La austeridad republicana es un principio de la transformación del país, que ofreciera Movimiento Regeneración Nacional (morena) en su creación, a fin de acabar con los privilegios, el despilfarro de recursos y la corrupción para que los funcionarios públicos sirvieran realmente a la población sin servirse de sus cargos en beneficio propio.
Bajo ese compromiso, el año que nos antecede –concretamente el día uno de septiembre–, rindieron protesta los nueve nuevos ministros que hoy integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el Senado de la República.
Ante la prensa, el ministro Hugo Aguilar Ortiz –ya como presidente del órgano judicial–, afirmó que implementaría las medidas de austeridad en el máximo tribunal del país, puesto que ‘no sueña’ con viajes, carros o bienes materiales.
Este posicionamiento, fue secundado por sus homólogos Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Arístides Rodrigo Guerrero García, Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Azael Figueroa Mejía.
Sin embargo, a poco más de cuatro meses de haber asumido el cargo, el Órgano de Administración Judicial (OAJ), conformado por Néstor Vargas Solano, Surit Berenice Romero Domínguez, Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez, les originó duras críticas por la adjudicación de camionetas Jeep Grand Cherokee
Las nueve de último modelo, con un precio individual de un millón 700 mil pesos, además del blindaje que se les pondría con un costo por unidad de +/- el mismo monto, arrojando un total superior a tres millones de pesos.
Sin embargo, no son solamente esos nueve vehículos los que compró la OAJ, sino que en total fueron 571 para todo el órgano jurisdiccional, bajo el rollo de que las unidades heredadas son antiguas y/o asoman deterioros por el uso.
En su descargo, el Órgano de Administración Judicial aduce que gastó 252 millones de pesos por las necesidades de movilidad de sus integrantes y de los 9 ministros, como de los magistrados del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación puesto que, entre 2022 y 2025, el extinto Consejo de la Judicatura Federal, la SCJN y el Tribunal Electoral (federal), rentaban 445 automóviles que implicaban más gasto que con la compra de esas 571 nuevas unidades.
El marco jurídico establece que el OAJ, de conformidad con el artículo uno de la Ley Federal de Austeridad Republicana ‘deberán ejercer el gasto público y coadyuvar a que los recursos económicos (de que se dispongan) se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez conforme lo establece el artículo 134 constitucional.
Obviamente, el Órgano de Administración Judicial no acató la directriz legal, por lo que los nueve ministros se han visto obligados a regresar esos vehículos, tal cual lo han manifestado.
Sobre las otras 562 unidades (entre las que hay híbridas y eléctricas), al parecer se justifica la erogación de 252 millones de pesos, considerando el dicho de la OAJ de que son chatarra, aunque no hay un soporte técnico, en materia mecánica, que avale esa apreciación.
Tanto escándalo ha generado este asunto que, hasta la misma jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, ha pretendido limpiar la ‘sucia imagen’ que exhibe el nuevo sistema judicial, refiriendo el mar de excesos –ciertos, hasta eso–, cometidos por quienes dominaron antaño la SCJN, en defensa de un poder que, se supone, es autónomo y paralelo al suyo, pero, por lo que se ve, está sometido a su directriz.
Sin embargo, con, sin y a pesar de lo que opinen los nuevos ministros, respecto a la devolución de las camionetas de lujo, lo cierto es que, ante la población, han perdido respeto por considerárseles más de lo mismo.
Y, lo peor, es que a menos de cinco meses de ostentar el cargo.
Pasarela
Varios funcionarios estatales han acudido al Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas a tomarse la foto con la magistrada presidenta Tania Gisela Contreras López.
Esto ha desatado recelo entre algunas políticas militantes de morena, pues la abogada es considerada una de las cartas que el membrete guinda podría jugar en el proceso relevista gubernamental del 2028.
¿Acaso quienes fueron al ‘besamanos’ recibieron línea?
¿O se fueron por la libre?
De cualquier forma, su desplante ha causado controversia y la envidia de otras aspirantes a la candidatura gubernamental.
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