POR REDACCIÓN
EXPRESO – LA RAZÓN
La captura del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, se inscribe en la segunda fase de la Operación Enjambre, un despliegue federal que ya había derivado en la detención de tres presidentes municipales del Estado de México, por presuntos vínculos con redes criminales y esquemas de extorsión a nivel local.
El operativo fue ejecutado de manera coordinada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes realizaron cinco cateos simultáneos en distintos domicilios del municipio.
Las autoridades federales confirmaron que durante los cateos se cumplimentó una orden de aprehensión en contra del presidente municipal, como parte de una investigación por presunta participación en esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y casas tequileras con operaciones en la región de los Valles.
De acuerdo con las líneas de investigación, el edil habría utilizado su posición dentro del ayuntamiento para presionar a empresarios mediante cobros ilegales, condicionamiento de permisos municipales y amenazas administrativas, prácticas detectadas a partir de denuncias ciudadanas presentadas en meses recientes.
Las indagatorias federales también ubican al alcalde dentro de una red de protección institucional que operaba desde la estructura municipal, con la participación de funcionarios de primer nivel, quienes facilitaban el flujo de recursos irregulares y el control territorial para una célula del CJNG.
Fuentes de la investigación señalan que la red operaba mediante la manipulación de trámites de seguridad pública, catastro, predial y obra pública, lo que permitía imponer cuotas ilegales a comerciantes, prestadores de servicios turísticos y empresas vinculadas a la cadena productiva del tequila.
En el mismo operativo fueron detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, titular de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas, señalados como operadores dentro del esquema de extorsión y presuntamente vinculados al CJNG.
Las autoridades identifican que el control de la policía municipal habría sido clave para la operación del grupo, al utilizar inspecciones selectivas, retenciones administrativas y cierres de establecimientos como mecanismo de presión para el pago de cuotas a empresarios y comerciantes del municipio.
El caso del alcalde no es aislado dentro del contexto de la Operación Enjambre, diseñada para desarticular redes de colusión entre autoridades locales y grupos criminales, mediante investigaciones patrimoniales, denuncias ciudadanas y trabajo de inteligencia financiera y territorial.
El edil ya había sido citado a declarar en mayo de 2025 ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, luego de que durante un evento musical en el municipio se proyectaran imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, lo que detonó una investigación por posible apología del delito.
Aquella comparecencia permitió abrir líneas de investigación sobre el uso de eventos públicos para normalizar la presencia simbólica del grupo criminal en la región, así como sobre la permisividad institucional en actos masivos organizados con respaldo del gobierno municipal.
La Fiscalía General de la República informó que el caso se encuentra en integración por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y probable desvío de recursos públicos, además de otros que podrían derivarse del análisis de flujos financieros y contratos municipales.
Las autoridades federales anticiparon que la Operación Enjambre continuará en otras entidades del país, con énfasis en municipios turísticos y corredores productivos donde se ha documentado la captura institucional de ayuntamientos por parte de grupos del crimen organizado.
