México ya está jugando la partida, el tablero político y económico se mueve sin aspavientos, pero con señales claras, las decisiones que hoy se toman no responden a una coyuntura pasajera, sino a una lógica de poder que empieza a mostrar costos medibles, porque el debate ya no es hacia dónde va el país, sino cuánto está dispuesto a pagar por la forma en que se gobierna cuando el margen se reduce y los errores pesan más.
Las cifras no acompañan el optimismo discursivo, durante la última década el crecimiento promedio del país ha sido de 1.2 %, según datos del Banco Mundial, y en el mejor de los escenarios para 2026 las estimaciones colocan a México entre 1.3 y 1.5 %, un ritmo insuficiente para generar empleo formal, sostener el gasto social o mejorar ingresos reales, en un país donde más del 55 % de la población ocupada permanece en la informalidad, de acuerdo con INEGI, una estructura laboral que limita productividad, base fiscal y movilidad social.
Este bajo crecimiento no es un accidente, se conecta con un cambio profundo en la arquitectura institucional, en los últimos años el poder se ha concentrado mientras los contrapesos se han debilitado o absorbido, organismos como INAI, CONEVAL, COFECE, CNH, CRE e IFT no eran accesorios burocráticos, su función era medir resultados, regular mercados y producir información independiente, incómoda pero necesaria, la eliminación de estos espacios no corrige distorsiones, solo reduce la capacidad del Estado para diagnosticarlas y corregirlas a tiempo.
El frente fiscal confirma esta fragilidad, el déficit público cerró 2024 cerca del 6 % del PIB, el nivel más alto en más de tres décadas, según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda, mientras la deuda pública ampliada ya supera el 51 % del PIB, con un costo financiero que solo en el primer semestre de 2025 rebasó los 700 mil MDP, recursos que no se traducen en inversión productiva, sino en pago de intereses, una señal clara de que el margen presupuestal se estrecha peligrosamente.
La señal más clara aparece en la inversión pública, en el primer semestre de 2025 el gasto en infraestructura cayó más del 30 % respecto al mismo periodo del año anterior, la mayor caída desde 1995, un dato difícil de conciliar con el discurso oficial de desarrollo regional, nearshoring y relocalización industrial, sin infraestructura logística, energética y urbana no hay competitividad posible y sin competitividad no hay crecimiento sostenido.
A este escenario se suma la reforma judicial y la elección de jueces por voto popular, no por el mecanismo en abstracto sino por el contexto en el que ocurre, con una participación cercana al 13 % y cuestionamientos abiertos sobre independencia, la certeza jurídica se convierte en un factor de riesgo, en un país que necesita atraer inversión privada justo cuando se prepara para la revisión del T-MEC bajo un entorno comercial cada vez más agresivo desde Estados Unidos.
El entorno externo tampoco concede tregua, Washington ha dejado claras sus prioridades, migración, seguridad y reducción de la presencia china en las cadenas productivas de Norteamérica, el mensaje es directo, el acceso preferencial al mercado estadounidense ya no será automático ni político, sino condicional, México llega a esta etapa con crecimiento bajo, finanzas públicas presionadas y un andamiaje institucional debilitado, lo que limita su capacidad de negociación y respuesta estratégica.
Incluso las remesas, que durante años funcionaron como amortiguador social, empiezan a mostrar señales de desgaste, tras alcanzar un récord de 64.7 mil millones de dólares en 2024, datos de Banxico confirman una desaceleración en 2025, en un contexto de endurecimiento migratorio y posibles gravámenes en Estados Unidos, una variable que anticipa menor oxígeno para millones de hogares que dependen de ese ingreso para sostener consumo básico.
El fondo del problema no es ideológico, es metodológico, concentrar poder puede dar la ilusión de control en el corto plazo, pero gobernar sin evaluación independiente, sin datos verificables y sin contrapesos reales termina trasladando el costo a la economía, al crecimiento y a la estabilidad futura, el poder decide rápido, pero la economía cobra lento y con intereses.
México no enfrenta un colapso inmediato, enfrenta algo más silencioso y peligroso, la normalización del estancamiento, un país que se acostumbra a crecer poco, a invertir menos y a decidir sin evidencia pierde oportunidades sin darse cuenta.
La jugada ya está en marcha y sus efectos no se medirán en discursos, sino en los resultados que empiecen a faltar después de 2026.
