiene por arriba del promedio nacional desde hace dos décadas. La informalidad crece con las crisis y rara vez retrocede en la recuperación, como si el mercado aprendiera a operar afuera del carril formal.
El costo económico es doble. Para el trabajador significa ausencia de IMSS, y vejez sin pensión; para el estado, una base recaudatoria estrecha, menor capacidad fiscal y menos inversión pública. Cuando el empleo no se registra, la productividad se estanca y el crecimiento se vuelve frágil.
La estructura empresarial empuja: predominan micronegocios y servicios de baja escala con márgenes reducidos. Para muchos, formalizarse es un costo fijo: cuotas, trámites, contabilidad. Sin incentivos claros, el cálculo es simple: sobrevivir hoy, aunque sea fuera del sistema.
En la frontera, la maquila crea una bolsa de empleo formal, pero no resuelve el conjunto. Coexiste una economía exportadora conectada a cadenas globales y una economía de supervivencia que vende, repara, transporta y cuida sin contrato.
En Ciudad Victoria el diseño económico limita opciones. Predominan servicios y comercio de baja escala, alta dependencia del empleo público y escasa generación de empleo formal privado.
Cuando el gobierno no puede absorber más plazas y la inversión no llega, la informalidad se vuelve la puerta de entrada al ingreso.
Los grupos más expuestos cargan con el ajuste. Mujeres, jóvenes y adultos mayores terminan en ocupaciones informales con ingresos variables. La desigualdad no solo se mide por salario, también por acceso o no a derechos.
La política pública suele llegar en partes. Programas temporales alivian, pero no cambian el equilibrio. Sin simplificación de trámites, reducción de costos de entrada, inspección laboral efectiva y crédito productivo, la formalidad compite en desventaja.
La salida es de diseño. Formalizar debe ser más fácil y más rentable: ventanilla única real, cuotas graduales, incentivos fiscales por empleo creado y compras públicas que premien a quien cumple. Sin eso, la economía seguirá creciendo por fuera y cobrando la factura en salud, pensiones, y productividad.
