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Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- El acuerdo dado a conocer por la Embajada de Estados Unidos en México para reforzar la aplicación del Tratado de Aguas de 1944 marca un punto de inflexión para los estados fronterizos y particularmente para Tamaulipas, donde el ajuste binacional en materia hídrica podría tener consecuencias directas en el campo, la planeación agrícola y la estabilidad regional.
El entendimiento anunciado no modifica el tratado, pero sí redefine su operación al establecer entregas anuales garantizadas, mecanismos claros para cubrir adeudos y una coordinación técnica mensual permanente, lo que cambia de fondo la forma en que el acuerdo impacta a los territorios aguas abajo del Río Bravo.
Para Tamaulipas, el anuncio representa la formalización de un esquema que reduce márgenes locales de maniobra y traslada al ámbito estatal buena parte del costo operativo de cumplir compromisos internacionales en un contexto de escasez estructural.
El tratado, firmado en 1944 bajo condiciones climáticas muy distintas, obligó a México a entregar a Estados Unidos un promedio de 431.7 millones de metros cúbicos anuales, calculados en ciclos de cinco años, sin establecer entregas obligatorias año con año.
Ese vacío técnico derivó en crisis recurrentes. Entre 1992 y 2002, México cerró uno de los ciclos quinquenales con un déficit superior a 1,400 millones de metros cúbicos, lo que detonó presión política desde Texas y ajustes operativos que impactaron de manera directa a Tamaulipas.
La operación de las presas internacionales Falcón y La Amistad, infraestructura clave para el norte del estado, se convirtió desde entonces en una variable crítica, sujeta a la lógica del cumplimiento internacional y no únicamente a las necesidades productivas locales.
Durante la década siguiente, nuevas sequías y ciclos incompletos reforzaron esa tendencia. Entre 2010 y 2015, México recurrió nuevamente a maniobras extraordinarias para cumplir con el tratado, reduciendo la disponibilidad local.
El episodio de 2020 volvió visible el problema. La dificultad para cerrar el ciclo quinquenal colocó el tema del agua en el centro del debate político binacional, mientras en Tamaulipas se aplicaban restricciones operativas y se advertía sobre escenarios críticos si la sequía se prolongaba.
Datos oficiales de la Comisión Internacional de Límites y Aguas muestran que los niveles de almacenamiento en las presas internacionales han registrado descensos recurrentes, reflejo de una presión constante sobre el sistema del Río Bravo.
El acuerdo anunciado busca evitar que esas crisis se repitan al final de cada ciclo, al imponer entregas anuales y un monitoreo técnico continuo, lo que reduce la incertidumbre para Estados Unidos, pero incrementa la disciplina hídrica exigida a México.
Para Tamaulipas, la repercusión inmediata es una menor capacidad de retener agua en años secos para compensar periodos posteriores, lo que obliga a ajustar la planeación agrícola y limita la respuesta local ante contingencias climáticas severas.
El nuevo esquema implica una supervisión más estricta de volúmenes y tiempos, con intercambio mensual de información hidrológica, lo que acota la discrecionalidad política.
A ocho décadas de su firma, el Tratado de Aguas de 1944 entra en una nueva etapa operativa. Para Tamaulipas, el acuerdo no cierra el ciclo de tensiones, pero redefine las reglas bajo las cuales deberá convivir con una escasez cada vez más administrada.
