La historia política de México demuestra que el poder rara vez se ejerce de forma improvisada; cuando parece ordenado casi siempre responde a un método, a una arquitectura diseñada para disciplinar élites, reducir incertidumbre y administrar conflictos. Entre 1946 y 1970 el país consolidó un presidencialismo capaz de controlar sucesiones, contener tensiones y sostener gobernabilidad bajo una lógica de eficiencia política.
El crecimiento económico acompañó ese orden gracias a la industrialización por sustitución de importaciones, con tasas promedio superiores al 6 % anual durante dos décadas, según registros históricos del Banco de México y del Banco Mundial; sin embargo, aquella eficacia tuvo costos estructurales que no se corrigieron a tiempo: desigualdad persistente, rezagos productivos y una competencia política limitada que terminó por posponer los ajustes necesarios.
Ese antecedente resulta pertinente hoy, el inicio del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum se presenta como una etapa de gobierno técnico, metódico y disciplinado; el discurso privilegia planeación, continuidad administrativa y centralización de decisiones como garantía de estabilidad. La lógica es conocida: un Ejecutivo fuerte, una mayoría legislativa alineada y un aparato estatal cohesionado reducen fricciones, acortan tiempos y aceleran decisiones; en términos de gobernabilidad inmediata, el método funciona y produce una sensación de orden que tranquiliza a actores políticos y económicos, aunque no necesariamente resuelve los problemas de fondo.
Los indicadores macroeconómicos refuerzan parcialmente esa narrativa, una inflación que se ha mantenido dentro del rango objetivo del Banco de México; la deuda pública cercana al 49 % del PIB, se ubica en niveles moderados frente a otras economías emergentes; el tipo de cambio ha mostrado estabilidad relativa. Estos datos transmiten certidumbre y permiten hablar de disciplina fiscal; no obstante, por sí solos no explican la capacidad del modelo para generar desarrollo de largo plazo ni para absorber las tensiones sociales que permanecen latentes.
El problema surge cuando la eficiencia política se confunde con suficiencia económica, ya que las proyecciones de crecimiento para 2025 y 2026, elaboradas por Banxico y organismos internacionales, se ubican alrededor del 1 % o incluso por debajo; a ese ritmo, la economía mexicana apenas alcanza a acompañar el crecimiento poblacional y la demanda de empleo.
El desempleo abierto se mantiene bajo en términos estadísticos; sin embargo, más del 54 % de la población ocupada permanece en la informalidad, de acuerdo con INEGI, lo que implica precariedad, baja productividad y una base fiscal limitada; no es una anomalía reciente, es una constante histórica que reaparece cada vez que el orden macroeconómico no se traduce en inversión productiva ni en empleo de calidad.
La inversión fija bruta, motor del crecimiento, ha mostrado señales de desaceleración económica, aunque el discurso oficial apuesta por el nearshoring y la relocalización de cadenas productivas, los datos indican que la inversión como proporción del PIB sigue por debajo del umbral necesario para detonar un ciclo expansivo robusto; en los años del “milagro” el Estado compensó estas limitaciones con gasto público y amparo industrial; hoy, los márgenes fiscales son más estrechos y la economía global es más competitiva y menos tolerante a ineficiencias prolongadas.
El presidencialismo eficiente también plantea un dilema institucional porque concentra decisiones, reduce tiempos, pero debilita contrapesos; la historia del siglo XX mexicano muestra que cuando la corrección interna depende casi exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo, el sistema se vuelve rígido y vulnerable. La eficiencia sin revisión tiende a confundirse con éxito; el problema es que los costos no desaparecen, solo se acumulan hasta que emergen en forma de estancamiento, descontento social o desgaste político.
A ello se suma la relación con Estados Unidos, factor estructural ayer y hoy, la cooperación con el país vecino es pragmática y ha sido clave para sostener estabilidad interna; al mismo tiempo, ha generado dependencias económicas y políticas, el apostar a un entorno externo favorable para compensar debilidades internas es una estrategia conocida; funciona mientras las condiciones acompañan, pero deja al país expuesto cuando el contexto internacional cambia.
Gobernar con método es una virtud; convertir el método en sustituto de la corrección es un error histórico recurrente., el presidencialismo eficiente puede ordenar el corto plazo, pero cuando se vuelve autosuficiente cancela la autocrítica, debilita instituciones y posterga decisiones incómodas; así, la estabilidad deja de ser plataforma de desarrollo y se transforma en coartada política. México ya aprendió que el orden sin reforma no produce futuro, solo administra el presente; insistir en esa ruta no es pragmatismo, es repetir una fórmula agotada que, tarde o temprano, vuelve a presentar la misma factura económica, social e institucional.
