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Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, tiene ya bajo su responsabilidad una agenda compleja que combina casos de alto perfil sin resolver, un rezago operativo histórico y una relación deteriorada con la ciudadanía que ha llevado a la entidad a registrar una de las cifras negras más altas del país.
Entre los casos que demandan atención inmediata está le gran rezago en la búsqueda de desaparecidos, con algunos ejemplos que se han tornado relevantes, como el de Edder Alfonso Benavides Ruiz, desaparecido desde el 31 de mayo de 2025 en Padilla.
A pesar de localizar sus tenis en la orilla del río Purificación y detener a dos personas vinculadas a proceso, las diligencias no han generado información concluyente sobre su paradero. El caso, calificado como prioritario, es seguido de cerca por colectivos de familiares ante la ausencia de resultados.
La búsqueda de Edder evidenció problemas recurrentes en los protocolos de búsqueda inmediata. Aunque la Fiscalía activó mecanismos de localización y logró vincular a dos presuntos responsables, la falta de información pública sobre las líneas de investigación activas ha generado incertidumbre entre los familiares.
Este caso se suma a cientos de desapariciones en el estado que permanecen sin resolver, alimentando la percepción de que las autoridades carecen de capacidad o voluntad para dar con las víctimas.
Otro caso que destaca es la masacre de Camargo, donde 19 personas fueron asesinadas el 22 de enero de 2021. Aunque en 2023 se logró condenar a 11 policías estatales a 50 años de prisión —un precedente relevante en casos de violencia contra migrantes—, organizaciones civiles señalan que la investigación permanece incompleta. Persisten cuestionamientos sobre la posible participación de otras autoridades y el uso de vehículos previamente asegurados por el Instituto Nacional de Migración, aspectos que no han sido esclarecidos.
Este caso se convirtió en un referente internacional sobre la violencia que enfrentan los migrantes en su tránsito por México. Las condenas obtenidas fueron celebradas como un avance inédito en la judicialización de agentes estatales involucrados en crímenes contra población migrante. Sin embargo, la falta de profundidad en las investigaciones sobre posibles complicidades institucionales y el manejo de evidencia bajo resguardo oficial ha generado dudas sobre la exhaustividad del proceso. Para las organizaciones que acompañan a familiares de las víctimas, estas interrogantes no son menores: representan la diferencia entre justicia parcial y el esclarecimiento total de los hechos.
El homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, asesinado en enero de 2018 en Nuevo Laredo, continúa sin resolverse. La investigación original derivó en señalamientos de fabricación de culpables cuando un tribunal absolvió en 2019 a cinco de seis acusados —entre ellos dos comunicadores y un empresario— por falta de pruebas suficientes. Una sala colegiada ordenó la reposición del juicio.
Este caso tiene implicaciones que trascienden lo judicial. La muerte de Domínguez Rodríguez ocurrió en uno de los contextos más hostiles para el periodismo en México. La absolución de los acusados no solo dejó el crimen sin resolver, sino que generó cuestionamientos sobre la calidad de las investigaciones en casos que involucran a comunicadores. Organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa han señalado este expediente como ejemplo de impunidad estructural. El nuevo fiscal heredó la responsabilidad de demostrar que la institución puede investigar estos crímenes sin recurrir a señalamientos infundados ni fabricación de culpables.
Más recientemente, el caso conocido como «La Ranita» evidenció problemas de integración probatoria. Carlos «G», acusado de doble violación en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, fue detenido el 9 de enero de 2026 y liberado siete días después cuando un juez determinó la no vinculación a proceso por falta de pruebas suficientes. La investigación sobre la agresión sexual permanece abierta sin resultados.
La liberación de Carlos «G» desató protestas de colectivos feministas y organizaciones de protección a la infancia, que señalaron deficiencias en la integración de la carpeta de investigación. El hecho de que un caso de presunta violación no lograra reunir elementos suficientes para la vinculación a proceso expone debilidades en la cadena de custodia, la recopilación de pruebas periciales y el acompañamiento a víctimas. Este tipo de casos son especialmente sensibles porque involucran a población vulnerable y porque su manejo inadecuado puede generar revictimización.
La agenda anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción, actualmente acéfala, tiene bajo su responsabilidad expedientes contra exfuncionarios de la pasada administración, incluido el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La designación de un nuevo titular para esta área será una de las primeras decisiones que deberá tomar Govea, y su elección enviará señales claras sobre la voluntad política de continuar o frenar las investigaciones en curso.
El caso más reciente con sentencia es el del exsecretario de Educación Mario «G», condenado el 9 de septiembre a 19 años de prisión por desviar 8.2 millones de pesos mediante un convenio irregular con la aseguradora Metlife. Esta sentencia marcó un precedente al ser la primera condena contra un exsecretario de estado de la administración anterior, demostrando que es posible llevar a juicio y obtener sentencias condenatorias en casos de corrupción.
En proceso se encuentran las acusaciones contra María de Lourdes «A», exsecretaria de Finanzas, señalada de aplicar 139 millones de pesos del erario a fines distintos de los autorizados el 5 de agosto de 2021. El monto involucrado convierte este caso en uno de los más relevantes por su impacto económico. También el exsecretario de Desarrollo Urbano Gilberto «E» enfrenta denuncias por ejercicio ilícito del servicio público, mientras que el exsecretario de Administración Jesús Alberto «S» tiene orden de aprehensión vigente por no acudir a audiencias, habiendo sido vinculado a proceso por uso ilícito de atribuciones.
La excontralora gubernamental Elda Aurora «V» también aparece mencionada en carpetas de investigación junto con Jesús Alberto «S», señalados de adjudicar de manera directa 14 contratos a dos personas morales y una física por un monto de 8 millones 233 mil 500 pesos en hechos registrados durante 2022. Estos casos evidencian presuntos esquemas de corrupción que involucraron a múltiples niveles de la estructura gubernamental anterior.
El avance o estancamiento de estos expedientes será observado con lupa tanto por la ciudadanía como por actores políticos. La continuidad en las investigaciones podría interpretarse como señal de autonomía institucional, mientras que su paralización alimentaría sospechas de pactos o acuerdos extrajudiciales.
